La reciente aparición del índice elaborado anualmente por el Foro Económico Mundial, nos devuelve a la triste realidad del continuado retroceso que en materia de competitividad registra la Argentina. Hay consenso general para definir la competitividad como una serie de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país.
Ese nivel de productividad determina el nivel de crecimiento o retroceso económico de una sociedad. El concepto de productividad, que mide el rendimiento de los distintos factores productivos, trabajo, capital, recursos naturales, es central en la economía. Si la productividad no aumenta, el desarrollo de la economía es imposible.
El índice elaborado por el Foro reúne doce pilares subdivididos en tres grandes componentes. El primero, que posee una ponderación de alrededor de 34%, describe indicadores de requerimientos básicos para generar competitividad. El segundo, 50% del índice, está descripto como potenciador de eficiencia. El tercer componente, con 16%, se refiere a la capacidad de innovación de la sociedad.
La ponderación de todos ellos nos ubican en el lugar 104, en el conjunto de 148 países para los cuales se relevan datos. Desde 2007 ha venido retrocediendo. Hace dos años se ubicaba en el lugar 85. Debemos consignar que Chile ocupa el 34, México el 55, Brasil el 56, Perú el 61, Uruguay el 85 y Bolivia el 98.
De algún modo hay situaciones paradójicas: en el conjunto denominado requerimientos básicos, se consideran las instituciones, infraestructura, condiciones macroeconómicas, salud y educación primaria. Es evidente la importancia de la salud y la educación primaria para la ganancia en productividad. En dicho indicador la Argentina ocupa el lugar 61, posición bastante aceptable en el ranking, pero el mal desempeño en los otros indicadores lleva a que en ese conjunto el puntaje sea muy bajo.
El peor lugar lo ocupamos en la institucionalidad, determinada por el marco legal y administrativo en el que interactúan los individuos, empresas y gobierno. En este rubro se señala el bajo desempeño en la defensa de la propiedad privada, la falta de confianza en los políticos, la creencia en que hay derroche en el gasto público. En todos los casos el país está en los últimos lugares de la tabla. Muy mala calificación recibe la política macroeconómica y no sorprende que el deliberado accionar a favor del cierre de la economía nos ubique en el último lugar entre los 148 países, en barreras aduaneras.
La diferencia de apertura de cada país está determinada por los gobiernos y son justamente las economías más abiertas las más prósperas, por su posibilidad de acceso a mercados más amplios y los avances de la innovación tecnológica.
Por cierto no hace falta mucha imaginación para saber que, con un gobierno que interviene discrecionalmente en todos los mercados, la Argentina se ubique muy mal en los denominados potenciadores de eficiencia, donde el buen funcionamiento de los mercados es muy importante. Sin duda que la maraña de regulaciones impuestas tanto por el Gobierno nacional, como por las provincias y municipios, asfixia la actividad económica y contribuyen decididamente a la baja productividad del país en su conjunto.
También se destacan los perjuicios que causan una alta y persistente inflación, una exagerada carga impositiva, un clima general poco favorable a la iniciativa privada y a la atracción de inversiones extranjeras directas, factor clave del crecimiento de los países emergentes.
En síntesis, estamos bastante mal en materia de competitividad global. En los últimos años, numerosos trabajos muestran que es por la calidad de las instituciones que una sociedad se organiza; reglas de juego claras, estables y generales; división de poderes, una Justicia independiente, vigencia en definitiva de la Constitución, lo que define las posibilidades de desarrollo de un país. Hace ya muchos años que vamos a contramano y los resultados están a la vista.
