Petrobras, corrupción y Rousseff

Las disposiciones tomadas por la presidenta Dilma Rousseff respecto de los hechos de corrupción llevados a cabo en la mayor empresa del Brasil representan una verdadera lección.

Petrobras, corrupción y Rousseff

El inicio del segundo período de gobierno de Dilma Rousseff se hace bajo una fuerte presión por los escándalos de corrupción que sacuden a la mayor empresa brasileña, la semiestatal Petrobras.

El Estado tiene amplia mayoría accionaria en la empresa, pero ésta a su vez cotiza tanto en las Bolsas del Brasil como de Estados Unidos. Pero además es necesario recordar que el primer período de Rousseff también estuvo atravesado por problemas de corrupción que se habían producido durante el gobierno de Lula.

En este caso se trató de hechos producidos entre los años 2003 y 2005; en este último año salieron a la luz y se inició un largo proceso judicial que terminó llevando a la cárcel a ex ministros de Lula y a los principales dirigentes del Partido de los Trabajadores, que gobierna desde hace ya 12 años.

También se procesó a importantes empresarios acusados de montar con los dirigentes del PT y funcionarios de gobierno un cártel de sobornos mensuales (de ahí el nombre de “mensalao” con que se popularizó), en el que el dinero estaba destinado a sobornar a los legisladores de la oposición para que aprobaran proyectos de la administración Lula.

En el caso de Petrobras, el dinero ha estado destinado en parte a financiar a los partidos políticos gobernantes y en parte a enriquecer a quienes realizaban las operaciones.

La investigación del fraude cometido en la petrolera consiste en los contratos que Petrobras celebraba con empresas constructoras. Se destinaba entre 1% y 3% de su valor para financiar las campañas electorales y pagar sobornos.

El gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y su aliado, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), fueron los dos principales beneficiarios.

Se estima que el monto del fraude asciende a 3.500 millones de dólares. Varios de los directivos y ex directivos de Petrobras han ofrecido devolver cientos de millones de dólares y denunciar a quienes recibían los sobornos para obtener penas más benignas en la Justicia.

Por este fraude hay decenas de funcionarios públicos y de las principales empresas del Brasil procesados y unos cuantos en la cárcel. La investigación se extiende ahora al financiamiento de la campaña electoral de Dilma Rousseff.

El escándalo Petrobras ha tenido una extraordinaria y grave consecuencia internacional. Un importante estudio de abogados de Nueva York ha presentado una demanda colectiva ante la Corte Federal de ese Estado.

Lo hace en nombre de quienes compraron acciones de la petrolera entre el 20 de mayo de 2010 y el 21 de noviembre de 2014, por considerar que durante ese lapso dichas acciones estuvieron notoriamente sobrevaluadas por las maniobras realizadas por los directivos y la información falsa que proporcionaron a la Comisión de Valores.

Se considera que Petrobras había sobrevaluado sus bienes e inflaron los valores de los contratos.

Los hechos de corrupción en la mayor empresa del Brasil es un caso muy interesante de las consecuencias sobre la reputación de una empresa cuando faltan buen gobierno y transparencia. Por primera vez, en 61 años de vida, Petrobras no tuvo un balance de resultados auditado internacionalmente debido a las denuncias de corrupción.

La cotización de las acciones de la empresa cayó al valor que tenían en el año 2003. Según el diario “O Estado de Sao Paulo” el valor de mercado de la empresa en marzo de 2008, en pleno auge de la compañía, era de 276.000 millones de dólares y ahora, a mediados de diciembre, había caído a 47.600 millones.

Tanto la presidenta del Brasil como la presidenta de la empresa, Graça Foster, han asegurado que las investigaciones seguirán hasta limpiar la empresa.

Resulta muy interesante el modo en que Dilma Rousseff ha iniciado su segundo mandato, poniendo como objetivos centrales la eliminación de la corrupción y de la inflación (un envidiable 6,5%), a la que se considera también como otra forma de corrupción.

Para ello ha dado amplias facultades al procurador de la Nación en la investigación y ha designado ministro de Economía a Joaquim Levy, economista formado en Chicago, quien era el candidato al cargo del contrincante de Dilma en la elecciones. Hay bastante para aprender de este proceso.

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