El sociólogo español Manuel Castells ensayó con la idea de que Brasil está entrando a una dictadura sutil con Jair Bolsonaro en el poder: un sistema democrático en apariencia, pero cada vez más autoritario.
Después de vivir cerca de una década en Brasil, decidí salir del país y puedo constatarlo: cada vez hay menos margen para la oposición y más amenazas a la libertad de expresión en el Brasil de Bolsonaro. Lo confirman el constante uso de noticias falsas, la difamación de los adversarios del presidente, los ataques a periodistas, las declaraciones desde el Palacio de Planalto que incentivan el odio y las reacciones de los seguidores más radicalizados de Bolsonaro. Esto ha provocado un clima de persecución y violencia insano para una democracia.
El riesgo, cada vez mayor, es que de esta dictadura sutil se pase a una plena, como pasó en Venezuela. Allí también los primeros síntomas fueron subestimados. Hay quien dice que la comparación es osada porque considera a Nicolás Maduro “de izquierda”, mientras que Bolsonaro es de extrema derecha, pero el autoritarismo no distingue el espectro político. Lo más peligroso, en el caso del presidente brasileño, es que, como advierte el politólogo Celso Rocha de Barros, no heredó su ideología de los generales conservadores de la dictadura, sino de los torturadores.
Uno de sus métodos es el uso de bots y noticias falsas para destruir la reputación de sus adversarios. A principios de julio, Sérgio Moro, el ministro de Justicia brasileño, y el periodista estadounidense Glenn Greenwald fueron tendencia en Medio Oriente: un estudio analizó cerca de 220.000 tuits que defendían al exjuez y atacaban con noticias falsas a Greenwald —quien reveló ilegalidades en el juicio contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva— y mostró que buena parte eran bots que provenían de Irán.
Pero lo que sí molesta a Bolsonaro son las noticias verdaderas, lo que explica su furia contra el periodismo en general y contra Greenwald en particular. Un diputado cercano al presidente lanzó una campaña xenófoba para que el periodista estadounidense, quien vive en Brasil hace catorce años, fuese deportado. Moro, por su parte, lo acusa de ser cómplice de criminales y ha buscado obstruir sus revelaciones. Y Bolsonaro amenaza públicamente con meterlo preso.
En la retórica oficialista, el periodismo es una actividad delictiva y quienes critican al presidente, enemigos del Estado.
El de Greenwald no es un hecho aislado: en estas semanas, el presidente ha difamado también a la periodista Miriam Leitão de O Globo y ha acosado públicamente a Isadora Peron, colaboradora de Valor Económico. Tampoco es algo novedoso: el año pasado, cuando la periodista Patrícia Campos Mello reveló en un reportaje de Folha de São Paulo que Bolsonaro había gastado al menos 12 millones de reales (casi 3 millones de dólares) de procedencia ilegal para financiar el envío masivo por WhatsApp de noticias falsas contra su oponente en la elección, comenzó a ser difamada y amenazada.
En su último discurso de campaña, Bolsonaro prometió un país “sin Folha de São Paulo” y dijo que sus adversarios (“esos rojos”) deberían elegir entre la cárcel y el exilio. Pero lo más serio de las acciones y declaraciones del presiente es que se hacen desde el Estado y se traducen en acoso y violencia contra periodistas y opositores. Greenwald y su marido, el diputado David Miranda, comenzaron a recibir amenazas de muerte contra ellos y sus hijos. Así, se han ido sesgando unas de las mayores virtudes de la democracia más grande de América Latina: la existencia de contrapesos, la vigilancia opositora y la libertad de expresión.
A ocho meses de la llegada de Bolsonaro a la presidencia, ya hay varios políticos, periodistas y activistas que, como yo, eligieron irse del país. Yo pensé por primera vez en salir después de que mataron a la activista y concejala de Río de Janeiro Marielle Franco —asesinada por sicarios con vínculos con Bolsonaro— y me decidí cuando Bolsonaro ganó las elecciones. Ahora mis miedos sobre lo que vendría se están confirmando.
Uno de los políticos que eligió el exilio es el exdiputado Jean Wyllys, periodista y activista gay que, en la última década, fue el principal enemigo de Bolsonaro en el parlamento. Defensor de los derechos humanos y autor de proyectos legislativos como el del aborto legal y el matrimonio igualitario, Wyllys ha sido el político más difamado de Brasil: le han inventado proyectos de ley inexistentes, declaraciones falsas, fotos y videos trucados y hasta lo asociaron a la pedofilia. En el congreso, Bolsonaro lo llamó “culo ambulante” que “ama el aparato excretor” y “diputado con ‘h’ minúscula de homosexual”. Sin duda, la homofobia ocupa un papel central en el discurso de odio del presidente.
El año pasado, el diputado tuvo que hacer campaña en auto blindado y con custodia armada por las amenazas de muerte: “Voy a matarte con explosivos”; “¿Ya pensaste en ver a tus familiares violados y sin cabeza?”; “Vamos a secuestrar a tu madre”. Todo con copia a los correos electrónicos de su madre y sus hermanos, quienes no son personas públicas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución que advertía que la vida de Wyllys estaba en peligro y exhortaba al gobierno brasileño a protegerlos a él y a su familia. Pero tras la victoria de Bolsonaro, el diputado renunció al tercer mandato para el que había sido reelecto y se exilió en Europa. Al saberlo, el presidente celebró en Twitter: “¡Gran día!”. Las alertas de Wyllys no fueron escuchadas: aunque se abrió una investigación, la policía nunca tomó en serio las amenazas y la justicia poco hizo contra la distribución de noticias falsas.
El método que empujó al diputado al exilio está extendiéndose. La diputada Talíria Petrone recibe amenazas de muerte y el gobernador de Río de Janeiro le niega protección policial. El diputado Glauber Braga comenzó a ser difamado tras discutir con Moro y el asedio contra Greenwald no cesa. Bolsonaro insinuó que sus denuncias eran una conspiración gay entre el periodista, su marido y el exdiputado exiliado, “esa nena que está afuera de Brasil”.
La intervención de la CIDH en el caso de Wyllys y de algunos medios brasileños e internacionales frente al acoso a Greenwald fueron ejemplares, pero hace falta más para enfrentar a un gobierno cada vez más autoritario.
Nuestro continente ha vivido épocas oscuras de dictaduras que usaron el miedo, el silencio y la muerte como armas y dejaron heridas de las que nuestros países aún no se recuperan. La comunidad internacional debe permanecer atenta ante los incesantes ataques a los críticos de Bolsonaro y a los periodistas que hacen su trabajo. Solo así se podrá impedir que Brasil pase de una dictadura sutil a una dictadura plena.
Perfil
Bruno Bimbi es periodista y narrador. Ha escrito los libros Matrimonio igualitario y El fin del armario.
