A fines de abril, los diarios anunciaban que Inés Noemí Suárez (68) había sido hallada muerta en su casa de Tunuyán. La necropsia y pericias policiales hacían referencia a una muerte natural, cuando -a los pocos días del hecho- un hombre se entregó a la Policía adjudicándose la autoría del crimen. El sujeto ahora podría ser declarado mentalmente insano y la familia de Suárez teme que el hecho quede impune y el asesino, en libertad.
Juan Pablo Brisoli (45), el hombre que reconoció haberla matado, hoy permanece internado en el hospital psiquiátrico El Sauce. "Pedimos que se haga justicia. No puede ser que cualquiera mate a una persona y vuelva a la calle como si nada. Es un peligro, puede ocurrirle lo mismo a otra familia. A nosotros ya nos destruyó", confiesa Daniela Irazoque (31), hija de la víctima.
Este femicidio y los gruesos errores procesales que expuso la causa desde sus inicios, han conmocionado fuertemente a la comunidad de Tunuyán. Familiares y amigos de Inés, apoyados por la agrupación contra la violencia de género "Pan y Rosas", están organizando marchas para salir a la calle a reclamar que el imputado quede preso o internado de por vida.
Desde la familia, comentaron que la causa permanece hoy estancada y reconocieron sentirse desamparados a nivel judicial. Se enteraron por terceros que la carátula había pasado de 'averiguación muerte' a homicidio simple. No sólo hacen hincapié en las trabas con las que se han encontrado para dar con el expediente, sino también en los altos costos que implica llevar adelante la defensa.
"Estamos buscando un abogado para presentarnos como querellantes, pero es un gasto enorme, que nos resulta muy difícil de afrontar. Ésa es mi mayor impotencia. Como mi mamá ya murió, no tengo derecho a un abogado del Estado. El que la mató sí, porque las leyes lo amparan", se quejó Irazoque.
Este caso está a cargo del juez Oscar Balmes, del Primer Juzgado de Instrucción del Valle de Uco, y desde estas oficinas la familia de Suárez recibió la información de que el imputado está internado en El Sauce, donde es sometido a un tratamiento adecuado para su patología. También les adelantaron que el sujeto podría resultar inimputable, de acuerdo con lo que arrojen las pericias psiquiátricas, y quedar en libertad.
El hecho
Suárez fue hallada muerta el 28 de abril en su casa del barrio Los Cóndores. Allí la encontró su yerno, cerca de las 15, tirada junto a la puerta y sin señales de vida. Había pasado a verla, porque a su familia le llamaba la atención no haber tenido noticias de ella durante el día.
Luego de los primeros peritajes, los forenses dictaminaron que la muerte había sido por causas naturales. "No podemos entender por qué nos mintieron. Mi tía (Gabriela Suárez, una reconocida locutora de Tunuyán) estuvo afuera en la necropsia y los médicos negaron el accionar de un tercero. Si la gente no comentaba después que el tipo se entregó, seguiríamos pensando que fue un ataque", dice la hija.
De todas maneras, para los allegados a Suárez "había muchas cosas que no cerraban". La casa estaba toda revuelta y una vecina del barrio había visto salir a Brisoli minutos antes del hallazgo. Algunos sostienen que este hombre, quien se desempeñaba como celador de una escuela de Tunuyán, mantenía una relación con la víctima. Sin embargo, la hija asegura que se habían visto unas tres veces y que era un desconocido para ellos.
Días después del deceso, Brisoli se entregó en un juzgado de el Gran Mendoza. Confesó que la mató luego de una discusión que mantuvieron, tras haber salido a pasear juntos, incluso dijo que la había ahorcado, tal como figura en el expediente de la causa 55189/2. La Justicia lo derivó enseguida al hospital El Sauce.
La familia de Suárez no está dispuesta a bajar los brazos. "Sentimos temor de que le ocurra lo mismo a otra persona. Si mató tiene que estar encerrado o internado pero no puede volver a la calle", agregó Daniela. "La Pipi" -como todos la conocían en Tunuyán- era una mujer muy querida, tenía tres hijos y nietos.
