Pasaron 7 años y la cuenta regresiva para iniciar la explotación de Río Diamante, una de las áreas petroleras más cotizadas que Celso Jaque adjudicó a la empresa Oil M&S, del poderoso empresario kirchnerista Cristóbal López, puede seguir por tiempo indefinido. Esto a raíz de un dictamen de la Dirección de Asuntos Ambientales de la Fiscalía de Estado a favor de la suspensión de la autorización, en base a irregularidades en el procedimiento de la Evaluación de Impacto Ambiental del área ubicada en Malargüe.
A través del mismo requiere a la Dirección de Protección Ambiental del Ministerio de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales, la suspensión del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental que corre en el Expte 1111-D-2009, y propone dejar sin efecto la Resolución 231/09 DPA.
Aunque el órgano de defensa de los intereses de la Provincia intervino y falló de oficio acerca de la sustanciación de la DIA, también inciden en la medida algunos cuestionamientos de organizaciones ambientalistas sobre el riesgo de contaminación las cuencas de los ríos Diamante y Atuel y el antecedente de la medida de la Justicia Federal de San Rafael, que frenó la audiencia pública de rigor, prevista para febrero, para avalar el método conocido como fracking.
Así lo admiten desde la Fiscalía que, sin embargo, fundamenta el dictamen en la falta de información a partir de la Manifestación de Impacto presentada oportunamente por OIL. Suficiente para que la audiencia, reformulada en setiembre, no tuviera sustento más allá de una acción de amparo admitida por el Cuarto Juzgado Civil sanrafaelino.
“En el expediente se detectaron gravísimos defectos en el procedimiento de Impacto Ambiental. La presentación es tan defectuosa y vacía, carente de información, que hizo que los dictámenes sectoriales posteriores apuntaran a que no se detectaran irregularidades. Así, de haberse llegado a la aprobación, el acto sería nulo”, consignó el abogado Nicolás García Bistué, responsable de la Dirección de Asuntos Ambientales de la Fiscalía de Estado.
Los fundamentos expuestos son la presunta violación a los principios de la protección ambiental, y también el derecho a la información y participación ciudadana. Esto, en cuanto a la carencia de un detalle del proyecto para discutir en audiencia pública.
Alegatos y ¿otro proyecto?
Todo queda expuesto en el expediente 1111-D-2009-03834, caratulado “D. de Protección Ambiental s/Manifestación General de Impacto Ambiental Área Anexo VIII Río Diamante- OIL M&S”, que Protección Ambiental había remitido a pedido de la Fiscalía. El mismo conforma otra causa, la 1603-D-2014-03834, caratulado “Oil M&S SA S/Ref. Recurso de Revocatoria c/Resol.253/2014”.
“Queda acreditado que se sustancia un proyecto de evaluación ambiental petrolera cuyas etapas incumplen con contenidos mínimos que exige el orden jurídico, lo que se ha generado a partir de una Manifestación de Impacto Ambiental que no satisface los recaudos de contenidos exigidos por el régimen vigente”, dice el dictamen.
Uno de los argumentos es el informe técnico de la UNC, que realiza “severas observaciones” sobre la descripción del proyecto, y a “la consiguiente identificación y valoración de los impactos y el consiguiente plan de mitigación, así como del contenido mismo del documento síntesis. Concluye que “la MGIA cumple parcialmente los requisitos de ley”, tras lo cual solicita otro estudio. De igual modo se expidió el Departamento General de Irrigación al afirmar que “no están dadas las condiciones para aceptar la MGIA, ni emitir dictamen sectorial”.
Resta determinar responsabilidad de parte de la autoridad de aplicación, la Dirección de Protección Ambiental. Al área le caben dos decisiones según el dictamen de la Fiscalía: suspender y volver todo a foja 0, es decir, ordenar otra MGIA que, de hecho, faculta a Oil a iniciar otro estudio.
Para el responsable de la DPA, Gonzalo Dávila, “administrativamente, hace casi un año que no hay avances. Sólo una consulta de la empresa tendiente a proponer un nuevo proyecto”.
Oil se había postulado en 2008 para licitar Río Diamante, con U$S 66 millones pero, casi 7 años después, la explotación sigue en veremos.
