El presidente de Chile, Sebastián Piñera, cierra el año con una desaprobación del 80 por ciento y apenas un 11 por ciento de aprobación, según una encuesta difundida ayer, en medio del mayor estallido social en el país desde el fin de la última dictadura.
En la encuesta, elaborada por la consultora Cadem Plaza Pública, también se consultó sobre la situación económica: el 75 por ciento dijo que el país va por mal camino y un 92 por ciento, que la economía chilena está estancada o retrocediendo.
El estudio fue realizado 10 semanas después del estallido del 18 de octubre, la mayor movilización social desde la vuelta de la democracia en 1990, que derivó en decenas de masivas marchas, miles de detenidos y 24 muertos.
Según el sondeo, realizado telefónicamente a 711 personas, un 64 por ciento está de acuerdo con que continúen las movilizaciones y las marchas, mientras que un 33 por ciento en desacuerdo.
Desde el comienzo de las marchas, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó 588 querellas contra carabineros y militares por el uso indebido de la fuerza.
Organismos y organizaciones internacionales como la ONU, Human Rights Watch y Amnistía Internacional han acusado a las fuerzas de seguridad, especialmente a la policía, de graves violaciones a los derechos humanos en Chile.
Las manifestaciones sociales llevaron a Piñera no solamente a cambiar parte de su gabinete, sino a modificar radicalmente su plan de gobierno.
Incluso, el mandatario llamó a un plebiscito para que los chilenos elijan si quieren o no una nueva Constitución, ya que la que actualmente rige es la creada durante la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet en 1980, y que Piñera no quería cambiar.
La represión
Piñera defendió ayer la labor que Carabineros lleva a cabo en la represión de las movilizaciones, pero reconoció "atropellos" a los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones.
"Los derechos humanos no fueron respetados, fueron abusados o atropellados por mal criterio o por uso excesivo de la fuerza", lamentó Piñera en una entrevista periodística, aunque defendió que su Administración hizo "lo posible" para iniciar investigaciones y para que la Justicia juzgue estos casos.
"Soy consciente de que algunos (carabineros) no respetaron las leyes, no cumplieron los protocolos, hicieron uso excesivo o abusivo de la fuerza o actuaron con mal criterio y atropellaron y violentaron derechos humanos de las personas", agregó.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó el domingo preocupación por la "ocupación policial desproporcionada" en espacios públicos en los que habitualmente se llevan a cabo manifestaciones en Chile.
Esto, a su juicio, "puede impedir o limitar seriamente el derecho a la protesta social pacífica en Chile", según expresó el organismo mediante su cuenta de Twitter.
En este contexto, la CIDH también se mostró preocupada por "la continuidad de los hechos de violencia y uso desproporcionado" por parte de Carabineros y condenó el atropello sufrido por un joven manifestante con un vehículo policial y el incendio del Centro Arte Alameda.
Asimismo, lamentó "profundamente" la muerte del manifestante, identificado como Mauricio Fredes, que huía de una carga policial y cayó a una fosa con agua y cables de electricidad el viernes último.
