La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos fallar contra el Estado de Venezuela por haber cerrado en forma ilícita Radio Caracas Televisión (RCTV) en 2007.
A nombre de la SIP, su presidente Elizabeth Ballantine, invitó a la "Corte Interamericana de Derechos Humanos a fallar que la decisión del gobierno venezolano de no renovar la concesión de RCTV y no reparar el daño en represalia por su línea editorial, es una flagrante violación a los principios de libertad de expresión establecidos en la Convención Americana".
El caso bajo conocimiento de la Corte está relacionado a Marcel Granier y otros accionistas, miembros de la junta directiva y/o periodistas de RCTV, medio que comenzó sus transmisiones en 1953; "cuya concesión, conforme al Informe Nro. 112/12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no fue renovada por el Estado en 2007, en represalia por su postura editorial crítica e informaciones contrarias al gobierno", estableció la SIP en su opinión.
El gobierno, por orden directa del entonces presidente Hugo Chávez Frías, cerró la emisora de señal abierta RCTV y confiscó sus 48 estaciones repetidoras y equipos de transmisión. Un nuevo canal público comenzó a operar luego de que fueran desconectados los equipos de la estación. La Televisora Venezolana Social, patrocinada principalmente por el Estado venezolano, ocupa las frecuencias que anteriormente tenía RCTV y opera en todo el país utilizando los transmisores pertenecientes a la emisora.
Ante la Corte, la SIP presentó argumentos, entre otros, por los casos Ricardo Canese (Paraguay, febrero de 2004); diario La Nación y el periodista Mauricio Herrera Ulloa (Costa Rica, marzo de 2004) y Gabriela Perozo y otros periodistas de Globovisión (Venezuela, abril de 2008).
