Antes de finalizar su mandato, el gobernador Francisco Pérez pretende comprar más móviles policiales y ambulancias, siempre y cuando consiga la autorización para un nuevo endeudamiento por 64 millones de pesos. Para esto, deberá conseguir, por un lado, que la Legislatura apruebe el crédito solicitado y, por otra parte, deberá seguir las gestiones con la Casa Rosada, encargada de licitar los nuevos móviles.
Hace cinco meses, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dispuso, a través de un decreto de necesidad y urgencia, la creación de un fideicomiso para que las provincias puedan financiar la compra de vehículos destinados a las áreas de Salud y Seguridad. Se trata del Programa Federal de Fortalecimiento Operativo de las Áreas de Seguridad y Salud, al cual Mendoza busca adherir.
Con estas intenciones en mira, Pérez se reunió hace unos días con la titular de Seguridad de la Nación, María Cecilia Rodríguez, con quien acordó avanzar en la suscripción de este plan. Casi a modo de anuncio, el mandatario publicó la novedad en su cuenta personal de Twitter:
“Se preparó el llamado a licitación para 250 móviles policiales y 12 ambulancias para Mendoza por un monto de $64 millones”. Aunque en el proyecto de ley cambian algunos números y no será la provincia la encargada de elaborar los pliegos licitatorios.
Pero para esto deberá sortear un primer paso: la oposición tendrá que aprobar una nueva toma de crédito. El proyecto que pide la autorización para la compra de “125 móviles policiales, 60 camionetas, 10 ambulancias de baja complejidad, 2 ambulancias 4x4” ingresó por el Senado y ya tomó estado parlamentario, por lo que deberá ser tratado primero en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), para luego pasar a Hacienda y Presupuesto. De lograr la media sanción, deberá correr la misma suerte en Diputados.
Con el camino legislativo trazado, la pregunta que surge es si Pérez conseguirá los dos tercios para un nuevo endeudamiento. Cabe recordar que el pedido de crédito es un tema que enfrentó y enfrenta al oficialismo y la oposición en los debates presupuestarios. Y más atentos a que aún no está aprobada la pauta de gastos para este año.
A su vez, resta conocer los detalles de la operatoria, la cual será a través del Banco Nación. Aún no hay especificaciones en torno al interés que deberá pagar la Provincia (a través de deducciones a la coparticipación) y el plazo que tendrá para hacerlo. Por otro lado, no hay un detalle de cuánto se pagará por cada unidad.
Salvando estos datos, en la oposición no vislumbran mayores impedimentos en la discusión. El senador radical Sergio Moralejo anticipó que si bien todavía no tiene en manos el proyecto, “los cuestionamientos a la toma de deuda han estado cuando el destino es para cubrir déficit o gastos operativos”.
Pero tal vez sea más dura la gestión a nivel nacional, después del congelamiento de las relaciones de Pérez con la Presidenta.
De esta manera, y si los planetas se alinean, Pérez podría irse de su gestión habiéndole dado un impulso a la flota de Seguridad y Salud, aunque las deudas van a quedar para las próximas gestiones. En los antecedentes, en abril del 2014 el Gobierno provincial incorporó 87 móviles policiales y destinó $ 26 millones. En aquel entonces, este diario dio cuenta de que el Estado pagó por los vehículos un 70 % más que su valor de mercado.
La gran diferencia en los valores tuvo varios compuestos, entre ellos, la adaptación de los rodados para su funciones específicas y la condición de no ser un cliente particular: el Estado siempre paga un sobreprecio por las demoras en cancelar.
