La modalidad de protesta a través de los piquetes se multiplicó en los últimos años, generando cada vez mayor incomodidad y preocupación en la población. No se discute aquí la razón o no de los reclamos, pero resulta inaceptable que se interrumpa el derecho de los demás a transitar libremente por el país. Muchas veces son 20 ó 30 personas las que participan de la protesta y mantienen como rehenes a decenas de miles de habitantes que no tienen nada que ver con el problema.
Los piquetes crecieron superlativamente en la Capital Federal y parte del conurbano bonaerense especialmente durante la última década. Para algunos analistas, la permisividad con que contaron surgió como consecuencia de que el gobierno kirchnerista quería evitar que le sucediera lo que ocurrió a Eduardo Duhalde, que debió adelantar la entrega del mandato como consecuencia de la muerte de Maximiliano Kosteky y Darío Santillán, durante una protesta realizada en la estación Avellaneda.
Para otros, se trató de una decisión del Gobierno a los efectos de permitir que dirigentes piqueteros, como Luis D'Elía, pudieran realizar movilizaciones a favor de la gestión. En ese marco, las calles de la Capital Federal, especialmente en los alrededores del Obelisco o Plaza de Mayo, se convirtieron en zonas tomadas por distintas organizaciones, generando verdadero caos en el tránsito vehicular. En Mendoza se han verificado innumerables veces en el acceso sur, el corredor del oeste y el nudo Costanera y José Vicente Zapata.
Al realizarse cada vez más cortes de calles por diversos motivos, llevó a la propia Presidenta de la Nación a cambiar el mensaje. De aquella frase que indicaba que “hay que dejarlos que se expresen”, se pasó a otra que indicaba que había que poner límites a algunos reclamos realizados por unos pocos que afectan a la mayoría. De allí el proyecto de ley que pretende acotar los piquetes, que ha generado tanto debate.
Las organizaciones que protestan bajo la modalidad del piquete hacen uso de una cláusula constitucional, como es la del derecho de huelga, pero violan otra de la misma Constitución, como es la que indica que todos los ciudadanos tienen derecho de transitar libremente por el país. Lo grave del caso es que actitudes similares adoptan algunos partidos políticos y en muchos casos grupos muy pequeños que proceden a interrumpir el tránsito en los más variados sitios, generando problemas a miles de usuarios que no pueden acceder al servicio de colectivos.
En síntesis, sin estar en contra de la protesta, no se puede aceptar que se avance sobre los derechos de los demás y alguien debe poner coto a esta situación, dentro del respeto que exige el Estado de Derecho, pero con leyes consensuadas y razonables.
