Los complicados días de la semana pasada, con tránsito caótico a raíz de movilizaciones, piquetes y caravanazos gremiales, pueden repetirse y hasta agudizarse en las jornadas venideras debido a que, a la huelga y las protestas anunciadas por los sectores de la Salud, la Administración Central y la Justicia, se sumará el postergado paro por 72 horas de los docentes, que también incluirá manifestaciones.
Así, la superposición de reclamos puede transformar, a la que empieza, en la peor semana del año para la gestión del gobernador, Francisco Pérez, quien de todos modos buscará desarticular esas medidas a través del mejoramiento de las ofertas salariales, aunque sin descartar acciones contundentes como la conciliación obligatoria o la aplicación de aumentos de sueldos por decreto.
Las partes dicen tener intención de solucionar con rapidez el conflicto. Sin embargo, no se distingue, al menos en el corto plazo, un final que conforme a todos.
El foco más duro
En el caso de la Salud y la Administración Central, lo que se viene es una ampliación de las medidas de fuerza. La semana pasada fueron 48 horas de paro y una especie de "guerra de guerrillas"con piquetes en distintos puntos que generaron serios inconvenientes en el microcentro y demostraron que la lucha en estos sectores no será fácil de sortear para el Gobierno.
ATE y Ampros avisaron que del miércoles al viernes próximo no asistirán a los lugares de trabajo, reiterarán los piquetes y "hasta se generarán rondines alrededor de la Casa de Gobierno", como adelantó el secretario gremial de ATE, Roberto Macho.
Los gremios de la Salud piden una mejora no menor al 45%, en una sola cuota y retroactiva a enero y aseguran que nada cambiará ese pedido. La última oferta del Gobierno, hecha hace dos semanas, está muy lejos de esa pretensión, ya que implica un 20% en tres etapas (10% en marzo, 5% en agosto y 5% en octubre), además de dos adicionales de $ 250 en negro.
El lunes pasado los gremios salieron indignados de la Subsecretaría de Trabajo porque el Gobierno no asistió a la reunión prevista, escudándose en que estaba reunido con el SUTE. Por eso labraron un acta, denunciaron la "incomparecencia del Ejecutivo" y ratificaron las 48 horas de paro que cumplieron, que ahora se extenderán a tres días.
El Ejecutivo respondió con dureza. "Los días no trabajados en el próximo paro anunciado también serán descontados", advirtió el jueves en Twitter el ministro de Salud, Matías Roby. "Voy a pedir la conciliación obligatoria", lanzó el viernes el Gobernador.
Pero con el correr de las horas los decibeles oficiales bajaron. "Acompáñennos en este proceso de recomposición salarial en el que buscamos que quienes menos perciben sean los reales beneficiarios del cambio", escribió Roby ayer en la red social.
Por su lado el coordinador paritario del Gobierno, Andrés Cazabán, resaltó el gesto de buscar el diálogo: "Adelantamos la paritaria al martes (estaba prevista para el miércoles), con la idea de acercar una nueva oferta".
Con esto, es posible que Pérez revea la decisión de la conciliación obligatoria. Más allá de eso, en el gremio están dispuestos a seguir con la medida de fuerza. "La conciliación obligatoria es improcedente", destacó Macho, dado que para ellos el conflicto se arrastra del año pasado y ya fue dictada esa medida de acercamiento obligatorio. "Además, el Gobierno ya mostró su mala fe al no asistir al último encuentro", añadió, confirmando que recurrirán legalmente la medida si se produce.
De similar modo opinó el judicial Carlos Ordóñez, cuyo gremio tampoco aceptó la oferta oficial y ratificó "tres jornadas de protesta para la próxima semana", convocando a asambleas el martes a las 8 de la mañana para definir la modalidad, que puede ser adhiriendo al paro, en asambleas o con trabajo a reglamento.
La lucha docente
La situación en el caso de los maestros constituye un similar grado de conflictividad, aunque con otros condimentos. Luego de casi dos meses de iniciada la paritaria, el ciclo lectivo mendocino no logra arrancar con fuerza. "Es un error que vayan al paro porque rompen el diálogo", señaló Cazabán. "No se nota que el Gobierno quiera solucionar el conflicto", lanzó el titular del SUTE Adrián Mateluna, con lo que demuestra la falta de acercamiento.
Pero Mateluna tiene una carga adicional que se relaciona con los duros cuestionamientos internos por haber cedido al Ejecutivo la semana pasada, cuando luego de la última oferta, que implicaba un incremento global del 30,5% pero en tres etapas, decidió suspender el paro de 72 horas previsto.
El resultado del último plenario fue un mensaje sin ambigüedades: ratificar el paro de tres días e insistir con el reclamo de por lo menos 30% de aumento para todas las categorías, de una vez, y retroactivo a enero.
En el Gobierno intentarán frenar otra vez la huelga. "Haremos todo lo posible para que haya clases y diálogo", insistió Cazabán, quien a pesar de asegurar que en el Gobierno "no hay un peso más de lo ya ha ofrecido", avisó que en estas horas se analizan "instrumentos para acercar posiciones", por lo que podría aparecer una propuesta superadora entre hoy y mañana feriado. "Sería algo excepcional pero podría ocurrir", confirmó el subsecretario de Trabajo Rubén Boris.
El problema es que a raíz del fin de semana largo, Mateluna casi no tiene margen para desactivar el paro si aparece esa oferta tentadora. "No se puede hablar de suposiciones", indicó el gremialista, aunque reconoció que si la oferta llega y está dentro de los términos que los maestros exigen, "llamaría a una reunión de urgencia" para tratar la propuesta.
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