Un nuevo motivo de preocupación por la calidad institucional que debe regir en el normal funcionamiento republicano constituye el anuncio de la creación de un tribunal de ética que tendrá como objetivo el juzgamiento del lawfare, término con el que se suele aludir al sometimiento del Poder Judicial por parte de la política.
En la Argentina el lawfare fue puesto en órbita como concepto por la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, durante su declaración indagatoria en el juicio por la obra pública en la provincia de Santa Cruz, proceso en el que se encuentra fuertemente involucrada. Sus dichos formaron parte de una estrategia que su defensa judicial y la de la de otros ex funcionarios y políticos detenidos y vinculados a los gobiernos kirchneristas adoptan ahora para insistir con que son presos políticos por influencia de la gestión encabezada por Mauricio Macri.
Ante esta polémica movida, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) lanzó una serie de advertencias sobre los reales alcances del pretendido tribunal de ética, con sede en Madrid pero con implicancias en nuestro país. La entidad manifestó preocupación y “absoluto rechazo” a la insólita movida, que tiene el rótulo judicial pero persigue indudables consecuencias políticas.
El cuestionamiento a la labor de los periodistas se ha acentuado en nuestro país en los últimos años a raíz de la investigación de hechos de corrupción que permitieron esclarecer irregularidades en el uso de los recursos públicos. “El trabajo de distintos medios y periodistas en la Argentina permitió que se destaparan grandes tramas de corrupción y que la Justicia avanzara luego en su esclarecimiento, como sucede desde hace décadas en todas las democracias modernas”, expresó Adepa al respecto.
En otro tramo de su duro comunicado, la entidad que nuclea a los principales medios del país indica: “Este autoproclamado tribunal del lawfare parte de la hipótesis de una supuesta estrategia orquestada entre sectores del Poder Judicial y la prensa, con objetivos ajenos a los de sus respectivas funciones en la sociedad. Sin autoridad alguna, pretende determinar lo que denomina ‘distorsiones a la verdad’. Y llega, incluso, a mencionar nombres de periodistas de reconocida trayectoria, con un claro objetivo de represalia y estigmatización”.
Esta reacción de Adepa se sumó a otras en el mismo sentido que surgieron ante la no muy lejana idea de establecer una suerte de Conadep del periodismo, o acciones similares, como el “juicio popular” contra periodistas en Plaza de Mayo, por idea de Hebe de Bonafini.
Además, como bien señalan las entidades periodísticas, en el terreno de la prensa esta trasnochada idea persigue el clarísimo objetivo de deslegitimar la labor de la prensa libre y perseguir a quienes pretenden investigar y denunciar al poder, que es una de las funciones básicas del periodismo profesional.
Se debe reiterar enfáticamente que la Argentina no tiene presos políticos, sino políticos presos, que deben explicar ante la ciudadanía por qué se hicieron descaradamente de recursos de todos los argentinos.
