La postulación del diputado radical Gabriel Balsells Miró para estar al frente de la oficina de Ética Pública generó ruido en las organizaciones sociales.
Sin hacer foco en el nombre del postulado, varias ONG que trabajan desde hace tiempo en la promoción de políticas de transparencia reclaman mayor participación en el proceso de definición.
Así lo expresó el CLADH (Centro Latinoamericano de Derechos Humanos) a través de una carta que le hizo llegar al gobernador Alfredo Cornejo, con la adhesión de distintas fundaciones y asociaciones. En la presentación, enumeran siete pasos que amplían el mecanismo previsto por la Constitución para estas designaciones y que garantizan, a su entender, "un proceso abierto y participativo".
Según el escrito, Cornejo, sin saltar los pasos que debe seguir, podría abrir a la sociedad civil la decisión del candidato y, a su vez, debe “garantizar la independencia de aquellos a quienes debe controlar e idoneidad técnica”.
El reclamo se conoce en el proceso de análisis del pliego de Miró, actual diputado radical pronto a dejar su banca: su última sesión es el miércoles 25. Hace dos semanas, el Gobernador envió el pliego a Senadores, Cámara que debe ratificar el cargo.
Este camino legislativo tiene dos fechas.
El miércoles 18 es la Audiencia Pública, para la que hay inscriptos cerca de 500 adhesiones y ninguna impugnación.
El martes 24 el Senado debe votar, de manera secreta y a través del sistema de bolillas, si el candidato queda al frente de la oficina de Ética Pública por cinco años. La ratificación es por mayoría simple, cantidad que tiene el radicalismo.
Más allá de que hasta ayer no había ninguna impugnación (esta madrugada cerraba el plazo para inscribirse), la postulación del radical generó cuestionamientos, ya que el encargado de controlar las cuentas de los funcionarios es del partido de gobierno.
"En Mendoza no hay otras instituciones como el Defensor del Pueblo ni una oficina Anticorrupción. La única institución similar es Fiscalía de Estado y ahora esta oficina", destacó Federico Morandini, director de Relaciones Institucionales del CLADH.
A esto le sumó que el proyecto de Acceso a la Información, frenado en la Cámara de Diputados, también consigna al auditor de la oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública como la autoridad de aplicación.
Es decir, de ser Miró el auditor, tendrá a su cargo la recepción y control de las declaraciones juradas de toda la clase política y aquellos que estén relacionados con las finanzas del Estado, como los contratistas y gremialistas. Con estos documentos en mano, deberá controlar la evolución patrimonial de cada uno, además de verificar que no se den incompatibilidades y velar para que no se den casos de nepotismo.
“Nuestro cuestionamiento no es a la persona sino al procedimiento institucional, que si bien sigue los pasos de la Constitución podría ser más amplio y transparente para seleccionar la persona más idónea para ocupar ese cargo. En esa idoneidad está relacionada con el hecho de que no tuviese relación directa con ningún partido político”, reclamó Morandini, y contextualizó su pedido en el trabajo que hacen desde hace años para la promoción de las leyes de transparencia.
“Venimos trabajando desde hace años en la transparencia, el fortalecimiento institucional y el acceso a la información pública. Nosotros trabajamos mucho en la elaboración de estas leyes y pedimos que se convocara a la sociedad civil para el debate. No se nos convocó”, señaló.
El escrito lleva la firma de otras varias organizaciones con distintas filiaciones políticas. “Si bien hay distintas ideologías, el reclamo es unívoco”, aclaró. Entre los firmantes del pedido al Gobierno está Fundación Nuestra Mendoza, Xumek, Directorio Legislativo, Fundación Poder Ciudadano, entre otros.
Por su parte, desde el oficialismo defendieron la ley y la designación del diputado.
“Va a tener que controlar a este gobierno pero también al que viene, ya que su cargo dura 5 años. Es una institución que tendrá autonomía”, señaló la senadora Daniela García. En este sentido, de ser designado Miró tendrá que auditar los últimos dos años de Cornejo y los tres del próximo.
La propuesta para el Gobernador
A tener en cuenta. El Centro Latinoamericano de Derechos Humanos elaboró un procedimiento a seguir para la designación del funcionario.
“Si bien la Constitución establece un estándar mínimo, el Ejecutivo o el Legislativo pueden reglamentar y ampliar los mecanismos de participación”, señaló Morandini.
En la propuesta que le hicieron llegar a Cornejo, sugirieron los siguientes pasos:
1- Instancia de participación ciudadana para presentar propuestas de candidatos a ocupar el cargo.
2-Hacer públicas las candidaturas.
3- Instancia previa a la audiencia pública para presentar observaciones e impugnaciones a las candidaturas.
4- Respuesta por parte de los candidatos a las observaciones.
5- Selección del candidato a proponer por el Ejecutivo.
6- Audiencia Pública.
7- Tratamiento en Senado para aprobar o no al candidato.
