La Ley de ordenamiento territorial se sancionó con mucha demora, y con más demora se están haciendo los planes departamentales. Mientras tanto, la urbanización descontrolada está llegando al corazón de la zona irrigada de los oasis y siguen los proyectos inmobiliarios en el piedemonte.
La reciente decisión del gobernador Cornejo de suspender todas las aprobaciones de loteos o construcciones en la zona del piedemonte hasta que se haga un relevamiento exhaustivo que determine los distintos niveles de vulnerabilidad que presentan las áreas en cuestión, ha desatado varias críticas por entender que se violarían derechos adquiridos y se violaría el derecho de propiedad.
No obstante hay que recordar que cuando se está frente a situaciones que involucran riesgos de vidas humanas, además de ambientales, todos esos derechos están sujetos al cumplimiento de normas específicas, dictadas por la autoridad, la cual debe, también, aprobar los distintos planes de desarrollo en función de los mismos riesgos y de las posibilidades ciertas de acceder con servicios básicos que hacen a la calidad de vida de población.
Según datos aportados por la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento territorial, hay más de 10.000 viviendas construidas en zonas sin defensas o directamente sobre cauces aluvionales, que son la “zona roja”. De los resultados de los diagnósticos surgirán las decisiones ya que, donde se puedan hacer obras de mitigación, deberán hacerlas quienes se instalaron pero donde no se pueda, las familias deberán ser reubicadas.
Esto muestra una grave falencia que arrastra muchos años y muchas gestiones de gobiernos, tanto provinciales como municipales, y requiere una atención particular ya que los daños que este tipo de avances, sin infraestructura, traen aparejados son innumerables. Primero para las familias que se asentaron y construyeron sus viviendas porque no tenían recursos para acceder a otros lugares, y segundo para la comunidad en general. Hay zonas donde se ha constatado la contaminación de napas por la proliferación de pozos sépticos sin ningún tipo de control.
En este aspecto será muy importante una coordinación tanto entre los municipios como con los organismos específicos de control y las empresas prestadoras de servicios. Pero lo que esto demuestra es que no existe un plan bien elaborado de desarrollo urbano. Estos planes se hacen en ciudades serias a efectos de planificar las áreas con posibilidad de poblar verificando la disponibilidad de todos los servicios, ya sean los básicos, como luz, agua y gas, tanto como de salud, educativos y de transporte público.
Mendoza necesita además avanzar seriamente con programas que eviten el avance urbano sobre la escasa zona cultivable de nuestros oasis. Y sobre esto está pendiente gestar una ley que adhiera a la norma nacional que estableció la unidad económica mínima, que prohíbe la subdivisión por cualquier causa de las parcelas en unidades menores. Esto se vino dando por las divisiones sucesorias y está causando mucho daño ya que las parcelas pequeñas, al no ser rentables, terminan siendo vendidas para destino inmobiliario.
El problema es que son zonas que tienen asignada agua de riego pero no poseen disponibilidad de otros servicios y esta movilidad de destino termina alterando el ecosistema local. Aunque parezca obvio, hay que recordar que Mendoza es un desierto cuyo desarrollo se asentó en los oasis regados por los cuatro ríos principales que tiene la provincia. El área más poblada está localizada sobre los ríos Mendoza y Tunuyán, mientras que los del sur provincial están sobre los ríos Atuel y Diamante. Estos ríos tienen hoy menos caudal que su media histórica pero con una carga de seres humanos cada vez mayor, lo que pone en estado crítico la sobrevivencia o la calidad de vida de toda la población en forma transversal.
El piedemonte debería ser el principio de una política de Estado seria que proyecte el desarrollo hacia el futuro para asegurar la calidad de vida las futuras poblaciones. El oasis del Gran Mendoza parece haber llegado a un punto crítico en materia de abastecimiento de agua y de calidad ambiental y esto no ha sido tomado con la debida seriedad pensando en que debe ser un camino a iniciarse pero con la obligación de custodiar su desarrollo a futuro para el beneficio de las próximas generaciones.
