Pidieron el procesamiento de Fadel y Fábrega por “beneficiar” a empresas de Lázaro Báez

El fiscal Carlos Stornelli pidió el procesamiento de los mendocinos ex directivos del Banco Nación Carlos Fábrega y Patricia Fadel por "negociaciones incompatibles y defraudación al Estado" al supuestamente beneficiar a empresas del empresario kirchnerista Lázaro Báez, quien se encuentra preso desde el 5 de abril del año pasado.

Según el titular de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal 4, el directorio del Banco Nación en ese momento, que tenía a Fábrega como presidente de la entidad y a Fadel como directora –entre otros más- "habrían elaborado un plan destinado a auxiliar financieramente a las empresas Austral Construcciones S.A. y Kank y Costilla S.A. –de Lázaro Báez- para la realización de la obra pública, vulnerando los requisitos legales exigidos por la normativa de la entidad bancaria".

Además de los mendocinos, otros ex funcionarios con pedido de procesamiento son el ex gerente de la sucursal Río Gallegos del Banco de la Nación Argentina; Angel Rogelio Cabral; y los ex directores del Banco de la Nación Esteban Acerbo, Enrique Osvaldo Arceo, Cecilia Fernández Bugna, Silvia Ester Gallego y Juan Ignacio Forlón.

Stornelli indicó en el documento remitido al juez federal Daniel Rafecas que los ex directivos tramitaron y aprobaron mediante resoluciones "créditos, giros en descubierto en cuanta corriente, constitución de fideicomiso financiero, omisión de presentación de documentación necesaria y obligatoria para todos los clientes de la entidad  bancaria a las firmas 'Austral Construcciones S.A.', 'Kank y Costilla SA' y  'Electroingenieria S.A.' por montos millonarios, y para los cuales aceptaron como garantía certificados de avance de obra que habrían sido emitidos en contravención a las normas al no certificar adecuadamente tales obras públicas, las cuales hoy se encuentran cuestionadas por presentar ilicitudes".

De esta manera, el fiscal aseguró que estas supuestas maniobras ilícitas “beneficiaron a particulares y sus empresas por encima de otros clientes, flexibilizando los requisitos para la concesión y utilización de los fondos obtenidos de los beneficios financieros”.

La maniobra

Stornelli argumenta que las empresas de Báez fueron auxiliadas financieramente para realizar obras públicas sin la exigencia de los requisitos legales que tiene el Banco Nación.

“En una primera etapa se facilitó desde la sucursal Rio Gallegos el trámite de otorgamiento de sumas millonarias acordadas como autorizaciones de giros en descubierto en las cuentas corrientes de las firmas Austral Construcciones S.A. y Kank y Costilla S.A”, comentó.

No obstante, añadió que debido a la magnitud de los pedidos de préstamos millonarios, éstos trámites debían tener el visto bueno tanto de la zonal de Comodoro Rivadavia, así como también del directorio del Banco Nación.

“De tal forma, el grupo de empresas comenzó a recibir asistencia de la entidad bancaria hacia el año 2008 y recién abrieron 371 cuentas para depositar los sueldos de sus empleados un año después, en septiembre de 2009; lo cual no parece que hubiesen sido empresas de solvencia antes de ser Ministerio Público de la Nación 119 adjudicatarios de la obra pública, ni que tuvieran una dotación de personal importante para el tipo de tareas que hacían, máxime si se considera que las rutas o caminos que construían lo eran en zonas inhóspitas de la Patagonia argentina donde es necesario establecer campamentos para concentrar el trabajo, y facilitarle al personal la vida en el lugar”, acotó.

“Cada facilitación de giro en descubierto que se fue autorizando a favor de Austral Construcciones S.A. y Kank y Costilla S.A. fue avalada con plazos fijos constituidos en el Banco de la Nación Argentina el mismo y por el mismo monto de lo adjudicado; o sea que se garantizó el dinero facilitado con el mismo dinero facilitado. Luego se fue garantizando la operatoria con la cesión de certificados de obra de la Dirección Nacional de Vialidad, la Administración Gral. De Vialidad Pcial y del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Pcia. De Santa Cruz”, agregó el Fiscal.

Finalmente, remarcó que “toda esta maniobra comenzaba en la sucursal Río Gallegos donde las firmas tenían cuenta bancaria, luego pasaban a la zonal Comodoro Rivadavia, ya que por la envergadura del préstamo se requerían, por normativa de la entidad bancaria, que la aprobación de lo solicitado se hiciera 120 en una sucursal que abarcara mayor responsabilidad; y si nuevamente superaba los topes estipulados en la normativa, el trámite de la solicitud subía hasta el directorio del Banco de la Nación Argentina”, explicó Stornelli.