La defensa de Ibar Esteban Pérez Corradi, el financista sospechado de haber ordenado el triple crimen de General Rodríguez y está prófugo desde 2012, se reunió ayer con autoridades judiciales y políticas para decir que su cliente tiene “voluntad” de presentarse pero exigió “garantías constitucionales”.
Según admitieron los propios abogados tras la reunión en el Ministerio de Seguridad, el Gobierno les respondió que las garantías constitucionales “están” pero que se realizan todas las diligencias para “detenerlo porque está prófugo”.
La figura de Pérez Corradi se reactivó tras la fuga de los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Victor Schillaci, el 27 de diciembre, de la cárcel de General Alvear, donde cumplían condena perpetua por haber asesinado en 2008 a tres empresarios relacionados con el negocio de la efedrina.
Ya recapturados, el Gobierno bonaerense decidió subir en dos millones de pesos la recompensa que había para quien aportara datos ciertos que permitiera atrapar a Pérez Corradi mientras que distintos funcionarios prometieron detenerlo.
Pérez Corradi está sospechado de ser el autor intelectual del homicidio de Sebastián Forza, Damian Ferrón y Leopoldo Bina, pero además tiene una orden de captura internacional por parte de la justicia de Estados Unidos por haber enviado droga a ese país en un sobre.
La familia de Leopoldo Bina, una de las víctimas, asegura que Pérez Corradi se encuentra refugiado en la triple frontera.
Ayer, sus abogados aparecieron en tribunales federales y en el Ministerio de Seguridad de la Nación para decir que no saben dónde está su cliente, insistir en su inocencia y pedir garantías para su eventual entrega, algo que -según dijeron- hasta ahora no tenían.
Los abogados Carlos Broitman y Juan José Ribelli -el ex comisario que estuvo detenido en la causa AMIA y luego fue absuelto- se presentaron primero en los tribunales federales de Comodoro Py 2002 y se entrevistaron con el juez federal Norberto Oyarbide.
Oyarbide había procesado y encarcelado a Pérez Corradi por encubrimiento de lavado de dinero en la causa de la mafia de los medicamentos, pero luego la Cámara Federal lo excarceló.
A los abogados de Pérez Corradi Oyarbide les explicó que esa causa pasó al juzgado de su colega Sebastián Casanello y se enteraron que el expediente estaba delegado en el fiscal Franco Piccardi, señalaron a DyN fuentes judiciales.
Luego, los abogados se dirigieron a la sede del Ministerio de Seguridad donde querían entrevistarse con la titular de la cartera, Patricia Bullrich.
Pero los atendió el jefe de Gabinete del área, Pablo Nocetti, quien les aclaró -según dijeron los propios letrados- que el Gobierno “está haciendo todo lo necesario porque hay un prófugo para detenerlo”.
“Pérez Corradi sabe que viene a quedar detenido, a enfrentar un juicio oral y público -dijo Broitman-. No está pidiendo nada más que se respete la ley. Su temor es por su vida. El es ajeno a cualquier tipo de vinculación con el triple crimen y también está convencido de que los que están detenidos son inocentes”.
Según dijo, a contramano de lo que la defensa le aconsejaba, Pérez Corradi decidió fugarse en 2012 porque temía ser “el chivo expiatorio” en el triple crimen porque una de las víctimas, Sebastián Forza, le debía dinero y lo había denunciado por amenazas.
Ribelli explicó que “hemos pedido las garantías necesarias para que Pérez Corradi pueda estar a derecho” y señaló que “en los últimos días” le transmitió ese mensaje a la defensa.
Broitman, por su parte, añadió incluso: “Compartimos lo que está haciendo este Gobierno que tiene una política de Estado para combatir el narcotráfico”.
Cristian Lanatta y Schilaci se negaron a declarar ante el fiscal
Cristian Lanatta y Víctor Schillaci, los prófugos del triple crimen que fueron atrapados el último lunes en Santa Fe, se negaron a declarar ayer para dar detalles de cómo fue su fuga, tal como lo había hecho el primer detenido por el caso, Martín Lanatta.
La defensa aclaró que había aconsejado a sus clientes guardar silencio porque no habían tenido acceso a la causa e insistió en reclamar que los hechos de la fuga y el ataque a los policías en Ranchos pasen a ser analizados por el juez federal Sergio Torres, quien investiga si el escape de la cárcel de General Rodríguez contó con la protección de una red narco.
Por su parte, el fiscal de Azul Cristian Citterio, a cargo de la investigación por la fuga, habló con la prensa en la puerta de la cárcel de Ezeiza, donde se dirigió a tomarle declaración a los últimos recapturados, y negó que en la causa existan pruebas que vinculen a los detenidos con la policía bonaerense.
Citterio fue ayer a la cárcel de Ezeiza para cumplir con la indagatoria de Cristian Lanatta y Schillaci, y confiaba en que también podía hacer lo mismo con el primero de los prófugos detenidos, Martín Lanatta, quien se negó a hablar el lunes pasado pero prometió colaborar más adelante.
En el marco de esa causa, el fiscal tiene arrestadas a varias personas del entorno de los detenidos por el encubrimiento de la fuga, entre los cuales figura Marcelo “El Faraón” Melnyk, quien -según una escucha telefónica- tenía un contacto cercano con el jefe de la DDI de Almirante Brown, comisario Leonardo Julián, ya desplazado, según trascendió ayer.
El fiscal afirmó que, en el marco de la causa por la fuga, no hubo contactos telefónicos entre policías bonaerenses y los condenados por el triple crimen de General Rodríguez.
También negó que la documentación secuestrada en la celda donde estaba Martín Lanatta antes de la fuga tenga vinculación con la fuga.
Allí, según el diario La Nación, Lanatta llevaba anotaciones de políticos. Mientras tanto, los abogados de Schillaci y los hermanos Lanatta volvieron a prometer que sus clientes declararan en la causa para dar detalles e insistir en la justificación de haber salido de la prisión de General Alvear el 27 de diciembre último.
Los abogados Humberto Próspero y Elizabeth Gasaro aseguraron que los condenados por el triple crimen “recibían amenazas contra la vida de ellos y su familia”, pero “son ellos lo que quieren decirle al juez Torres quiénes fueron las personas que los amenazaron”.
Y volvieron a quejarse porque están aislados en la cárcel de Ezeiza, aunque admitieron que el trato con los penitenciarios es “cordial con ellos”.
