Perpetua y cárcel común para siete represores en Mendoza

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 condenó a cadena perpetua y cárcel común para siete represores imputados por crímenes de lesa humanidad, en el marco del tercer juicio que se realizó en la provincia.

Los condenados son:

Paulino Enrique Furió

(absuelto en otro debate),

Juan Antonio Garibotte,

Juan Agustín Oyarzábal Navarro

, el ex jefe de operaciones (que ya tiene una condena a perpetuidad dada por este mismo Tribunal en el segundo juicio).

Además, los oficiales de la Policía provincial

Aldo Patrocinio Bruno Pérez, Ricardo Miranda Genaro y Armando Fernández.

También fue sentenciado

Francisco Alcides París

, de la Fuerza Aérea y que estuvo al frente de la Policía de Mendoza entre los años 1976 al '79.

En tanto, Dardo Migno

(condenado a 12 años de prisión en el juicio anterior) fue condenado a 14 años,

Ramón Ángel Puebla

, con prestación de servicio en la VIII Brigada de Infantería de Montaña fue condenado a 18 años y

Fernando Morellato Donna

a cinco años

.

La Fiscalía había solicitado las siete condenas a perpetua, aunque para los demás condenas de 20 años, mientras que las querellas, prisiones perpetuas.

Pablo Salinas, querellante por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) se mostró conforme con la sentencia, salvo con la pena a 5 años a Morellato, a la que calificó de “irrisoria y exigua“.

“A cualquiera por un delito común le dan cuatro o cinco años de cárcel, no se le puede dar cinco años por tormentos, pero habrá que ver los fundamentos para apelar”, adelantó el abogado.

Esta mañana, la explanada de acceso y la calle de la sede de los Tribunales se colmaron de público y miembros de organizaciones civiles que esperaban ansiosos el fallo y participaron del redescubrimiento del Friso de la Memoria, que había sido dañado en noviembre de 2011.

Desde avenida España y Pedro Molina, cientos de personas cantaron el Himno Nacional y aguardaron en forma pacífica la lectura de la sentencia.

En general, tanto las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, como los familiares de las víctimas e integrantes de la Agrupación Hijos, se mostraron conformes con el fallo, salvo con la pena a Morellato.

“Cinco años no es nada. Todos los condenados, en vez de sentir arrepentimiento demuestran ganas de seguir. No estoy de acuerdo con las prisiones domiciliarias, si están enfermos que se la aguanten en la cárcel como ellos hicieron con nuestros hijos”, opinó Margarita Barrera, de 88 años, quien perdió a su hijo Jaime Barrera hace 36 años cuando recién se recibía de médico.

En tanto, Carmen Doltz, quien tiene a su hermana Margarita desaparecida, se mostró a favor de la sentencia “que da una pequeña reparación y, al igual que todos los juicios en la Argentina, da un valor social y simbólico para cambiar la mentalidad y otorgar identidad a los desaparecidos”.

Según lo dictaminado, las cadenas perpetuas recayeron por ser "co autores mediatos penalmente responsables por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, por mediar violencia y amenazas, y asociación ilícita calificando los delitos de lesa humanidad cometidos en el contexto de genocidio".

En algunos casos también se aplicó homicidio agravado con el fin de asegurar impunidad, sustracción de un menor, robo, imposición de tormentos y lesiones gravísimas.

Furió, Puebla, Oyarzabal, Migno y Paris Francisca cumplirán condena domiciliaria, en tanto que Bruno, Garibote, Miranda, Fernández y Morellato lo harán en la cárcel mendocina de San Felipe dado que les revocaron los pedidos de prisión domiciliaria.

Si bien hubo satisfacción por el fallo condenatorio, tras siete meses de debate, ninguno de ellos rompió el pacto de silencio y dijo dónde se encuentran los cuerpos de los desaparecidos.

“En Mendoza el pacto de impunidad sigue vigente entre ellos, pero nosotros vivimos en un Estado democrático y no podemos hacer lo que ellos nos hicieron a nosotros”, manifestó Salinas, quien demostró “una enorme satisfacción por las siete perpetuas” y el hecho de que “represores emblemáticos de Mendoza ahora estén presos”.

Desde el 2 de agosto pasado, cuando se inició el debate, la tarea de los magistrados fue comprobar las denuncias de secuestros y desapariciones forzadas a 32 víctimas, de las cuales 29 fueron desaparecidas, uno falleció por muerte natural, y sólo dos (Oscar Martín Guidone y Roberto Vélez) permanecen aún con vida.

Entre la treintena de víctimas figuran Roberto Blanco, quien era militante peronista y jefe de transporte de la Dirección de Tránsito; Blanca Graciela Santamaría, estudiante de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNC); Miguel Alfredo Poinsteau, estudiante de la carrera de Ciencias Políticas en la UNC; Oscar Julio Ramos, integrante de Montoneros; y Oscar Daniel Iturgay, también Montonero, todos detenidos entre abril y noviembre de 1976.

El Tribunal estuvo integrado por Juan Antonio González Macías, Jorge Roberto Burad, Alejando Nosetti Achaval y Jorge Pizarengo.