El 26 de julio pasado el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 condenó a los ex magistrados federales Otilio Romano, Luis Miret, Guillermo Petra Recabarren y Rolando Carrizo por delitos de lesa humanidad a prisión perpetua, pero los sentenciados gozan de prisión domiciliaria.
Ayer el abogado Pablo Salinas, querellante en ese proceso por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), aseguró que no existe impedimento para que todos los ex jueces cumplan su condena en una cárcel.
Las aseveración de Salinas se funda en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 10 de octubre último. El fallo cierra un recurso extraordinario planteado por el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Omar Pleé, quien se opone a la prisión domiciliaria dictada a los magistrados. La presentación de Pleé se refiere a Miret y Petra Recabarren.
En ese fallo, la Corte ordena “vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo aquí resuelto”.
El fallo no dice mucho más que eso. La economía discursiva del Máximo Tribunal se basa en que considera aplicables las consideraciones planteadas en otro fallo referido a otro condenado por delitos de lesa humanidad que fue beneficiado con prisión domiciliaria. El caso es el Jorge Carlos Olivera Rovere, que obtuvo sentencia de la Corte nacional el 27 de agosto de 2013.
En esa sentencia de hace cuatro años, la Corte indica que el beneficio de la prisión domiciliaria se otorgó sin responder a los argumentos en contrario de la Fiscalía y “se habría omitido todo análisis con relación tanto al riesgo procesal de fuga que se deriva del hecho de que el nombrado se desempeñó en altos mandos de las Fuerzas Armadas y se encuentra condenado por sentencia no firme a la pena de prisión perpetua por la comisión de delitos que fueran calificados de lesa humanidad, como también en cuanto a la alegada ausencia de razones humanitarias que pudieran justificar lo resuelto”.
Con esos antecedentes es que el querellante Salinas salió a pedir que los jueces federales sean detenidos. “La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó una resolución de Casación respecto a los casos de los ex jueces Evaristo Carrizo y Guillermo Max Petra Recabarren, condenados a prisión perpetua”.
Miret falleció a principios de setiembre, los otros tres, Romano, Petra Recabarren y Carrizo gozan del beneficio de la prisión domiciliaria.
El 26 de julio pasado el Tribunal Oral Federal número 1, conformado por los jueces Alejandro Piña (presidente), Juan Antonio González Macías y Raúl Fourcade dictaron sentencia. Fueron 28 los condenados, entre ellos estaban los ex magistrados federales.
La “Megacausa” se inició en febrero de 2014. Doce imputados recibieron pena de prisión perpetua (entre ellos los cuatro magistrados), cuatro fueron condenados a 20 años de prisión; otro a 18 años; dos recibieron una pena de 15 años; uno fue condenado a 10 años; cinco imputados recibieron penas menores de entre 6 y 3 años de prisión y tres fueron absueltos.
Desde antes del inicio de la dictadura Miret era juez federal; Petra Recabarren era defensor de pobres y ausentes y Romano era fiscal federal desde 1975. Carrizo fue juez federal entre diciembre del 75 y mayo del 76.
