Que Alfredo Cornejo recibía una Provincia en crisis financiera no es novedad. Lo que no se conocía era la magnitud de la crisis, que se traduce en un fuerte déficit financiero que al decir del nuevo gobernador y de su equipo, llega a $ 11.802 millones, un valor muy lejano a aquellos $ 5.800 millones autorizados en setiembre para endeudarse.
Un valor cuyo responsable es, según el nuevo Gobierno, precisamente la gestión provincial que salió hace menos de una semana.
Eso fue lo que el equipo de Gobierno, encabezado por Cornejo y Laura Montero, comenzó a dilucidar con una “auditoría interna”, que “todavía no está terminada” y que tendrá además una continuidad en una “auditoría externa” que aún realiza personal de la AGN (Auditoría General de la Nación) y que, como informó Montero, tendrá algunos primeros informes la semana que viene.
El ministro de Hacienda, Martín Kerchner, fue el encargado de presentar el duro informe que indica, entre otros aspectos, que en Salud se les debe a los principales hospitales casi $ 181 millones, razón por la cual faltan insumos médicos y hasta “combustible para las ambulancias”. Que en Educación se adeudan $ 100 millones a proveedores.
Que en Infraestructura esa deuda es de $ 143 millones, pero hay otros $ 63 millones a pagar para obras de infraestructura básica, y que además faltan $ 424,5 millones para terminar viviendas que fueron promesas sin cumplir. Y que en Seguridad, entre las fuertes falencias, del total de 2.242 móviles, “900 están fuera de servicio”.
“Debemos mejorar la situación, pero por principio republicano y estricta justicia debemos decir en qué estado recibimos la Provincia”, se anticipó a decir Cornejo antes de presentar a Kerchner para que explicara los gráficos.
Así, el Gobernador volvió a quejarse de las complicaciones que hubo para conocer en detalle la información que le pidió a Pérez en los casi 6 meses que duró la transición y esa fue la razón por la que hizo la presentación, calificando de “devastador” el paso de la administración anterior, aunque se comprometió nuevamente a darle “lo más rápidamente posible” solución.
En la jornada del martes, en Casa de Gobierno se manejaba una fuerte expectativa de lo que se presentaría, al punto tal que empleados de los distintos ministerios no hacían más que contar las cosas que faltaban en las dependencias. Desde cuadros hasta escritorios, desde insumos hasta cualquier elemento de trabajo perteneciente al Estado, ya no están.
Con ese ánimo, Kerchner asumió esta “rendición de cuentas” inicial para “empezar de cero” la gestión, con la dureza de los números. Primero recordó que de 2008 a 2014 hubo déficit “estructural”, época en la que “se gastó más de lo que ingresó”.
Recordó también que el presupuesto 2015 que impulsó Pérez en noviembre del año pasado, y que sólo tuvo aprobación parcial en Diputados, planteaba un superávit, pero que no se logró y, por el contrario, el déficit es tal “que todavía no tiene número definitivo”.
Según el informe entonces, los $ 11.802 millones de déficit se componen primero, de una deuda flotante de $ 2.916 millones. En ese monto, que es lo “exigible” a pagar hoy, se ve que a los proveedores se les deben $ 1.037 millones, a los municipios, por coparticipación, $ 55 millones y a la Osep, unos $ 275 millones, entre otros varios conceptos.
Pero además de esa deuda actual están los montos a saldar antes del 31 de diciembre y que terminan conformando el déficit. Allí están los pagos de aguinaldos, sueldos y una quincena de coparticipación municipal, unos $ 2.410 millones, que se agregan a los $ 2.200 millones que ya se le deben, por refinanciación, al Banco Nación .
También se integran $ 2.548 millones de un “fondo unificado 100%”; el anticipo de coparticipación federal, por $ 500 millones, que Pérez usó para pagar sueldos; $ 80 millones que fueron adelantados como subsidios para el Transporte, que sirvieron para pagar sueldos de choferes. Y finalmente, la llamada “deuda pinche”, sin registrar y que según las indagaciones del Gobierno llega a $ 1.148 millones.
Más allá de la desazón por las cifras, Cornejo se mostró confiado en variar la situación. Aseguró que seguirá gestionando nuevos créditos, confirmó que en la nueva ley Impositiva “no habrá aumento de alícuotas”, porque es “esclavo de la palabra” que dio en campaña. Y volvió sobre el punto que más marcó para ganar: “Se trabajará en bajar el gasto”.
