La crisis desatada por el financiamiento de las campañas electorales tiene un principio de acuerdo que destrabará todas las peleas que vienen sucediéndose entre oficialismo y oposición. El Gobierno ofreció cubrir la publicidad en televisión y radio y dejar liberado al aporte privado el financiamiento de los afiches de vía pública y los medios gráficos; los partidos de la oposición, salvo el Frente de Izquierda, aceptaron la propuesta que deberá concretarse con la votación de una ley que será tratada mañana en Diputados y el lunes en Senadores.
El conflicto por el financiamiento de las campañas electorales se había iniciado en noviembre pasado, cuando el gobernador Francisco Pérez, a instancias de los intendentes del peronismo, firmó el decreto 2.075 por el que suspendía la aplicación de una parte de la ley 8.619, el capítulo en el que se prescribía el financiamiento estatal de la publicidad y la prohibición a recibir los siempre cuestionados aportes privados.
El decreto 2.075 y luego el 2.400, fueron parte de la estrategia electoral que pretendía impulsar el Frente para la Victoria mendocino. El plan oficialista era restringir la publicidad del resto de las fuerzas políticas y, además, separar las elecciones provinciales de las nacionales. De esa manera se esperaba potenciar la figura de los 12 intendentes del PJ para mejorar las posibilidades del candidato a la gobernación.
El acuerdo logrado ayer indica que la Provincia destinará a las campañas políticas el 6,4% de la partida de publicidad oficial de la administración pública votada en el presupuesto 2014. Esa partida (sólo para la administración central y entes centralizados, conocidos como carácter 1, 2, 3) asciendió a 440 millones de pesos, por lo que el monto con el que se cubrirá la publicidad en medios audiovisuales en las dos fechas electorales, primarias abiertas (19 de abril) y generales (21 de junio), rondará los 28 millones de pesos.
En el caso de la publicidad en medios gráficos y afiches de vía pública, los partidos políticos podrían aceptar aportes de privados, personas físicas o empresas, pero con limites previstos en la propia ley 8.619: hay un monto tope para aceptar dinero que resulta de multiplicar el valor de las “unidades fijas” por la cantidad de ciudadanos que figuran en el padrón electoral y ese resultado por 1,5.
En la elección 2013 los empadronados llegaban a 1.310.000 mendocinos en condiciones de votar y el valor actual de la UF es de $ 5,50. Entonces el monto tope para aceptar donaciones de privados rondaría los 10,8 millones de pesos, siempre que la cantidad de empadronados no haya variado. Ayer en los corrillos de la política se hablaba que en el padrón 2015 figurarían más de un millón cuatrocientos mil mendocinos.
Cabe aclarar que esos casi 11 millones de pesos que las fuerzas políticas podrían aceptar son el límite para todos los gastos de campaña, es decir que no sólo se gastarían en afiches sino también en alquileres de locales, actos de campaña, viáticos de candidatos, diseño y filmaciones, entre otros. Además, el Estado imprimiría las boletas de todas las fuerzas entre las que deberán optar los mendocinos.
El acuerdo empezó a tejerse el lunes, ya concluido el huracán vendimial, con una reunión entre el ministro de Trabajo, Justicia y Gobierno, Rodolfo Lafalla, y el intendente de Godoy Cruz y precandidato a gobernador de Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo. Los contactos siguieron el martes y ayer el radicalismo y sus socios del frente aceptaron la propuesta.
Estaban en esa reunión el presidente de la UCR, Sergio Pinto; los diputados Néstor Parés, Tadeo García Zalazar y Martín Kerchner; el presidente del PD Richard Battagión; el de la Coalición Cívica-Ari Gustavo Gutiérez; el socialista Carlos Maniero y Ernesto Mancinelli, de Libres del Sur. Todos dieron aval a la propuesta que acercaron Lafalla y el presidente provisional del Senado, Eduardo Bauzá.
“Como el justicialismo, representado por el gobernador Pérez, no quería el cumplimiento de la Ley, siendo que sus legisladores lo aprobaron por unanimidad, se llegó a este acuerdo provisorio, pero pasadas estas elecciones insistiremos en el proyecto original para garantizar más transparencia a la ciudadanía”, decía García Zalazar.
Los del Frente de Izquierda no avalaron el acuerdo. Nicolás del Caño y Noelia Barbeito rechazaron el acuerdo. “No nos extraña el acuerdo entre UCR y PJ. No tenemos chance de competir frente a las corporaciones. Las cartelerías ya están contratadas hasta noviembre y nosotros rechazamos los aportes empresarios”, decía Del Caño al finalizar el encuentro.
Desde Buenos Aires, el precandidato a la gobernación del Frente para la Victoria, Adolfo Bermejo, afirmaba: “Con esta medida damos un paso fundamental en la mejora de la transparencia del financiamiento por parte del Estado, que brinda igual de oportunidades a todas las agrupaciones que presenten candidatos”.
Una mediación oportuna para evitar una derrota oficial
La ley 8.619 votada por unanimidad en noviembre de 2013 instituyó la realización de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias para la selección de cargos electorales provinciales y municipales. Ese sistema se viene aplicando desde 2011 para los cargos nacionales.
Se trataba de un avance en la legislación electoral que tenía por objetivo limitar el peso de los aparatos partidarios. Por un lado, las primarias en las que votan todos los ciudadanos remplazan a las viejas internas y, de esa forma, se evita que los punteros y las combis sean los que definan las candidaturas de los partidos.
La otra modificación era el financiamiento de las campañas electorales por parte del Estado. Quienes tienen la administración del Estado provincial o municipal tienen más posibilidades de captar fondos privados de parte de los contratistas del Estado. Además, ese aporte nunca es explicitado públicamente, nadie sabe quiénes son los aportantes y, por lo tanto, tampoco se saben las condiciones de ese aporte.
En esa ley se establecía que fuera el Estado quien financiara las campañas y que la publicidad se distribuyera equitativamente: un 50% del monto presupuestado dividido en partes iguales y el otro 50% proporcional a los votos obtenidos en la elección anterior.
Esta parte referida al financiamiento de las campañas fue lo que Pérez suspendió por decreto. Eso desató la guerra con la oposición. Todas las fuerzas se presentaron en la Suprema Corte para lograr la declaración de inconstitucionalidad de los decretos.
En esa guerra también fue bombardeado el proyecto de ley de Presupuesto 2015. El radicalismo, que tiene una leve ventaja sobre el PJ en Diputados, introdujo en el artículo 1 una partida de 40 millones para financiar las campañas. El oficialismo, en su afán de copar la parada publicitaria con aportes privados, detuvo el Presupuesto en el Senado y ahí duerme desde fines de diciembre pasado.
A mediados de febrero el titular del máximo tribunal, Pedro Llorente, llamó a las partes para encontrar una salida política. Los observadores indican que cuando la Corte debe fallar en contra de la oposición lo hace sin más consideraciones, pero cuando debe fallar en contra del Gobierno llama a las partes para que lleguen a un acuerdo y así no generar consecuencias más graves.
Desde hace días se sabe que la Corte le daría la razón a la oposición por lo que el Ejecutivo pidió la reunión que se hizo ayer, ante la mirada de los supremos Llorente, Mario Adaro y Jorge Nanclares.
Una de las consecuencias inmediatas de ese acuerdo suscripto ayer sería que, a partir de la semana que viene, se reactivaría la discusión por el Presupuesto de la provincia para este año.
