El Ministerio de Justicia pidió que los delitos de lesa humanidad sean considerados como "genocidio"

La Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia pidió que los delitos de lesa humanidad cometidos en la órbita de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar sean considerados como un "genocidio". Al proseguir esta mañana con su alegato ante el Tribunal Oral Federal Cinco (TOF 5), la abogada Lucía Gómez Fernández, letrada de la cartera que actúa como querellante, sostuvo, además, que esos delitos son "imprescriptibles" y pueden ser perseguidos judicialmente "mientras vivan sus responsables".

La abogada afirmó que los hechos "aberrantes" registrados en la ESMA fueron "parte del genocidio que se cometió en nuestro país", durante el período comprendido entre marzo de 1976 y diciembre de 1983. Sobre el Grupo de Tareas 3.3.2, que actuó en la ESMA, la letrada consideró que formó parte del "plan sistemático" para la "destrucción de una parte de la sociedad" integrada por quienes los mismos represores encuadraron como "subversivos". Agregó que detrás del manifiesto objetivo de "exterminar a (miembros de) Montoneros, los "perpetradores" de la represión "incluyeron a otros grupos y familiares", quienes "en muchos casos no pertenecían" a esa organización.

Esta querella citó también el criterio de uno de los jueces del TOF 5, que en un caso anterior evaluó la posibilidad de un "politicidio". Gómez Fernández compartió esa calificación, como la forma de "anulación programada de un grupo político" con ideas opuestas a la de un régimen dominante.

Cuando hace un par de semanas, esta querella comenzó a alegar, sostuvo que el contexto en el que se produjo la represión durante la última dictadura militar "no fue el de una guerra", sino que se trató de "un plan para la eliminación de la militancia". Agregó que "las víctimas no eran apresadas en combate", sino "asesinadas" o "secuestradas" y trasladadas a centros de detención clandestinos, entre ellos el que funcionó en la ESMA.

El TOF 5, integrado por Daniel Obligado, Adriana Palotti y Leopoldo Bruglia está a cargo del juicio que se realiza en los tribunales federales de Comodoro Py 2.002, de esta capital. Antes que la secretaria de Derechos Humanos, había alegado la fiscal Mercedes Soiza Reilly, quien pidió prisión perpetua para 52 represores, entre ellos los ex oficiales de la marina Jorge Acosta y Alfredo Astiz. Para otros cuatro procesados, el Ministerio Público Fiscal requirió penas de 10 a 25 años de prisión. En el juicio hay 63 procesados, por hechos que tuvieron a 789 víctimas

. Este debate oral y público, el tercero por delitos cometidos en la ESMA durante la última dictadura militar, también es conocido como el de los "vuelos de la muerte", porque entre los hechos investigados están los casos de los detenidos que eran arrojados desde aviones al Río de la Plata.

El primer juicio, en diciembre de 2007, quedó inconcluso, porque el único procesado, el prefecto Héctor Febres, murió un día antes de la lectura de la sentencia. El segundo juicio comenzó a fines de 2009 y terminó con la condena a prisión perpetua para 14 de los procesados: Acosta, Astiz, Ricardo Cavallo, Oscar Montes, Antonio Pernías, Jorge Radice, Adolfo Donda, Raúl Scheller, Alberto González, Julio César Coronel, Ernesto Weber y Néstor Omar Savio. En ese juicio Juan Carlos Fotea, ex sargento de la Policía Federal, fue condenado a 25 años de prisión; Carlos Capdevilla, a 20 y Juan Antonio Azic a 18; y los ex marinos Juan Rolón y Pablo García Velasco fueron absueltos.