Con carteles, panfletos, ploteados, spots radiales, almanaques y hasta anuncios en las pantallas ubicadas en las principales entradas céntricas, muchos precandidatos a distintos cargos se dan a conocer en la vía pública.
El despliegue publicitario en danza desde hace tiempo llama la atención hasta del más desprevenido y alerta sobre su legalidad, si se tiene en cuenta que la campaña formal no puede comenzar sino hasta 30 días antes de los comicios.
Atento a esto, una resolución de la Junta Electoral provincial ordenó el 9 de diciembre “el cese inmediato de todo tipo de publicidad política realizada fuera del marco de la Ley 8.619 -PASO provinciales”.
Las advertencias anticipan sanciones que van desde penas económicas hasta la inhabilitación para competir. Pero aunque hace más de un mes que rige la normativa, las campañas electorales “camufladas” de algunos precandidatos, que se promocionan sin consignar el cargo al que aspiran, aún sobrevive en la calle.
En cuanto a la recepción que tuvo esta resolución, en los partidos políticos cuestionaron la norma y admitieron que los precandidatos no han dado marcha atrás a sus promociones aunque han aminorado la marcha.
En los cuestionamientos, una vez conocido el texto, el PJ presentó un recurso de reposición y la UCR un pedido de aclaratoria de la resolución, aunque ninguno de los dos tuvo respuesta aún.
El PD y el FIT también polemizaron y criticaron que, por un lado, la Junta los obliga a cumplir con los tiempos que estipulan las PASO pero, por otro lado, el Ejecutivo se niega a financiar las publicidades, tal como lo prevé la misma ley.
La resolución de la Junta Electoral está fundamentada en lo que la ley provincial de las PASO establece claramente: la publicidad de cada precandidato debe comenzar con 30 días de anticipación a las elecciones y, en el caso de los audiovisuales, 20 días antes.
Sin hacer caso de esto, muchos precandidatos empezaron antes con una campaña personalizada en la que consignan junto con una foto y nombre, un eslogan (que incluye el nombre del departamento que pretenden comandar) y el partido al que pertenecen, dejando de lado el cargo al que aspiran.
Esta estrategia es la que utilizaron distintos precandidatos a presidente, gobernador e intendentes a lo largo de la provincia. Los primeros carteles se dejaron ver a principios del año pasado, cuando comenzaron a aparecer los afiches de “Scioli 2015”. Con el correr de los meses, distintos aspirantes copiaron la maniobra y buscaron posicionarse de cara a las elecciones de este año.
Pero ante la invasión publicitaria, un particular radicó la denuncia y la Junta Electoral accionó. "Se va a tomar nota si continúan y en su momento, cuando se presenten las candidaturas, se verá cómo se va a sancionar", señaló Alfredo Puebla, secretario electoral.
Según explicó el funcionario, la Junta evaluará a partir de esta semana cómo relevar las propagandas que incumplen la Ley. En este sentido,
Puebla dijo que aún no está definida la metodología ni los criterios que se tendrán en cuenta para considerar las infracciones.
Las sanciones previstas para estos casos están contempladas en las leyes 7.005 (de regulación y financiamiento de campañas electorales) y en la 8.619.
Cuestionamientos
La resolución que prohíbe las propagandas electorales fuera de término fue firmada el 9 de diciembre por la Junta Electoral provincial y aclara que el hecho de que (en ese entonces) no existiera aún un llamado a elecciones, no habilitaba ningún tipo de publicidad, aunque éstas no nombren el partido ni el cargo del precandidato.
La norma fue comunicada por Puebla a cada uno de los apoderados de los partidos, quienes debían a su vez informárselo a los precandidatos que se lanzaban dentro de sus espacios. Pero en lo distintos sellos la resolución tuvo sus cuestionamientos, y algunos decidieron recurrirla.
El oficialismo fue el primero y presentó un pedido de reposición. Miriam Gallardo, apoderada del FPV, pidió como primer punto definir qué es lo que se entiende por campaña electoral: “Prácticamente nos dejan en una situación en la que el partido no podría hacer ningún tipo de actividad, sólo podríamos actuar 30 días antes de cada elección”. Esto lo contrastó con el derecho que tienen los partidos de difundir sus ideas.
La visión que tienen en el PJ apunta a que, mientras no haya ningún llamado a elección, cualquier persona se puede promocionar. “Esto es como prohibirle a un escritor que promocione su cara y su libro. Mientras no exista una convocatoria, no hay precandidatos”, señalaron en el partido. En este sentido, cabe recordar que esta semana el gobernador Francisco Pérez anunció que desdoblaría las elecciones provinciales. A su vez, 17 de las 18 comunas harán lo mismo.
En la UCR la interpretación de la resolución fue similar y el apoderado del partido, Jorge Albarracín, presentó un pedido de aclaratoria. “Si la publicidad ha existido no la ha hecho el partido, sino que la hicieron, por sí mismos, quienes quieren ser candidatos. Nosotros le pedimos a la Junta que nos digan cuáles son las sanciones y sobre quiénes recaen, ya que institucionalmente la publicidad no está pasando por el partido”, señaló.
En este sentido, los precandidatos de la UCR son los que más publicidad han extendido en los departamentos. Sobre esto, en el partido acotaron que este proceso de posicionamiento ha tendido a frenarse en los últimos días.
En los sellos con una estructura partidaria más chica también criticaron la prohibición de promocionar a sus candidatos antes de los 30 días de un comicio.
“La base que establece la Ley 8.619 para la cuestión publicitaria de las campañas pone a todos los partidos en igualdad de oportunidades y fija un tiempo determinado. Pero lo que modifica el Poder Ejecutivo con un decreto (el financiamiento) afecta al espíritu de equidad que implican las PASO, algo que a su vez es inconstitucional porque un decreto no puede modificar una ley.
En ese sentido, al no hacerse cargo ahora del financiamiento, los candidatos quedan liberados a hacer su campaña sin la normativa de hacerlo en un tiempo determinado”, interpretó Mario Fernández, apoderado del PD.
En el FIT apuntaron también a la falta de financiamiento estatal de las campañas y dijeron que ellos seguirán recorriendo “casa por casa” para dar a conocer las propuestas.
“La resolución es una impostura que quiere establecer la Junta, para mostrarse con una especie de autoridad frente a una situación en donde hay grises que hablan de una desorganización y en donde no hay una instancia de contralor. No tiene sentido pedir que no hagan campaña cuando todos la hacen. En el caso de Capital, Rodolfo Suárez tiene demoradas algunas obras, esa es otra forma de hacer publicidad”, opinó el apoderado del Partido Obrero, Víctor Da Vila.
