El próximo 29 de setiembre, los abogados del interior del país tendrán la posibilidad de elegir a su representante en el Consejo de la Magistratura, quien deberá reemplazar al actual miembro, el mendocino Daniel Ostropolsky, por los próximos cuatro años. Se trata quizás, de la elección más importante de todas las que se están realizando para la renovación parcial -6 de los 13 integrantes- de ese organismo de selección y control de jueces, más allá de la que ya se hizo en Capital Federal (el martes pasado), la de los tres jueces (que se hará el 23 de este mes) y la del representante académico (que aún no tiene fecha).
Se trata de una elección de alta trascendencia política, porque no son pocos los que aseguran que en ella se juega “la independencia del Poder Judicial”, dado que es el ámbito en el que, según la oposición, el Gobierno nacional buscará ampliar su poder “para aumentar los condicionamientos y las presiones sobre los jueces”.
Son cuatro los aspirantes del interior. Dos de ellos considerados “oficialistas”, entre los que se cuenta Carlos Andreucci, a quien se lo relaciona con el ministro de Justicia, Julio Alak, y César Grau, vinculado a sectores kirchneristas, sobre todo de La Cámpora. También se postula Adolfo Alvarado Velloso, de quien se dice tiene el apoyo del Pro. Pero quien tiene el apoyo “de todo el arco opositor al Gobierno” es Miguel Piedecasas, impulsado por diversos sectores políticos y jurídicos, en muchos casos de extracción radical .
Precisamente Piedecasas llegó ayer a Mendoza (permanecerá hasta hoy) en plena campaña, para hablar con sus colegas del Gran Mendoza, de San Rafael y del Este, levantando la bandera opositora y con la consigna de “mantener el límite a la mayoría absoluta” en el Consejo.
Es que de la actual conformación, los sectores afines a Cristina de Kirchner constituyen una mayoría simple. Pero las decisiones trascendentales, como puede ser la remoción de un juez o su continuidad en una causa, requieren de los dos tercios de sus integrantes, y eso lo lograría si quedara para su espacio el abogado del interior.
“El límite a las mayorías absolutas es la pelea de fondo, que hoy se mantiene porque el abogado del interior ha votado en contra”, destaca Piedecasas, representante de los letrados de Santa Fe, quien considera además que si él accede al Consejo, representará también “el límite de tolerancia de la sociedad con esta situación” de presiones sobre la Justicia, asegura el candidato.
-¿Qué tan mal le ha hecho este Gobierno al Consejo de la Magistratura?
-Toda pretensión que se tenga de manejar la Justicia es absolutamente negativa. Estamos en una etapa de fuerte presión sobre el Poder Judicial. Esa situación les hace perder a los jueces libertad y decisión. Debemos garantizar la independencia del Poder Judicial, que el juez tenga libertad y autonomía.
-¿Cómo se genera ese cambio?
-Estamos en un estado crítico, pero es posible un mejoramiento, porque hay un cambio. Hay un final de ciclo, un cambio de Gobierno, que va a permitir que las instituciones funcionen de una manera diferente. Es una oportunidad histórica de hacer operativa la independencia de la Justicia.
Este abogado de 50 años, doctor en Ciencias Jurídicas, que lleva 20 años de docente, asegura que “siempre” luchó por evitar los avasallamientos sobre el Poder Judicial. A tal punto que incluso rechaza la presencia de un representante del Poder Ejecutivo en el Consejo como se da actualmente. “Este órgano del Poder Judicial no debería tener un componente del Ejecutivo. No obstante la ley vigente, interpretando la Constitución, establece uno de los representantes”, señaló, planteando la innovación.
Y esa actitud es la que lleva a cada rincón del país. Admite que “no es casual” que cuando finaliza una etapa gubernamental, algunos funcionarios busquen penetrar a la Justicia “para tener impunidad frente a posibles actos de corrupción”.
-¿Quiere decir que hay algunos que buscan no ir presos?
-No hay otra posibilidad que la sospecha social, de que se si se logra la mayoría absoluta se condicionará la decisión judicial para favorecerse. Se quiere lograr que los actos de corrupción que se están juzgando con mucha presión del poder, estén cubiertos con una posibilidad de impunidad. Ante eso no hay otra cosa que ir por la pelea de fondo, la de las mayorías absolutas.
El órgano que garantiza la independencia judicial
El Consejo de la Magistratura es considerado, desde 1994, un órgano permanente del Poder Judicial de la Nación. Sus atribuciones se reflejan en el art. 114 de la Constitución reformada aquel año, y entre ellas se destacan la selección de magistrados, concursos, ascensos, administración y ejecución del presupuesto de la Justicia, pero también cumple el rol de asegurar la independencia de los jueces, más la acusación ante el Jury de Enjuiciamiento.
Es decir que este Consejo es la “llave” de la independencia de la justicia federal.
Está integrado por 13 miembros. Tres jueces que se eligen por el sistema D`Hont, y que son los que se votarán el próximo 24 de setiembre, donde el kirchnerismo intentará influir a través de la lista “Celeste” .
También hay 6 legisladores nacionales, seleccionados por los presidentes de ambas cámaras, “a propuesta de los bloques parlamentarios”, a razón de tres diputados y tres senadores, dos por la mayoría y uno por la primera minoría en cada caso.
Además hay 2 representantes de los abogados de matrícula federal, designados por el voto directo de los profesionales. Uno de ellos es el que se eligió el martes pasado, resultando ganadora Adriana Donato, impulsada por el Pro. El otro, según la ley, “debe tener domicilio real en cualquier punto del interior del país”. Es el que se votará el próximo 29.
El cuerpo se completa con el representante del Poder Ejecutivo y otro proveniente del ámbito académico y científico que debe ser profesor regular en una facultad de Derecho y contar con reconocida trayectoria y prestigio. A él lo elige el Consejo Interuniversitario Nacional, que hoy tiene mayoría afín al Gobierno.
