Se realizó ayer la fase de alegatos por el juicio que busca esclarecer la muerte de Lucas Carrazco (22), quien falleció en marzo de 2014 en el marco de una represión policial que hubo en inmediaciones del estadio de Independiente Rivadavia tras la suspensión de un partido. El juicio tiene a un policía de Infantería como acusado.
En primer turno, cerca de las 10, hizo su exposición el fiscal Darío Tagua, quien pidió 18 años de cárcel para el efectivo Diego Guzmán por el delito de homicidio simple con dolo eventual, agravado por el uso de arma de fuego y por ocurrir en un evento deportivo.
Las penas para esta figura van desde los 13 años a los 41 años y 8 meses.
El criterio de la fiscalía fue compartido por los abogados que representan a la familia Carrazco. Lucas Lecour y Sergio Salinas, ya en horas de la tarde, alegaron y solicitaron también 18 años para el sospechoso. Además, sugirieron futuros cursos de perfeccionamiento para quienes se desempeñan en Infantería y extraer compulsa contra algunos colegas de Guzmán por falso testimonio.
Por su parte, el abogado defensor Rafael Manzur entiende que el policía debe ser absuelto, asegurando que no quedó probado que la víctima fuera herida con un cartucho de gas lacrimógeno y, en caso de que hubiera sido así, se trata de un arma de comportamiento indescifrable. Si el tribunal decide condenar a Guzmán, el letrado sostiene que tendría que ser por un homicidio culposo y no por un hecho doloso, con el mantenimiento de libertad.
Los jueces Mauricio Juan, Eduardo Martearena y Laura Guajardo pasaron a un cuarto intermedio y en los próximos días se conocerá la fecha de la sentencia.
Cinco años sin respuestas
El 14 de marzo de 2014 la víctima había ido a la cancha de la "Lepra" para presenciar el partido contra Instituto de Córdoba, que finalmente no se jugó por un corte de luz. A la salida del frustrado encuentro, algunos hinchas se enfrentaron con la Policía y allí el muchacho resultó herido. Dos días después murió por una hemorragia cerebral en el hospital Lagomaggiore.
Guiándose por la declaración de testigos del hecho, que aseguraban que Carrazco había sido atacado por policías, el fiscal Daniel Carniello comenzó a investigar el proceder de los efectivos. Luego se arribó a la conclusión de que el joven había sido herido con una cápsula que salió despedida cuando los uniformados dispararon los gases lacrimógenos para dispersar.
La acusación recayó sobre el uniformado Guzmán, quien fue imputado por homicidio culposo en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El caso llegó a juicio y el 28 de julio de 2016 comenzó en la Segunda Cámara del Crimen. El 15 de septiembre de ese año debían llevarse a cabo los alegatos pero fueron postergados por un problema de salud de uno de los jueces.
Una semana después, otro de los magistrados presentó un certificado médico que le impedía estar, por lo que una vez más no se pudo desarrollar el pedido de la pena de las partes intervinientes. Con esa última suspensión se cumplieron los 15 días hábiles que establece el Código Procesal Penal entre una audiencia y la otra, por lo que automáticamente el juicio fue anulado.
Trágica decisión
La anulación del primer juicio cayó muy mal en la familia Carrazco, que entre la desazón y el sabor a injusticia, se preparaba para un nuevo proceso. Pero antes otra tragedia los marcaría: el 15 de julio de 2017 Viviana Espina, la mamá de Lucas, tomó la drástica decisión de suicidarse, agobiada y ya sin esperanzas de que hubiera justicia por la muerte de su hijo.
La familia Carrazco solicitó continuar con las acciones previstas al querellante como herederos forzosos. El primer abogado del imputado pidió que no se hiciera lugar a esa solicitud para, de esa manera, apartar al padre de Lucas y a sus hijos. Esto hizo que el segundo juicio quedara postergado, cuando ya tenía fecha para el 15 de agosto de ese año.
La Cámara aceptó el cambio de querella a cargo de Daniel Carrazco, papá del chico muerto. Pero el abogado del acusado usó el recurso de casación y la resolución pasó a manos de la Corte provincial, que finalmente falló en favor de las víctimas.
