El gobernador Francisco Pérez, quien asistió ayer a la audiencia pública en el Senado de la Nación en la que se buscaba instalar el proyecto de ley de edulcoración de jugos naturales, reclamó a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) que amplíe su base de productores para sustentar pedidos.
“Rescato la institucionalidad y el Plan Estratégico Vitivinícola, pero llamo a la reflexión a la mesa de la Coviar. Se está quedando sin bases territoriales que muestren la realidad. Cuando se sientan con el ministro (de Economía, Axel) Kicillof, no se trata solamente de pedirle $ 500 millones para que subsidie la compra de vino, sino mostrarle cómo está la vitivinicultura”, sostuvo el mandatario, luego de adherir a la solicitud de que el proyecto se convierta en ley, con lo cual se destinarían al mercado de las bebidas gaseosas más de 57 mil toneladas de mosto.
Ante la consulta sobre qué sectores, a su criterio, no están representados, el mandatario aseguró que “no están sentándose a la mesa los verdaderos hacedores de la vitivinicultura. Salvo la Asociación de Viñateros (AVA) faltan los pequeños productores, más representatividad. No toda la vitivinicultura está institucionalizada. Por ejemplo, la agricultura familiar y los contratistas de viña. Son discusiones que hay que dar”.
A modo de respuesta, desde el seno de la Corporación garantizaron que la apertura a la incorporación de otras entidades está en consideración del directorio. “Quien quiera participar puede hacerlo de hecho. Integrarse institucionalmente requiere contar con personería jurídica y de un proceso a partir de una solicitud formal. Pero hasta ahora no hemos recibido ninguna”, señalaron desde la Unión Vitivinícola Argentina (UVA).
La última entidad en adherirse fue la Federación de Entidades Vitícolas, a la que pertenece la actual presidenta de la Corporación, Hilda Wilhelm. Actualmente, el directorio, que integran también los Estados provinciales, trata pedidos formales de incorporación de los gobiernos de San Luis y Córdoba.
Para Sebastián Lafalla, de la AVAM, “hay objetivos que no han podido cumplirse como la integración rentable de los productores. Algo no atribuible a la Coviar sino al contexto, pero que igualmente obliga a corregir algunos aspectos”.
Entre polémica y consensos
Previo a la insospechada polémica, funcionarios, legisladores y dirigentes habían alcanzado a cerrar filas en el Salón Azul de la Cámara alta, en torno al tema convocante: una ley que abra el mercado nacional de las bebidas analcohólicas al mosto y jugos de frutas como sostén de 13 economías provinciales.
Primero, Carlos Fiochetta, gerente técnico de la Coviar, había hecho una reseña con los puntos principales de la iniciativa: desde el incentivo de una baja de la alícuota del 28% al 18% para las bebidas que usen jugos naturales, hasta la inserción en un negocio que factura anualmente U$S 9.000 millones en base a un consumo per cápita nacional de 100 litros por año. El objetivo: que el mosto capte así 57 mil toneladas de las 122 mil que comercializa el jarabe de maíz.
Junto al propio Pérez y el senador nacional por Mendoza Adolfo Bermejo, se sentaron sus pares Aníbal Fernández y Miguel Picchetto, referentes del oficialismo en el Congreso. Ambos, a propuesta del diputado mendocino Guillermo Carmona, se comprometieron a participar de la discusión en la Cámara baja para acelerar su aprobación en el Senado.
“Ratificamos que no va en contra del sector azucarero ni del jarabe de maíz de alta fructuosa, que tiene versatilidad para acceder a distintos mercados sino a favor de las economías regionales. En ese aspecto fue un gran avance asegurar un piso de edulcoración del 75% para el azúcar, y esperamos que se trate pronto en el recinto”, resaltó Carmona.
Incluso hubo consenso desde la oposición. Poco después de que los senadores del FPV, Fernández y Pichetto, se comprometieran a discutirlo, el radical Ernesto Sanz se encargó de aclarar que “es un proyecto que no diferencia banderías políticas. Todos queremos que salga. Así que a ponerse a trabajar por la ley”.
Cómo enfrenta el lobby
A su turno,el propio gobernador Pérez también avaló la iniciativa, pero redobló la apuesta al pedir una rebaja del IVA del 21% al 10,5% porque, adujo, el mosto debe ser considerado un alimento. “Lo hemos discutido con las entidades y hay algunas iniciativas legislativas”, expresó el mandatario.
La duda es cómo afrontar el lobby de las grandes corporaciones de jarabe de alta fructuosa y de las azucareras, reticentes al proyecto.
"Haciéndoles ver que las economías regionales se sustentan en los pequeños minifundistas y que en esto hay lugar para todos. No estamos en contra de la rentabilidad de las gaseosas pero hay un crecimiento desmedido. Que se consuman 4 mil millones de litros y caiga sostenidamente la demanda de vino y de jugos indica que algo está mal. No queremos 4 ó 5 marcas que monopolizan el mercado ni fincas destruidas en todo el país", dijo Pérez.
