Si en algún asunto hay coincidencias de profesionales, empresarios, productores agropecuarios y toda la ciudadanía es en el enorme déficit de infraestructura y en el deterioro de la poca existente. Falta energía eléctrica y falta gas. En materia de transporte, caminos, ferrocarriles, las deficiencias son tales que la provincias alejadas de los puertos estamos casi como en la época de la colonia.
La insuficiencia de infraestructura produce varios efectos negativos en el funcionamiento de la economía y la distribución de la población. Hay inversiones factibles, especialmente en el interior del país, pero no se pueden realizar por falta o deficiencias de los servicios básicos y la infraestructura.
Esa situación encarece la producción y los fletes, hace perder competitividad y saca del mercado, sobre todo internacional, a esas producciones. Respecto de la población, las deficiencias impulsan la concentración en los grandes centros urbanos, donde encuentran lo que no hay en miles de poblaciones del Interior.
A estos factores en los tres períodos de gobierno del matrimonio Kirchner se sumó una corrupción en el manejo de obra pública que resulta obscena y humillante para gran parte del país. Esa corrupción se tradujo en brutales sobreprecios, pésima calidad de las obras, elección de la misma conforme al capricho o ventajas políticas de los gobernantes, sin criterios de conveniencia social alguna. En definitiva, se han malgastado los recursos, el esfuerzo de los argentinos que pagan impuestos. Los resultados son lamentables. Un reciente informe de Idesa pone en números estos desatinos, por llamarlos suavemente.
Durante el gobierno del matrimonio, tres de cada cuatro pesos invertidos se manejaron discrecionalmente por el gobierno nacional. La caída y composición de la inversión fue más contundente. Durante el período 1990-2003 la inversión en infraestructura alcanzó 4,6% del PBI, de esa inversión el 88% la hicieron los privados y el 12% fue pública. En el período 2004-2012 la relación inversión/PBI cayó al 2,9% y la composición cambió, la estatal pasó a ser del 73% y la privada del 27%. Sin este cambio de origen no se podría haber llevado a cabo el latrocinio que estamos presenciando.
En este contexto no puede ser recibido sino con esperanza la presentación por el gobierno nacional del Plan de Transporte 2016-19, que abarca aeropuertos, ferrocarriles de carga, trenes de cercanía, vialidad, movilidad urbana y puertos. El monto estimado de la inversión es de U$S 33.225 millones, de los cuales ya cuenta con 9.000 millones de préstamos externos, 5.000 provienen de China y 4.000 de organismos internacionales.
El ministro de Transporte ha señalado que están programadas 224 licitaciones públicas hasta 2019; ha dicho también que “se trata del plan de inversión en infraestructura más ambicioso de los últimos años, que modernizará los servicios de transporte en todo el país y con un sistema de licitaciones abiertas y transparentes”.
El ministro Guillermo Dietrich estuvo en nuestra provincia acompañado por el director Nacional de Vialidad y la directora Regional de esa dependencia, nuestra comprovinciana Patricia Gutiérrez. Se ha anunciado que a Mendoza le corresponderán obras por 8.234 millones de pesos. A su vez, el gobernador Cornejo expresó que a esa suma hay que agregar 6.000 millones que invertirá Vialidad Provincial; se trata pues de unos 1.000 millones de dólares en una provincia que casi no ha invertido en varios años.
Las obras viales mencionadas se extienden por todo el territorio provincial. Se ha expresado que terminadas las mismas se establecerá un sistema de cobro de peajes para las rutas nacionales. Si las obras se hacen bien y en tiempo oportuno, los usuarios pagarán conformes el peaje como los hacen cada vez que recorren nuestra vecina San Luis.
