Los sindicalistas Roberto Macho (ATE), Federico Lorite (Sitea) y Raquel Blas, podrían ser sometidos a juicio oral por participar en una marcha de protesta hace dos años.
Así sucederá si prospera el requerimiento que hizo la fiscal en lo correccional Gabriela García Cobos, que entendió que hay pruebas suficientes para enjuiciarlos "por impedir, estorbar o entorpecer el normal funcionamiento del tránsito...", según reza el artículo 194 del Código Penal.
Los tres activistas gremiales fueron notificados ayer del pedido de la Fiscalía, pero sus respectivas defensas anunciaron que se opondrán al requerimiento, por lo que -siguiendo los tiempos lógicos de la Justicia- la situación no se resolverá hasta dentro de un tiempo.
Macho, Blas y Lorite son los únicos imputados en una causa que comenzó el 24 de febrero de 2016. Ese día, con el contexto de un paro nacional de ATE y una protesta contra los despidos en la administración pública, varios gremios marcharon por calles mendocinas.
Era el tiempo en que tanto el Gobierno nacional como el provincial -con dos meses en la gestión- planteaban la aplicación del protocolo "antipiquetes", altamente repudiado por todo el arco sindical.
La crónica de esa marcha diría que el protocolo no se aplicó. Sin embargo días después se conocieron las imputaciones a los tres referentes.
El hecho causó no sólo sorpresa, sino también el inmediato repudio gremial, que empezó a denunciar la tendencia “represiva” de los gobiernos nacional y provincial.
Ahora, con esta posibilidad de ir a juicio, los cuestionamientos a la influencia política sobre la Justicia se renuevan.
"Esto es parte del proceso de criminalización de la protesta", resaltó Macho.
Así lo expresaron los protagonistas. "Esto es parte del proceso de criminalización de la protesta", resaltó Macho.
“Sin dudas, esta acción ejecutada por el Gobierno provincial de la alianza Cambiemos es una medida que lo define como el más autoritario desde la vuelta de la democracia”, lanzó Lorite.
"Esto es una decisión de Cornejo. Es un hecho grave en democracia", cuestionó Blas.
El delito que se les imputa a los gremialistas es considerado "menor". De hecho, el propio artículo 194 señala que quien lo incumpla "será reprimido con prisión de tres meses a dos años", es decir que es un delito excarcelable para alguien sin antecedentes. Aunque puede complicar a alguien que haya tenido imputaciones previas.
Y si bien en los pasillos judiciales nadie opina a viva voz, no pocas fuentes señalan que las acusaciones no son contra la protesta, sino contra el hecho de no cumplir con lo que manda el Código Penal.
Pero tampoco falta el que apunta a planteos más profundos. Y ve en esto una discusión política mucho más fuerte. Sobre todo cuando el contexto es similar al de hace dos años: tiempo de paritarias; de protestas sindicales; tiempo de enfrentamiento entre el Gobierno y los gremios.
En el Ejecutivo -al igual que hace dos años- volvieron a mostrarse satisfechos con el avance de la causa. "Nosotros garantizamos el derecho constitucional a peticionar a las autoridades, pero cortar las calles es un delito", dijo el subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino.
Incluso adujo que “los propios gremialistas criminalizan la protesta, al cometer ese delito”.
Y advirtiendo que “hay un cambio de paradigma porque cada vez se protesta menos en las calles”, D’Agostino cerró: “Que protesten en la explanada de Casa de Gobierno, sin molestar a los que van a trabajar”.
