Existe una ley que obliga a asignar fondos específicos, pero luego de aprobarse el Presupuesto nacional 2017 el futuro del programa para combatir la plaga Lobesia Botrana, que afecta a 130 mil hectáreas de viñedos en Mendoza, sigue entre grandes interrogantes.
Es que más allá de la inclusión de un fondo nacional para sanidad vegetal, no existe especificación sobre los $ 400 millones que, en principio, Senasa e Iscamen necesitan con urgencia para financiar acciones de control.
La explicación oficial parte del hecho de que Senasa no cuenta con partida específica en ninguno de los programas de combate de plagas.
Todo está contemplado genéricamente en los artículos 71 y 72 del Presupuesto 2017.
Allí se menciona la asignación de $ 4.500 millones para sector agroindustrial, “y sanidad animal y vegetal”.
Es el dinero que debe provenir del 5% de quita de retenciones a la soja, de donde se nutren los $ 1.800 millones del llamado Fondagro, que a su vez nutriría con más de $ 400 millones al programa de control y erradicación de Lobesia Botrana para la próxima campaña.
De todos modos, en el sector vitivinícola esos argumentos no satisfacen y la preocupación crece al ritmo del avance de la polilla del racimo, entre otros aspectos, porque el hecho desnuda algunas contradicciones.
Es que en la última reunión del Consejo Federal Agropecuario en San Juan, el miércoles 30, el secretario de Agricultura de la Nación, Ricardo Negri, en una visita a San Juan, había calificado como “muy grave” la situación desatada por la plaga en los viñedos.
“En definitiva significa desconocer el problema, porque la ley es un hecho. La Provincia debe tomarlo como una cuestión de Estado y reclamar los fondos a la Nación. Si no, el daño a los productores, que ya están fundidos, será su certificado de defunción. Lo hemos dicho en distintas reuniones en el Ministerio: los más chicos y medianos no curan porque no tienen los medios para hacerlo”, enfatizó Daniel Rodríguez, de la Asociación de Viñateros de Mendoza.
El flamante presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, uno de los primeros dirigentes que se contactó con Buryaile, reclamó “claridad” y que la Provincia interceda.
Para el dirigente, “como no se describen específicamente los recursos para el programa de control y erradicación, hace falta precisiones también sobre su disponibilidad”.
Según informó Iscamen, durante la campaña 2015/16, con fondos nacionales, provinciales y propios a través del programa de control “se asistió aproximadamente a 22.500 hectáreas de vid y 1.900 productores en la provincia de Mendoza, distribuidas en los Oasis Norte, Este, Centro y Sur, cubriéndose principalmente las áreas más afectadas durante la temporada”.
Del texto al control
“En palabras, los funcionarios parecen asumir la gravedad de la situación pero, en los hechos, y la velocidad para resolverlos, parece que no”, añadió, contundente, Iannizzotto.
Este año se le reasignaron $ 60 millones con la perspectiva de que la pauta de gastos 2017 contemplara una partida específica, algo que, a la luz de lo ocurrido, no pasó.
En tal sentido, el subsecretario de Agricultura, Alfredo Aciar, dijo que “sin la obligación de la ley hubo fondos; ahora, frente a la sensibilización que ocasiona la polilla, con más razón los habrá”.
Mientras tanto, en los últimos 15 días la polilla, que ya afecta a 130 mil hectáreas, modificó el mapa de zonas en forma alarmante; los técnicos asumen que la forma más efectiva de hacerle frente es con difusores de feromonas, a un costo de 220 dólares por hectárea.
Igualmente, desde el sector primario advierten que los $ 400 millones no alcanzarán.
“Resulta insuficiente, porque se cuantifican los viñedos registrados y no las fincas abandonadas. Para colmo, convivimos no sólo con una plaga que crece exponencialmente sino con la presión impositiva, un cóctel explosivo", señaló Rodríguez.
Lucha antigranizo: conciliación obligatoria
Ayer, los pilotos del programa de lucha antigranizo iniciaron una medida de protesta por su salarios que implicaba la suspensión de los vuelos frente a un pronóstico de tormentas en varios oasis.
Pero finalmente, la Subsecretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria hasta el miércoles 7 de diciembre y el paro quedó en suspenso.
Concretamente, el pedido de los 19 pilotos nucleados en Apla es que el Gobierno provincial se haga cargo del 21% que les cabe por haber sido recategorizados como Responsables Inscriptos ante AFIP.
El Ejecutivo se niega a asumir ese costo adicional, tratándose de un impuesto nacional.
Pero hay otro litigio sin resolución por ahora: que el personal contratado pase a planta permanente.
“Es imposible hacerlo y a la vez mantener el nivel actual de salarios”, argumentan, respecto a sueldos que promedian los $ 40 mil.
