El fiscal de Estado, Fernando Simón, deberá adoptar una postura en los próximos días frente a un reclamo de inconstitucionalidad que afecta la efectivización y nombramientos de unos 1.500 empleados públicos temporarios y subrogantes, que se acordó entre el gobierno provincial, ATE y Sitea en la paritaria de la administración provincial. La denuncia de “violación a la Constitución Provincial” fue presentada por los abogados Oscar Horacio Rodríguez Panella y Rolando Quijano Cepparo y apunta a la cláusula de “efectivización de personal que revista en cargo temporario o interino a diciembre de 2014 en la clase del escalafón correspondiente a la función y remuneración que tiene al momento de ese acuerdo, manteniendo clase de revista, antigüedad, adicionales y suplementos, con fecha tope de cumplimiento al 30 de noviembre de 2015”.
Los abogados piden la intervención de la Fiscalía y su presentación ante la Suprema Corte con el argumento de que estos nombramientos y ascensos masivos “transgreden principios del orden administrativo regulado por la ley 3.909” y contravienen disposiciones constitucionales y legislativas (artículo 32) ya que “demuestran la existencia de vicios groseros que los tornan inexistentes”.
Concretamente se pide la triple inconstitucionalidad del acuerdo paritario, del decreto del Ejecutivo que lo convalidó y de la ley de la Legislatura que lo homologó porque los tres textos violan al Estatuto del Empleado Público.
Éste exige “idoneidad” para el acceso a un nombramiento o a un ascenso y establece el mecanismo del concurso público que otorga el derecho de aspirar a ese cargo no sólo a quien lo ocupa temporariamente o lo subroga sino a la totalidad de empleados públicos (en un concurso cerrado) o a todos los ciudadanos (en un concurso abierto). Ambos abogados dicen que esto es violatorio del principio de igualdad de oportunidades, publicidad, transparencia e igualdad de trato que establece la Constitución.
“Estamos seguros de que atrás de esto está (Alfredo) Cornejo”, afirmaron dirigentes de los gremios afectados. La cláusula de nombramientos masivos de personal temporario (que también se ha venido reiterando año a año en el sector Salud) fue rechazada en la Legislatura por la bancada de la UCR y motivó el envío de cartas documento impugnatorias de los diputados Jorge López y Martín Kerchner Tomba.
