El presidente Sebastián Piñera promulgó ayer una ley que permitirá la realización, en abril, de un plebiscito en el que los chilenos decidirán si cambian la Constitución heredada de la dictadura militar en medio del mayor estallido social en tiempos de democracia.
En una ceremonia en La Moneda, Piñera destacó que el plebiscito, fijado para el 26 de abril y que será el primero en 30 años, "debe servir para dejar atrás la violencia y las divisiones que hemos visto resurgir con dolor y tristeza durante estos días".
El plebiscito fue posible por la presión en las calles que siguió a un violento estallido social el 18 de octubre y que obligó a los partidos políticos oficialistas y de oposición a firmar un inédito acuerdo que derivó en que dos tercios del Congreso aprobaran la semana pasada un proyecto de reforma constitucional y que se tradujo en la ley promulgada por Piñera.
El mandatario -que antes de la crisis rechazaba la posibilidad de una nueva Constitución y que sólo favorecía algunas reformas- señaló: "Hoy por primera vez tenemos la oportunidad de lograr con total libertad y en plena democracia un gran acuerdo constitucional, con amplia y efectiva participación ciudadana y con una equitativa participación de las mujeres''.
En debate
La Constitución vigente fue escrita por la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) y plebiscitada en 1980 cuando en Chile los partidos políticos habían sido disueltos, no había registros electorales, ni se permitía expresarse a la oposición política, que fue duramente reprimida tras el sangriento golpe militar de setiembre de 1973.
En abril, los chilenos, además de votar sobre si quieren o no una nueva Constitución, sufragarán si la nueva Carta Magna será escrita por una Convención Constituyente, integrada sólo por miembros electos, o por una convención mixta, conformada por miembros electos y parlamentarios en ejercicio a partes iguales.
La necesidad de la reforma constitucional promulgada ayer también establece que, en caso de ganar la opción de una nueva Constitución, habrá otro referéndum en el que los chilenos votarán si aprueban o rechazan la nueva Carta Magna redactada por los constituyentes, en el plazo de un año.
En el Congreso se debate un proyecto opositor, apoyado por varios legisladores oficialistas, que propone que la Convención Constituyente esté formada por igual número de hombres y mujeres, que asegure escaños para pueblos indígenas y que otorgue las mismas facilidades de campaña electoral a los partidos políticos y a los independientes.
Diversas encuestas y analistas estiman que la votación de los chilenos en abril y octubre será muy superior al 46,6% que participó en las presidenciales de 2017, ganadas por Piñera, y que la mayoría prefiere que la Constitución sea redactada por una convención compuesta sólo por miembros electos.
Casi 600 querellas contra carabineros por abusos
El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH), Sergio Micco, confirmó ayer que desde el estallido social de octubre el organismo estuvo presente en 247 jornadas de protesta, visitó 1.163 centros de salud, 56 comisarías y presentó 588 querellas contra carabineros y militares, de las cuales 476 son por casos de tortura.
"Jamás pensé sentarme a entregar estas cifras. Son las más graves violaciones a los derechos humanos desde el retorno a la democracia en 1989", afirmó Micco, quien criticó el uso indiscriminado de perdigones y de gases lacrimógenos contra manifestantes.
En el informe, el Consejo del INDH llegó a la conclusión de que en Chile, desde el estallido social del pasado 18 de octubre, se han “violado gravemente los derechos a la vida y la integridad física y psíquica, entre otros derechos. Al INDH le preocupan de especial manera las denuncias por uso indiscriminado de perdigones, torturas con connotación sexual, y las lesiones oculares”.
También se detalla que la mayor cantidad de heridos y muertos se registraron durante el período de estado de emergencia.
