A seis meses de cerrada las últimas paritarias estatales, los gremios aseguran que hay trabajadores que aún no ingresan a la planta permanente del Estado, compromiso que quedó firmado en esa negociación salarial.
Si bien en el nuevo gobierno aún no tienen un número preciso que contraste cuántos debían entrar y cuántos realmente lo hicieron, en los distintos sindicatos hablan de cerca de 2 mil personas que ya deberían estar efectivizadas y aún no lo logran.
Y todos apuntan a una “decisión política” del ex gobernador justicialista Francisco Pérez. En este sentido, un funcionario del anterior gobierno aseguró que en su último contacto oficial con los papeles, se encontró con 800 cargos atorados “en el cuello de botella de Contaduría General de la Provincia”, uno de los lugares por los que pasa cada expediente.
En cambio, en la actual administración radical recién toman contacto con los datos e intentan cerrar frentes, como el miércoles pasado, cuando se reunieron con Ampros para ver qué sucede con los 500 profesionales de la Salud que debían ser efectivizados.
El tema de los pases a planta permanente ha sido una de las polémicas de este último tiempo. Luego de las elecciones provinciales que marcaron un cambio de color político, y ya en plena restricción para incorporar más personas a la planta o realizar jerarquizaciones (la ley de Responsabilidad Fiscal dispone que no pueden haber incorporaciones los últimos seis meses del año cuando termina una gestión), se conocieron una serie de nombramientos de gente cercana a Pérez y sus funcionarios.
La danza de nombres que ascendían o ingresaban al Estado se fue conociendo a través del Boletín Oficial, en lo que fue una larga transición entre el justicialista y el radical. Como si fuera un broche de oro, el último día hábil del ex gobernador, hubo 195 promociones y designaciones.
En contrapartida, en tiempos de incorporaciones aún hay una gran cantidad de estatales que “por ley” este año debía quedar en planta y aún no lo hace. “Son trabajadores que cumplen funciones normales, habituales y continuas”, definió Roberto Macho, secretario general de ATE. En el texto de la negociación salarial, se indica que “se acuerda la incorporación e ingreso al Estado de los trabajadores con contrato de locación de servicio o bajo cualquier otra modalidad de contrato de empleo con fondos provinciales” con fecha de ingreso previa al 31 de diciembre de 2014”.
Los ministerios de Gobierno y de Hacienda están haciendo ahora un relevamiento para saber cuántos ingresaron a planta y cuántos faltan, porque en cada repartición los expedientes no se han procesado siguiendo el mismo protocolo. Por esto, dicen, es difícil aún cuantificarlos.
Por eso, los directores de administración de cada ministerio y de los organismos descentralizados están relevando cuántos se han cargado en el sistema y cuántos no. También, la administración Cornejo le ha pedido a la Contaduría General que informe los que tiene cargados en el sistema y los que aún no.
Los pendientes
En los gremios ya hay una cuenta de cuántos son los que restan por ingresar a planta. En donde más registran espera es en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
Macho aseguró que de los 1.350 trabajadores que debían ingresar este año sólo lo hicieron alrededor de 370 y quedan 980 a la expectativa de ser notificados. Este sindicato tiene representación en Desarrollo Social, Salud, en la administración central, el Registro Civil y guardaparques.
“El gobierno de Pérez fue un desastre administrativo y de gestión contable y fiscal”, evaluó Macho y dijo que se trata de una “decisión política” el haber dejado el trámite pendiente en las distintos lugares por donde deben pasar los expedientes. Uno de ellos es la Contaduría General, en donde se hace el control de legalidad y sale el dictamen favorable.
El ex coordinador paritario justicialista Andrés Cazabán confirmó que hace 15 días vio cerca de 800 cargos trabados en esta instancia. “Este área extrapoder representa un cuello de botella de los expedientes”, aseguró quien fue funcionario hasta hace unas semanas y calculó que “hoy deben ser menos esos casos”.
En la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), sostienen que la situación es similar y que por paritaria hay todavía 500 personas que esperan ingresar a la planta, tal como lo confirmó la secretaria general, Isabel Del Pópolo.
Con este motivo, el miércoles pasado se reunieron con las autoridades del Ministerio de Gobierno. En un acta, dejaron asentado que “dado el estado de crisis en que se ha encontrado el Estado provincial, se comenzará a identificar las distintas piezas administrativas en donde tramitan dichos pases a los efectos de impulsar los actos administrativos que materialicen el ingreso a la planta...”.
En el Sindicato de los Trabajadores Estatales Autoconvocados (Sitea), el número se repite y aseguran que de los cerca de mil empleados que por compromiso debieron ingresar, sólo lo hizo la mitad.
En el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación (SUTE), aseguraron que los números los tiene la Dirección General de Escuelas, pero que el proceso de titularización de cargos vacantes si bien está avanzado, aún no se completó el total acordado.
La Corte obligó a publicar los nombres
Una de las novedades de la semana pasada fue que, a partir de una denuncia de una ONG local, la Suprema Corte de Justicia mendocina obligará a Cornejo a publicar un informe con la nómina de las personas que pasaron a planta y ascendieron sin concursar el último año de la gestión de su antecesor Francisco Pérez.
La discusión salarial y de condiciones de trabajo de este año fue judicializada a raíz de los ascensos que se dieron en “forma irregular”, por lo que se pidió que se informe todas las personas que pasaron a planta. En este sentido, cabe recordar que una de las promesas de campaña del Gobernador fue implementar el acceso al Estado a través de esta instancia de selección.
Los gremios responsabilizan al Estado por no realizar concursos y defienden a los que ya entraron. “La obligación del Gobernador es publicar en el Boletín Oficial los nombres y, en base a esa publicación, nosotros detectamos a los ñoquis y a los cargos fuera de nivel. La Corte puede pedir que se hagan concursos, que están dados por ley y es el Poder Ejecutivo el que no lo ejerció. Pero los que pasaron a planta en esta paritaria son los que ya vienen trabajando desde el 2012 al 2014, que vienen cumpliendo funciones continuas, ellos no deben rendir”, señaló Roberto Macho de ATE.
