El Tribunal Constitucional peruano respaldó ayer el cierre del Parlamento ordenado por el presidente Martín Vizcarra, un acto sin precedentes en casi tres décadas.
Por cuatro votos contra tres, los miembros del máximo órgano en asuntos constitucionales desestimaron una demanda impulsada por el ex presidente del Parlamento que buscaba su reapertura. Al disolver el Congreso el 30 de setiembre, Vizcarra argumentó que estaba haciendo uso de los poderes que le otorga la Constitución.
En ese entonces el presidente había pedido un voto de confianza tras solicitar al Parlamento -dominado por la oposición- que elaborara requisitos más rigurosos para elegir a los seis miembros del Tribunal Constitucional, un órgano clave en el manejo del poder.
Pero el Congreso no tomó en cuenta el pedido presidencial y escogió a un integrante de la mencionada corte, lo que desencadenó su cierre.
De acuerdo con lo que establece la Constitución, el Parlamento de 130 miembros quedó reducido a 27 que conforman una comisión permanente que sólo tiene atribuciones para recoger todos los decretos supremos con los que Vizcarra gobernará hasta el 26 de enero, cuando se elegirán 130 nuevos parlamentarios.
Desprestigio
El disuelto Congreso estaba desprestigiado ante la población por la férrea defensa de sus autoridades investigadas por corrupción. La líder del partido dominante en el Congreso, Keiko Fujimori, estuvo detenida poco más de un año y sigue siendo investigada por presunto lavado de dinero de la empresa brasileña Odebrecht.
Existen grandes diferencias entre el cierre del Parlamento de 2019 y el ocurrido hace casi tres décadas.
En 1992, además de disolver el Congreso, el entonces presidente Alberto Fujimori (1990-2000) también cerró la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, detuvo al presidente del Legislativo, sacó los tanques de guerra a las calles y censuró a la prensa tras enviar escuadrones de militares que entraron por la fuerza a las redacciones, emisoras y televisoras.
