El gobernador Francisco Pérez definió a Omar Palermo, como su candidato a integrar la Suprema Corte de Justicia, en el lugar que dejó la jubilación del juez Fernando Romano. Se trata del actual fiscal general y coordinador de la oficina de asistencia en causas por violaciones a los derechos humanos en la Justicia federal en Cuyo. El Gobernador mantiene con él una excelente relación, al punto que una de sus funcionarias -la subsecretaria de Justicia, Romina Ronda- ocupa ese lugar por sugerencia de Palermo. Ronda asumió un cargo para el cual el ministro de la Corte, Mario Adaro, propiciaba a Nicolás Pizzuto.
"Andá preparando el currículum", le dijo por celular el Gobernador al confirmarle la nominación. Palermo aceptó, a pesar de que su decisión le hará perder los nueve mil pesos de diferencia entre la asignación de la fiscalía federal de Cuyo (unos 36 mil) y la de la Corte Provincial de Mendoza (27 mil). El pliego de Palermo no había ingresado anoche al Senado y se presume que lo hará en las próximas horas.
De esta manera el Gobernador completa un ciclo de cuatro nominaciones en un mes y medio que se inició con la propuesta de Héctor Caputo (aprobada por el Senado) para el Tribunal de Cuentas, la reciente candidatura al directorio del EPRE de Jorge Mastrascusa y la designación de Eduardo Cicchitti en la Inspección de Seguridad. Todo en medio de un proceso de creciente deterioro de relaciones con la conducción de la Unión Cívica Radical, a raíz de las diferencias existentes sobre el proceso de las reformas constitucional y política.
En la noche del lunes durante el acto aniversario de la Policía de la Provincia, Pérez se pronunció por una "fuerte articulación con el Poder Judicial", defendió su proyecto de autarquía jurídica y se inclinó "por el diálogo con el Poder Judicial, a diferencia de la confrontación de otros momentos". Y lo dijo ante la presencia del procurador de la Corte, Rodolfo González, en otros momentos duramente cuestionado por el ex secretario general de la Gobernación de Celso Jaque, Alejandro Cazabán. Cuando pronunció esa frase, el Gobernador ya había hablado por teléfono con el presidente de la Suprema Corte, Pedro Llorente, para adelantarle la nominación de Palermo.
El virtual "procurador federal" de Cuyo, reemplazó en 2010 a Santiago Teruel, tras su jubilación. Entre los años 1993 a 2009, Palermo se desempeñó en la Justicia Provincial como fiscal de Instrucción en San Martín y juez de Instrucción en la Primera Circunscripción. E integró la Tercera Cámara del Crimen, hasta que pasó a la órbita federal.
En la Justicia Federal se destacó por impulsar el desarrollo de los juicios por delitos de lesa humanidad y por llevar adelante la causa Otilio Romano, tanto durante la destitución como luego de la fuga hacia Chile.
En tribunales provinciales intervino en condenas de causas de fuerte repercusión. Entre ellas el motín vendimial, el asesinato de la maestra Claudia Oroná y el descuartizamiento en la Penitenciaría del penado Sergio Salinas. Durante el asalto al diario Los Andes (1999) -con tiroteo y allanamiento-, se ofreció como "juez-rehén" junto al jefe de Policía Adolfo Siniscalchi, a cambio de una liberación de otros "rehenes" que -en realidad- terminaron siendo familiares cómplices de los delincuentes.
