Mientras se ultiman detalles para iniciar el proceso contra el suspendido fiscal de Estado Joaquín de Rosas, ayer se conoció otra denuncia ante el Jury de Enjuiciamiento, vinculada a las actuaciones por las que De Rosas será enjuiciado. Esta vez el denunciado es el contador general de la Provincia José Caviggia y se lo acusa de haber pagado a la familia Vila más de dos millones de pesos sin tener autorización oficial para realizar ese pago.
La erogación realizada por la provincia en favor de Dalvian SA ($ 1.993.380,26) y Daniel Vila ($ 143.096,53) fue para cancelar la expropiación de terrenos que a la postre conformaron parte de la reserva Divisadero Largo.
La historia de Caviggia se entrelaza a la de De Rosas y todas por la supuesta compensación de deudas que firmara el suspendido fiscal de Estado con la familia Vila. Había obligaciones cruzadas entre el Estado y la poderosa familia y se montó una estrategia para resolver esas obligaciones. Pero, en el medio, varios hechos difíciles de explicar decidieron la suspensión del fiscal de Estado y su próximo proceso oral ante el Jury de Enjuiciamiento.
Por un lado Dalvian le debía a la provincia más de 6 millones de dólares por dos créditos impagos que el grupo empresario tomó con los extintos bancos estatales de la provincia. Uno fue tomado por Dalvian que ascendía U$S 2.499.444,45, en los albores de la década del '80 y el otro fue tomado por los antiguos dueños de Canal 7 de Mendoza (familia Estornell) y que fue asumido por el grupo Vila-Manzano cuando estos últimos compraron el canal de aire a Estornell, por U$S 3.719.304,26.
Después de complejos cálculos y recálculos de las deudas, resulta que la familia Vila terminaba debiéndole a la provincia 1.563.100,43 pesos.
Por el otro, la provincia le debía a Dalvian y a Vila por las tierras expropiadas para la creación de la reserva natural del pedemonte. Para crear Divisadero Largo fue necesario expropiar seis propiedades, la propiedad de Daniel Vila y la de Dalvian tuvieron el extraño favor de cobrar entre 13 y 17 pesos el metro cuadrado, según el tipo de terreno (llano o con accidentes) mientras que los otros cuatro propietarios aún no aceptan 2,60 pesos por metro. Gracias a que De Rosas y un tasador de la Fiscalía de Estado, Dalvian y Vila se alzaron con $ 3.558.342,74.
De esos 3,5 millones que se le debían pagar a Dalvian y Vila, se debitó la deuda por los créditos impagos. Esa operación contable se hizo el 16 de diciembre de 2008 (con intereses ascendió a $ 1.740.347,16). Cuatro meses después, el 16 de abril de 2009 la Tesorería General de la Provincia emitió el depósito por el saldo a favor de Dalvian y Vila por las expropiaciones. La diferencia entre lo que debía pagar y lo que debía cobrar el Estado terminó dejando un saldo a favor, los poco más de 2 millones de pesos.
El lunes a la mañana, el abogado Alberto Ortubia presentó la denuncia contra Caviggia. Ortubia es testigo privilegiado de la historia, porque fue representante legal de la familia Vila y participó de esas negociaciones.
Con el conocimiento de primera mano, el letrado indica que cualquier acuerdo extrajudicial o transacción en la que participe la Fiscalía de Estado debe ser comunicada al Poder Ejecutivo y que ese acuerdo debe ser aprobado con un decreto del Gobernador, quien en ese mismo acto debe autorizar a emitir pagos.
Según Ortubia "el señor Contador de la Provincia manifestó que los depósitos judiciales en los expedientes por expropiación denunciados se efectuaron por indicación del fiscal de Estado" y pide que se oficie al Gobierno de la Provincia para que informe si existió el decreto aprobando los pagos correspondientes.
En realidad, en la investigación que se le sigue a De Rosas desde hace un año y medio, nunca se encontró documento alguno que probara la existencia de una compensación de deudas y tampoco un decreto que avale lo actuado por el suspendido fiscal de Estado, por lo tanto Ortubia tiene casi la certeza de que no existe tal documento y es por eso que ahora llega esta denuncia, que vuelve a agitar los fantasmas que acechan a De Rosas.
