Sociedad
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hace 1 minuto
El arranque de las
negociaciones salariales
de este año caldearon una vez más la relación entre los distintos dirigentes sindicales y el Gobierno. Hoy,
el gobernador Francisco Pérez
marcó su postura con respecto a las paritarias que se llevan adelante en la provincia, advirtió que “
no se pueden hipotecar las cuentas públicas" para llegar al porcentaje de aumento que piden los gremios
y pidió que se busquen acuerdos “lo más razonables posibles”.
En medio de los sucesivos rechazos de los sectores a las propuestas llevadas por el Ejecutivo por considerarlas "insuficientes" y de las constantes referencias de los dirigentes gremiales al incremento que recibieron las autoridades de Gobierno y legisladores para este 2013, Pérez salió al cruce.
El mandatario señaló: “No hay aumento salarial para ningún funcionario. Se trata del reconocimiento de un pie de igualdad de lo que todos los trabajadores del Estado tienen que es el título profesional y la antigüedad. Esto no llega ni a los 30 millones de pesos, cuando en el caso de la paritaria docente estamos hablando de una masa salarial de unos 600 millones de pesos y otros tanto para Salud. No son más que chicanas políticas”.
Mientras el Gobierno provincial impulsa una propuesta de suba salarial con bases comunes para todos los gremios (que por ahora oscilan entre el 19% y el 21, 3%),
ATE y Ampros piden un incremento del 50% de aumento
sobre la asignación de clase y ATSA, un 25% de bolsillo. En tanto que
el gremio de los docentes ratificó que no negociará por debajo de un 30 por ciento.
El mandatario hizo estas declaraciones ante la consulta de los medios una vez finalizada la presentación oficial de la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial, organismo encargado de coordinar el proceso de formulación del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial (PPOT) previsto en la ley 8.051 de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo, sancionada en 2009.
“No vamos a hipotecar las cuentas fiscales,
estamos con un déficit importante en la Provincia
. Vamos a ofrecer todo lo que se pueda. Pero además no sólo se les ha presentado un porcentaje, también estamos ofreciendo otras cuestiones que tienen una incidencia directa en el bolsillo de los trabajadores”, aclaró Pérez.
Pérez también respondió a la intención de los gremios de hacer paros, movilizaciones
e incluso no comenzar las clases el próximo 25 de febrero sino consiguen lo que vienen reclamando para mejorar sus salarios y condiciones laborales. "Si eso pasa será una responsabilidad del SUTE. El gremio deberá dar cuenta de esa acción”, en referencia puntual a la amenaza del gremio docente luego del fracaso de las negociaciones.
La Agencia de Ordenamiento Territorial
La Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial tendrá como objetivo impulsar e instrumentar políticas que permitan "planear y gestionar los usos más adecuados para un espacio previamente definido", detalló el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Marcos Zandomeni.
La Agencia "impulsará e instrumentará el Ordenamiento Territorial de nuestra provincia", dijo el funcionario, y agregó que "se pueden planear y gestionar los usos más adecuados para un espacio".
Para ello, sostuvo, "se realizan estudios sobre el medio y las actividades humanas que allí se desarrollan", cuyo objetivo "es el óptimo aprovechamiento del espacio físico sin dañar los recursos naturales que sostienen la vida de una comunidad".
A través del ordenamiento territorial se pueden determinan las áreas naturales que podrían protegerse y las mejores para urbanizar, así como qué tipo de desarrollo urbanístico es el más conveniente, qué servicios públicos son necesarios y con qué recursos deberá afrontarse la planificación, explicó Zandomeni.
Asimismo, permite "detectar las potencialidades y las limitaciones de cada espacio para recibir o sostener distintas actividades", entre otros aspectos.
La creación de la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial se establece en el artículo 41 de la Ley 8.051 de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo, como organismo desconcentrado en el ámbito de la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Está integrada por un Comité Ejecutivo formado por un presidente elegido por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, y seis vocales.
