Las muertes de Maximiliano Kosteky y Darío Santillán durante una manifestación en el puente de Avellaneda golpearon con dureza al gobierno de Eduardo Duhalde, quien se vio obligado a adelantar las elecciones y la entrega del poder, que debía finalizar el 10 de diciembre de 2003.
La situación caló hondo también en la dirigencia política en general, y Néstor Kirchner, inmediatamente después de asumir el mando, aseguró que durante su gestión no permitiría “criminalizar la protesta”.
El ex mandatario no sólo cumplió con su promesa sino que también mantuvo un fluido diálogo con quienes encabezan los movimientos piqueteros y que tuvo su punto culminante cuando, durante la crisis del campo, los convocó a movilizarse y a realizar un gran acto público para enfrentar las protestas de los productores.
En el libro “El aluvión”, su autor, Christian Boyanovsky Bazán señala que “si el de los piqueteros no es un fenómeno aislado de la política nacional, la alianza de un sector de éstos con Kirchner tampoco” y destaca que Luis D'Elía (Federación Tierra y Vivienda), Emilio Pérsico (Movimiento Evita), Edgardo De Petri (Frente Transversal) y Humberto Tumini (Libres del Sur), tuvieron una estrecha vinculación con el ex presidente.
A ellos debería sumarse el apoyo oficial a las actividades que desarrolla Milagros Sala, líder del movimiento Tupac Amaru y hasta algunas actitudes consecuentes con protestas impulsadas por Quebracho, como sucedió cuando sus integrantes, con rostros cubiertos y provistos de palos, impidieron el ingreso a una estación de servicios Shell, en Buenos Aires.
Según un informe de la embajada norteamericana en la Argentina, los piqueteros se distribuyen en 60 grupos que nuclean a aproximadamente 300 mil personas, destacando que el bloqueo a carreteras ascendió a 27 en 1997 y a 7.269 hasta el 2005. Sin embargo, los cortes de rutas y marchas sobre las calles de la ciudad se multiplicaron, y sólo en el mes de enero de este año hubo 12 piquetes por día en la Capital Federal.
Mendoza no está exenta a ese tipo de manifestaciones, con el agravante de que quienes las realizan toman los lugares de mayor congestionamiento de tránsito, como el Nudo Vial Costanera, la intersección de San Martín y Garibaldi o calle Patricias Mendocinas, frente a la Legislatura, que es utilizada por el recorrido de la mayoría de las empresas de colectivos.
En su discurso de apertura del año legislativo, Cristina Kirchner sorprendió a propios y extraños al señalar que “no puede ser que diez personas, por más razones atendibles que tengan, corten el tránsito, perjudiquen a miles de personas y no pase nada”, reclamando avanzar en una agenda legislativa que permita regular el uso del espacio público y las protestas callejeras. Recordó inclusive que el secretario de Seguridad, Sergio Berni, fue procesado por haber desalojado un corte en la Autopista Panamericana, mientras que a los manifestantes “no les pasó nada”.
De las palabras de la Presidenta, surgen dos aspectos a considerar. El primero de ellos es preguntarse sobre cuáles fueron los motivos que la llevaron a ese tipo de decisión. Para muchos analistas es factible que Cristina Kirchner se haya adelantado a posibles protestas sociales ante el cambio de política y de medidas de ajuste que deberá realizar en los próximos meses para regularizar la situación económica.
También es factible que responda al hecho de que ha decidido modificar el eje de apoyo y sustentarse más en la adhesión de los jóvenes, a través de La Cámpora, que de los movimientos sociales. Sea cual fuere la decisión, es saludable que la señora Presidenta decida avanzar sobre un tema que afecta a millones de argentinos.
En relación con la instrumentación de leyes, sólo cabría recordar que la propia Constitución destaca que el derecho de unos termina donde comienza el derecho de los demás y que todos los ciudadanos argentinos tienen derecho a transitar libremente por el país. Lo único que hay que lograr, entonces, es hacer respetar esos preceptos constitucionales.
