Vértigo judicial. Como también sucede a nivel nacional, la agenda política local se concentra en los estrados de la Justicia. Desde noviembre pasado han sido imputados 19 ex funcionarios del peronismo, empezando por el propio ex gobernador Francisco Pérez. Nunca la Justicia mendocina llevó adelante una embestida de tal magnitud contra funcionarios de todos los niveles.
Hay un ex gobernador y dos ex intendentes. Hay cuatro ex ministros. Sin embargo ninguno de ellos pertenece a grupos políticos fuertes, salvo uno: el ex ministro de Hacienda y actual senador Juan Gantús, quien pertenece al sector Azul del peronismo.
El ex gobernador Pérez no tiene pertenencia a ningún espacio, lo mismo que el ex intendente de Santa Rosa, Sergio Salgado. El ex intendente Luis Lobos pertenecía a un sector que supo ser fuerte, La Corriente peronista que lideraba Carlos Ciurca. Ese espacio fue el más golpeado por los resultados electorales, incluido el propio ex intendente interino. La derrota y la sucesión de denuncias (tiene una docena de causas) dejaron solo a Lobos. Podría decirse que, hasta ahora, la embestida judicial ha apuntado a los más debilitados.
La maratón de imputaciones, en orden cronológico, arrancó con el ex intendente interino de Guaymallén y el ex ministro de Hacienda, Gantús, en noviembre pasado. Ambos eran investigados por el removido fiscal Daniel Carniello. Hoy esas causas las lleva adelante Juan Manuel Bancalari.
Lobos fue imputado junto a varios de los miembros de su gabinete: el secretario de Obras, Federico Sampieri; la contadora general, Matilde Musotto; los directores de Servicios, Rubén Carrera; de Espacios Verdes, Carlos González; de Obras Municipales, Daniel Adove y el subdirector de esta última área, Daniel Magallanes. La denuncia fue realizada por el concejal del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) Federico Telera, en base a una auditoría del Tribunal de Cuentas en que se describían irregularidades por $ 5,5 millones.
Lobos además tiene otra imputación más cercana, del 7 de abril, por dar contratos fantasmas en la comuna a la mucama y el jardinero que trabajaban para su suegra. La mujer también está imputada. En este caso, el fiscal que “le pintó los dedos” es Bancalari.
Al ex ministro Gantús se lo acusa de discrecionalidad en los pagos a proveedores del Estado, entre los que habría priorizado a algunos en detrimento de otros.
El que sigue en la línea de tiempo es otro ex ministro, el de Salud, Matías Roby. A mediados de diciembre fue imputado por la fiscal Claudia Ríos en una causa denunciada por Ampros. Roby habría faltado a su trabajo en la Dirección de Deportes: entre 2008 y 2010 tuvo 171 inasistencias.
El vértigo llegó a fines de marzo. El lunes 28 de marzo fue el turno del ex intendente de Santa Rosa, Sergio Salgado (PJ). El fiscal Garay le imputó administración fraudulenta, peculado, emisión de cheques sin fondos y asociación ilícita. Salgado está en el penal de San Felipe, junto al ex secretario de Gobierno, Néstor Trigo, y el ex contador de la comuna, Fernando Funes. También estuvo detenido el ex secretario de Hacienda, Franco Ojeda, quien recuperó la libertad la semana pasada.
El 29 de marzo el fiscal Bancalari imputó al ex gobernador Pérez por los reiterados incumplimientos de Chañares Herrados SA (Chasa) al contrato de prórroga de concesión de dos áreas petroleras y por no haber comprobado la solvencia de esa empresa cuando se firmó ese convenio.
El 2 de abril se conocía la imputación del ex director de Protección Ambiental, Gonzalo Dávila, por “incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad en concurso real con contaminación ambiental en grado de tentativa”. El caso es la perforación de un pozo petrolero a 150 metros del arroyo Carrizal, expediente que lleva la fiscal Ríos.
El caso Chañares Herrados seguiría dando novedades, puesto que también fueron imputados los ex subsecretarios de Hidrocarburos, Walter Vázquez (el 8 de abril) y Pedro Sánchez (12 de abril), y el ex ministro de Energía, Marcos Zandomeni (el 11 de abril). Todos por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Por último llegó el caso del ex titular de OSEP y ex ministro de Hacienda y de Agroindustria, Marcelo Costa. Fue imputado el jueves 14 de abril por la fiscal Ríos, por fraude a la Administración Pública.
Algunas causas emblemáticas y otras teorías conspirativas
Nunca faltan las teorías conspirativas para explicar procesos. Ahora hay quienes advierten cierta sintonía entre el procurador general de la Suprema Corte, Rodolfo González, y el gobernador Alfredo Cornejo. González es el jefe de los fiscales, la mano ejecutora de la embestida judicial; además, González ofreció una salida en el primer conflicto que tuvo Cornejo, el que lo enfrentó con la Suprema Corte por los presos sin orden de un juez de Garantías.
No faltan quienes sostienen que la sintonía es el germen de la embestida y que apuntar a los débiles del PJ debilita a todo el peronismo, aun cuando los imputados puedan merecer las imputaciones. Apuntar a los débiles también podría ser una especie de “darwinismo político” que permite la supervivencia del dirigente opositor más apto.
En el fondo, las teorías conspirativas nacen de la desconfianza en la Justicia para llegar a buen puerto y, si se llega al fondo, todos eran “perejiles”. Si nos remontamos a los casos recientes, ningún imputado célebre conoció condena. Uno de los casos más paradigmáticos fue el de los concejales de Las Heras que cobraron viáticos como sobresueldo. Todos fueron sobreseídos en 2010, tras 16 años de peregrinaciones.
Otro caso que ocupó los medios fue el conocido como caso de Los Cadillacs. En 2009 el Estado dio, a la productora Off Side, 315 mil pesos para cubrir los costos de un recital de la banda. Esa causa la llevó el ex fiscal de Delitos Complejos, Eduardo Martearena, quien fue promovido a juez de Cámara; entonces la tomó en sus manos el remplazante, Santiago Garay.
El principal imputado fue el ex secretario de Turismo, Luis Böhm, puesto que el dinero salió de esa dependencia. Garay pidió el juicio oral. Böhm fue sobreseído y ahora es senador.
Otro imputado célebre fue el ex intendente Víctor Fayad, por amenazas contra el periodista Ricardo Montacuto. Otra vez fue Garay el magistrado interviniente, quien pidió la elevación a juicio oral. Fayad falleció antes de llegar a esa instancia.
La última causa ruidosa fue la conocida como “Caso Mátar”, que también llevó adelante Garay. Los imputados en esta causa son cuatro: el ex secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán; el empresario de servicios de Comunicación, Gustavo Mátar, y los ex directores de Comunicación del gobierno de Celso Jaque, Pablo Catania y Ricardo Fúnez.
Garay ya ha pedido tres veces la elevación a juicio oral: la primera vez su pedido fue declarado nulo por la Cámara de Apelaciones; volvió a insistir y otro juez de Garantías, David Mangiafico, denegó el pedido. Curiosamente esa decisión fue apelada por los defensores de los imputados y la Cámara denegó esa apelación y Garay volvió a insistir. La causa está en manos de Mangiafico desde hace meses y todavía no hay señales de qué hará.
El caso De Rosas y el accionar de la fiscal Ríos
Hay una imputación que dio a conocer Los Andes el jueves pasado que no corresponde a un funcionario político: la del ex fiscal de Estado, Joaquín de Rosas, quien fuera removido de su cargo por el Jury de Enjuiciamiento en marzo de 2014. El miércoles fue imputado por la fiscal de Delitos Complejos, Claudia Ríos.
Ríos se activó en las imputaciones, tanto como otros dos colegas de Delitos Complejos: Juan Manuel Bancalari y Santiago Garay. La diferencia es que Garay viene activo con imputaciones desde hace tiempo y Bancalari es fiscal de Delitos Complejos desde fines de noviembre pasado, remplazando al removido Daniel Carniello.
La semana que pasó también se conoció que Ríos fue denunciada ante el Jury de Enjuiciamiento. La denuncia ingresó oficialmente el 4 de abril pasado. El 8 de abril Ríos firmó la citación a De Rosas y a su esposa, Viviana Noemí Quiroga para el miércoles 13, fecha en la que ambos fueron imputados.
En la noche del miércoles alguien filtró la información de que Ríos preparaba la imputación al ex ministro Marcelo Costa, quien se presentó espontáneamente el jueves 14 al mediodía ante la fiscal y se le comunicó la imputación.
Hablando de teorías conspirativas, no faltaron quienes interpretaran el vértigo de Ríos como un mensaje hacia Casa de Gobierno, teniendo en cuenta que, el jueves 21, el Jury de Enjuiciamiento deberá analizar si acepta o rechaza la denuncia en su contra.
Anterior a la denuncia ante el Jury fue la imputación a Gonzalo Dávila, quien fue funcionario de Francisco Pérez y Celso Jaque, pero también estuvo en los asuntos ambientales con Julio Cobos y hasta hace pocos días estaba en la comuna de Guaymallén con el radical Marcelino Iglesias. ¿Imputar a Dávila era un golpe al peronismo?
En la causa en que fue imputado Dávila habían otros denunciados: el titular de Irrigación, José Luis Álvarez y el intendente de Luján de Cuyo, Carlos López Puelles. Ninguno fue mencionado por la fiscal Ríos, hasta ahora.
