Economía
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hace 2 horas
Noemí Paz (59) trabajaba como cocinera en el instituto religioso para chicos sordos Antonio Próvolo (Luján), y lo hizo hasta el día previo a la intervención judicial (en noviembre del 2016) cuando se conocieron detalles de las aberrantes denuncias efectuadas por ex alumnos y que daban fe de abusos sexuales y casos de corrupción de menores que habrían sido cometidos en el lugar.
A raíz de los testimonios de víctimas y testigos, y de las pruebas recabadas en el expediente; el fiscal de la causa Gustavo Stroppiana la imputó como partícipe primaria en abuso sexual simple (uno de los hechos que se investiga). Y a principios de enero de este año, la Justicia dispuso su detención, puesto que se había mantenido "reacia" al momento de declarar.
Esta mañana, la Justicia de Garantías dispuso que Paz recupere la libertad (estaba alojada en la cárcel de El Borbollón), aunque al mismo tiempo confirmó toda la prueba en su contra y mantuvo la imputación.
La jueza Alejandra Alonso consideró que hay elementos suficientes que prueban que el hecho por el que está imputada existió y que la mujer es responsable. No obstante, le otorgó la libertad al considerar que también quedó comprobado que en todo momento la mujer estuvo en su casa -y no prófuga-, e incluso fue a votar y hasta se compró una casa durante el lapso en que era buscada para que se la notifique de la imputación.
Dentro de la causa, Paz cuenta con numerosas pruebas en su contra. Entre ellas, se destacan la declaración de dos de las víctimas -una de ellas de identidad reservada- y de 3 testigos que la ubican en la escena de los hechos.
"La acusación concreta es que no hizo nada cuando uno de los ex administrativos (NdA: aquel que además de ser sordo presenta un avanzado retraso mental y por estos días se define su imputabilidad) abusaba de un niño. Además -según el relato del padre de uno de los denunciantes-, la cocinera le dijo al hombre que ella sabía que su hijo había sido abusado, pero le pidió que no dijera nada porque la iban a echar", agregaron desde el foco de la investigación.
En la misma audiencia, la jueza Alonso dispuso para la cocinera una prohibición de comunicación y contacto con víctimas, testigos e imputados. Y fijó una fianza de 200.000 pesos para que recupere la libertad.
El abogado querellante Sergio Salinas celebró la resolución. "Si bien se le ha dado la libertad, estamos contentos porque la jueza considera que la imputada es responsable del hecho del que se la acusa y se da la posibilidad de que ahora vaya a juicio también ella", resumió.
La semana pasada la Suprema Corte de Justicia de Mendoza confirmó la prisión preventiva para los 5 primeros detenidos e imputados de la causa (los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho y los ex administrativos Jorge Bordón, Armando Gómez y un tercer involucrado cuyo nombre no se publica por disposición judicial ya que está en definición su imputabilidad). De esta manera, la Corte coincidió con el criterio del fiscal Stroppiana y el quinteto aguardará en prisión el inicio del juicio (la causa debería ser elevada antes del 4 de mayo, cuando vence la Investigación Penal Preparatoria).
Apoyo a los intérpretes
También la semana pasada, el abogado defensor de las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez (otras imputadas en la causa), Carlos Varela Álvarez solicitó la prisión para los intérpretes de lengua de señas y peritos oficiales (psicólogos y psiquiatras), a quienes ya había denunciado por falsedad y manipulación de información y testimonios de los ex alumnos.
La respuesta no se hizo esperar. Primero, de la querella, quien emitió un comunicado pidiendo respeto hacia las víctimas y defendiendo el accionar de los intérpretes y peritos; y luego de la Defensoría de personas con discapacidad. Esta última denunció "una maniobra peligrosa contra víctimas y testigos de la causa", al tiempo que manifestó su apoyo a los intérpretes.
El próximo lunes a las 19, familiares y sobrevivientes del caso Próvolo se concentrarán en San Martín y Garibaldi y marcharán una vez más pidiendo Justicia. Además, respaldarán el accionar de los intérpretes.
"Se van a llevar carteles de apoyo a los intérpretes. Ellos son la voz de nuestros niños, el grito a tantos años llamados a silencio. Es un trabajo impecable el que realizan", agregó Paola González, madre de una víctima.
Malestar
En los pasillos de Tribunales las últimas acciones del abogado de las monjas no cayeron del todo bien.
Es que dentro de la causa saben que los peritos e intérpretes son las dos columnas fundamentales, y resaltan que todos los recursos solicitados por la defensa para recusarlos y desacreditarlos ya han sido oportunamente rechazados por la Fiscalía o por la Justicia de Garantías. "Quieren ganar en la prensa lo que perdieron en el expediente", indicó una fuente de la investigación.
Otra de las molestias judiciales tiene que ver con la ventilación pública que la defensa de las monjas ha hecho en los últimos meses de detalles de delitos de instancia privada como son las denuncias por episodios de abusos sexuales.
"Se están ventilando públicamente cosas secretas del expediente, detalles de las declaraciones en cámaras Gesell. Y llevando a personas que nada tienen que ver con la causa grabaciones de esas entrevistas. Es algo que los chicos han contado en un ambiente secreto y contenidos. Es algo ilegal", manifestaron desde el foco de la investigación.
