“Se hicieron todos los controles necesarios antes de que firmara (como ministro de Celso Jaque) la prórroga”, (por diez años de la concesión petrolera a Chañares Herrados), declaró ayer el ex gobernador y ex ministro, Francisco Pérez en la fiscalía especial. “Todo se hizo ajustado a los procedimientos administrativos previstos”, aseguró. Acto seguido se le notificó su imputación.
Fue ayer, luego de haber conseguido un cambio de horario de la tarde a la mañana para su concurrencia al edificio del Poder Judicial en calle Belgrano casi Peltier.
“Mi abogado me ha solicitado que no haga declaraciones públicas, atento a que hay que seguir tomando otras declaraciones”, justificó luego Pérez a este diario por Whatsapp.
La semana que viene el fiscal especial Juan Manuel Bancalari le tomará testimonio al ex subsecretario de Hidrocarburos, Walter Vázquez; al ex director de Petróleo, Pedro Sánchez, y al ex ministro de Energía, Marcos Zandomeni.
Todos fueron funcionarios del área y han sido citados para responder sobre la subinversión de la concesionaria durante los primeros cinco años de contrato, cuando la empresa sólo invirtió 89 millones de dólares, de los 266 millones comprometidos por contrato.
La imputación contra Pérez es por “incumplimiento de las obligaciones de funcionario público” en beneficio de la empresa Chañares Herrados Empresa de Trabajos Petroleros S.A.. El querellante es José Antonio Rubio -un ex legislador del Partido Demócrata- que viene impulsando la causa desde 2014 con la convicción de que la empresa adjudicataria no poseía los avales ni la solvencia financiera ni económica para afrontar la inversión de más de 1.000 millones de dólares necesarios para la explotación de esas áreas.
Pérez acudió ayer a la fiscalía en compañía de su abogado, Juan Horacio Day. Se trata del ex fiscal de la causa Bolognezi, el asesinato impune del joven de San Martín cuyo fallo absolutorio motivó la intervención de la Suprema Corte para la repetición del proceso.
Day es también el defensor de los ex jueces federales Luis Miret y Guillermo Petra Recabarren en la megacausa por violaciones a los derechos humanos durante el proceso militar.
En tanto, el actual gobernador Alfredo Cornejo tomó distancia del proceso. “La imputación a Pérez es por no haberle exigido a las empresas petroleras en su conjunto. Está a la vista que estas causas se han iniciado años atrás y la Justicia no la maneja el Gobernador.
No se puede hacer una vinculación con el nuevo gobierno de ninguna manera”, aclaró.
Y agregó: “El fiscal (Bancalari) es independiente y está haciendo su tarea en una causa que no es nueva sino que viene desde hace mucho tiempo”.
