El pleito entre el Departamento General de Irrigación y los titulares de permisos provisorios de explotación de pozos de agua subterránea en el área restringida de Alto Agrelo va evolucionando de diferentes maneras en las distintas instancias en donde está planteado.
El organismo del agua constató que ocho de las veinte perforaciones (que en principio parecen carecer de cobertura judicial por falta de notificaciones o de constitución de garantías) han hecho caso omiso a la primera intimación de 30 días hábiles y continúan funcionando de la misma manera que la otras doce que ya cuentan con 'amparos judiciales' notificados a su favor.
Ninguna ha sido sido cegada como ordenó y ratificó el Tribunal Administrativo de Irrigación en abril pasado. Entre las ocho perforaciones sin cobertura judicial aparente, hay por lo menos cuatro que permanecen en esa situación por no haber concretado aún las contracautelas exigidas por la Justicia, que oscilan entre 600 mil y un millón de pesos. Las que han realizado este paso, presentaron inmuebles o seguros de caución.
Todo gira en torno a veinte de los veintiún permisos provisorios otorgados, vencidos y cancelados por Irrigación a lo largo de tres años y dos gestiones (sobre el vigésimo primero no se ordenó su clausura ya que tiene destino de consumo humano).
Esto sucede en momentos en los que en Tribunales crecen los rumores sobre la inminencia de un fallo de la jueza Fabiana Martinelli, del Primer Juzgado de Gestión Asociada. Y las especulaciones previas le asignan mayores chances a un pronunciamiento en la cuestión de fondo a favor de los inversores. Según trascendió, Irrigación viene haciendo esfuerzos para evitar un pronunciamiento del tema en la primera instancia porque todos los recursos de los inversores ya están en la Suprema Corte.
Los accionantes interesados en no perder el uso de estas perforaciones son las empresas Aymuray (con permiso provisorio por tres pozos), KLP SA (dos pozos), Santa Croce SA (un pozo), Bulnes SA (dos pozos), Vignes des Andes (2 pozos), Golf Club Alto Agrelo (cinco pozos); Santa María de los Andes SA (dos pozos) y Cerezas de Argentina SA (tres pozos).
La estrategia del Departamento General de Irrigación apuntó inicialmente a que todas las causas se acumularan -de acuerdo al orden de presentación- en las manos del juez Sebastián Márquez Lamela del Segundo Juzgado de Gestión Asociada que -a diferencia de Martinelli- rechazó el recurso de Vignes de Los Andes.
Pero la inversora se retrajo en ese juzgado, desistió de la acción de amparo en la justicia ordinaria y -junto con otros inversores- acudió directamente a la Suprema Corte al apelar la resolución del Tribunal Administrativo de Irrigación que ordenó cegar los pozos. Por lo tanto, el tema en tribunales ordinarios parece dirimirse ahora en el área de la jueza Martinelli antes de que se produzca una definición final en la Suprema Corte
“El hecho de que los recurrentes ya se hayan presentado en la Corte, reafirma nuestra postura de que es allí donde debe discutirse el fondo de la cuestión”, afirmó el jefe de Gabinete de Irrigación, Juan Carlos Yapura. El funcionario espera un proceso judicial largo en el que no se descuentan los traspiés intermedios, pero confía en una resolución final favorable en el máximo tribunal. También recuerda que la Fiscalía de Estado apeló todas las medidas cautelares de los amparistas y solicitó su nulidad ante la Cámara de apelaciones sobre la base de que la jueza Martinelli no le corrió vista como a Irrigación.
