Los cortes de agua y luz que desde noviembre han afectado a miles de mendocinos no son el único argumento para que ahora los entes de control que deben velar para asegurar la calidad de ambos servicios estén cuestionados por la Asociación Protectora.
Ayer, desde esta entidad dedicada a proteger los derechos de los consumidores explicaron que el 30 de diciembre pasado realizaron una presentación formal tanto al Epas (Ente Provincial de Agua y Saneamiento) como al Epre (Ente Provincial Regulador Eléctrico) para instarlos a resarcir económicamente a los usuarios que hayan tenido que pasar uno o más días sin agua o bien resultaron perjudicados debido a un corte de energía eléctrica (o ambos).
En el caso de los que se quedaron a oscuras como consecuencia de una tormenta o por el incremento en el consumo en medio de una ola de calor, el resarcimiento que solicita la organización no gubernamental es de 280 pesos para quienes sufrieron apagones inferiores a 24 horas y de 450 pesos para aquellos que se vieron afectados por un tiempo más prolongado.
José Ramón, abogado y miembro de Protectora, detalló que el descuento en las boletas debería efectuarse de manera colectiva y de una sola vez, en una única factura.
De no encontrar una respuesta, Protectora tiene pensado llevar a juicio el cuestionamiento que -según la entidad- pesa sobre los entes de control. La fecha pautada para llevar el tema a la Justicia sería en febrero, una vez que concluya la feria judicial.
Que en diferentes barriadas de Guaymallén, Capital, Las Heras y algunas zonas de Maipú se haya notado la falta de luz durante los días 29 y 30 de diciembre pasado no fue el único episodio para que Protectora cuestionara el desempeño de las empresas y los organismos encargados de velar para que los servicios públicos sean brindados de manera óptima.
Entre los antecedentes relacionados con los cortes de luz la entidad se remite incluso a lo ocurrido durante las jornadas del 23 y 24 de diciembre de 2013.
En tanto que para aquellos que tuvieron dificultades al momento de abastecerse de agua potable, el monto de resarcimiento estimado por la entidad es de 100 pesos. Ramón argumentó que los pedidos a los entes estatales no se limitan a que éstos concreten ese reconocimiento monetario a la población afectada en diferentes oportunidades.
En el lugar del usuario
Ramón denunció que ni el Epre ni el Epas han cumplido con las multas correspondientes a las empresas prestadoras, principalmente Edemsa y Agua y Saneamiento Mendoza (las que tienen mayor cobertura en la provincia) por estas situaciones.
“Por el contrario, siempre se termina justificando a las empresas. Por eso solicitamos que en los dos casos hagan lo que deben como entes de control y que si no cumplen con una prestación adecuada de los servicios, intercedan a tiempo”, expresó el letrado.
Desde su punto de vista, el hecho de que el Epas controle a una empresa estatal como lo es Aguas Mendocinas conlleva una pérdida de su capacidad para tomar decisiones que obliguen de manera más ágil a la prestadora para que el agua no falte a ninguno de los usuarios a los cuales debe abastecer o bien, para subsanar las carencias.
“Hay sectores en que los camiones no llegan. Siempre los más afectados son los mendocinos más vulnerables”, consideró Ramón y detalló que la situación es compleja en algunos sectores de Dorrego (Guaymallén), en los barrios del oeste de Godoy Cruz y en Las Heras.
“Son lugares donde siempre hay inconvenientes”, dijo en relación a las denuncias que la asociación recibe a diario desde diferentes uniones vecinales.
En lo que concierne a la situación general de Mendoza en materia de abastecimiento, el abogado mencionó que la crisis hídrica se debe, ante todo, a la escasez de obras de magnitud, como lo es la planta potabilizadora de Benegas.
“Debería estar lista hace años y permitiría que el agua nunca falte”, deslizó Ramón. Por otra parte, denunció que otra deuda pendiente es la existencia de un cuadro tarifario para el cobro del agua.“
Además, desde que se estatizó Aysam no se sabe cuánto dinero ha invertido y cuánto recauda en tarifas”, expresó el integrante de Protectora que ayer tomó la palabra en representación de la entidad.
Para Protectora, las prestadoras de los servicios públicos también han resultado afectadas por esta “neutralidad” que denuncian por parte de los entes reguladores. Un ejemplo, según Ramón, es la necesidad de que las tarifas sean actualizadas. “Si esto no ocurre, las empresas nunca van a mejorar el servicio”, mencionó.
