La jueza de familia de Tunuyán, María Elisabeth Lizán, que hace un par de semanas zafara de una interminable pesquisa del Jury de Enjuiciamiento, apuntó a quien ella considera el artífice de ese calvario: el procurador general de la Suprema Corte, Rodolfo González. El viernes, al mediodía, la magistrada presentó en mesa de entradas de la Cámara de Diputados un pedido de juicio político contra González.
Cuentan que Lizán montó en cólera cuando supo que el procurador general presentó ante el Jury de Enjuiciamiento un pedido de reconsideración sobre el caso de las tres juezas de familia acusadas de otorgar adopciones de manera irregular. Una de esas magistradas es Lizán; las otras dos son Susana Barrigón y Adriana Rodríguez. La jueza acusa a González de mal desempeño y abuso de autoridad.
La denuncia contra el jefe de los fiscales, un hombre esquivo de los medios y las preguntas, llega justo cuando el funcionario está en el ojo de la tormenta por la sucesión de acusaciones contra el ex fiscal de Delitos Complejos, Daniel Carniello. No faltan quienes hacen un paralelo entre el caso de Lizán y sus otras dos colegas del Valle de Uco y el ahora caído en desgracia Carniello.
El caso de las tres magistradas del Valle de Uco se remonta a junio de 2010, fue archivado en mayo de 2011 por no haberse encontrado delito y fue vuelto a abrir en noviembre de ese año por orden del procurador general, González, quien encomendó al fiscal Javier Pascua para volver a investigar, junto a dos magistrados de instrucción del Valle de Uco. De esa manera es que el caso de las tres juezas recién cobra relevancia en 2012.
Lizán, Barrigón y Rodríguez fueron acusadas por otorgar la adopción de dos menores a dos familias de Buenos Aires. Las adopciones no las pueden hacer jueces de Familia del Valle de Uco y tiene que hacerse a familias con residencia en la provincia.
Según la presentación de Lizán, el empuje de Pascua en soledad (sin la colaboración de sus pares del Valle de Uco y sólo por las órdenes impartidas por el procurador), más la presión mediática, hicieron continuar la causa de las adopciones y permitieron el avance del Jury de Enjuiciamiento.
En realidad, lo que dice la jueza de Familia es que hubiera correspondido que la causa penal avanzara y que, cuando hubiera pruebas firmes, se pidiera el desafuero; pero según Lizán la estrategia era estirar la causa penal sin definiciones concretas para lograr que el Jury de Enjuiciamiento desplazara a las tres magistradas.
Fueron dos pedidos ante el Jury de Enjuiciamiento y según Lizán ambos prosperaron por impulso del fiscal Pascua; uno de ellos fue firmado por el juez de Instrucción de Tunuyán, Oscar Balmes, quien terminó siendo desplazado de la causa penal “por la manifiesta arbitrariedad cometida”, argumenta Lizán en el escrito que presentó; el segundo lo avaló la sala administrativa de la Suprema Corte.
Las juezas fueron suspendidas por el Jury durante 44 meses. La causa penal tuvo vaivenes y recusaciones varias. Igualmente, las magistradas fueron sobreseídas en noviembre de 2013 y una semana después “el Dr. Pascua, también en solitario, interpuso la nulidad del sobreseimiento. Dicha maniobra fue sólo a los efectos de dilatar aún más el proceso”, esgrime Lizán.
La sexta Cámara del Crimen terminó dando la razón a las acusadas, pidiendo que se investigue el accionar de Pascua, investigación que nunca tuvo lugar. “El procurador general continuó dilatando el proceso penal y contra esa resolución planteó un recurso de casación por ante la Suprema Corte, ahora por medio de otro fiscal, el Dr. Darío Tagua”, detalla el escrito.
El recurso fue rechazado por la Suprema Corte y “el procurador general continuó con su persecución sin más sentido que dilatar el proceso e interpuso un recurso extraordinario Federal... Ese recurso también fue rechazado”.
Con la denuncia caída en todos los estrados, los provinciales y los federales, el 5 de mayo pasado el Jury decidió levantar la suspensión de las juezas de Familia. González insistió hace algo más de una semana pidiendo la reconsideración por parte del Jury. Ese pedido fue la gota que desbordó a Lizán.
“El buen desempeño que el Sr. Procurador debió asumir frente a un hecho de amplia repercusión social era trabajar con la mayor diligencia y prontitud posible, dando directivas precisas a los fiscales Pascua y Tagua para que realizaran todas las acciones conducentes a esclarecer lo más rápidamente posible y sin dilaciones la verdad” dice la jueza Lizán y luego agrega que “muy por el contrario, sabiendo desde que se realizaron las pruebas de descargo la falsedad de la acusación, dilató el proceso al que estaban sometidos tres magistrados durante un plazo absolutamente irrazonable”.
El trámite
De acuerdo al artículo 109 de la Constitución provincial, una vez presentada la denuncia por escrito, la Cámara deberá admitir la denuncia o desestimarla por simple mayoría de votos. Entonces la comisión de juicio político deberá abrir una investigación de 30 días para comprobar la veracidad de las denuncias.
La comisión de juicio político está conformada por los radicales Analía Jaime, Omar Sorroche y María José Sanz; el massista Guillermo Pereyra y los peronistas Stella Marís Ruiz, Cristina Pérez y Daniel Rueda.
Esta comisión deberá elevar un informe a la Cámara con dictamen a favor o en contra de las acusaciones. Si ese dictamen es avanzar en una acusación formal deberá ser aceptado con el voto de los dos tercios de los miembros.
Desde el momento en que Diputados decide avanzar en la acusación, el acusado queda suspendido de sus funciones. La Cámara baja debe elegir una comisión de tres miembros que harán las veces de fiscales ante el Senado, que es la Cámara que funciona como tribunal imparcial.
