Mientras define cuándo dará luz verde al 43% de ajuste solicitado para 2014, el Gobierno ya dio el aval a Aysam para aplicar uno o más ajustes en la tarifa de agua y cloacas en Mendoza, en virtud de un decreto que el gobernador Pérez firmó dando continuidad al Programa de Convergencia Tarifaria que rige desde 2012. Esta vez, con 3 intervalos de 12 meses, que “se podrán modificar en caso de que ocurran hechos que hagan variar la realidad económico-financiera de la empresa”, según expresa la resolución.
Esos “hechos que hagan variar la realidad” son el eufemismo elegido para la inflación, la gran culpable de que se acentuara el desfasaje operativo de Aysam generado por la falta de inversiones durante la gestión privada y que permitirá conceder un par de incrementos anuales hasta 2017 ya que, de acuerdo a un análisis del EPAS (Ente Provincial de Agua y Saneamiento), los aplicados hasta ahora “no fueron suficientes”.
Cabe recordar que el Programa de Recomposición y Convergencia de las Tarifas había sido creado por el decreto 3284/2011, derivado de la ley 8270, que crea el Plan Estratégico de Obras y Mejoramiento Operativo y faculta al Gobierno a arbitrar los recursos para optimizar el servicio de agua y cloacas. El decreto planteaba alcanzar en 3 semestres consecutivos el equilibrio, o sea, una tarifa que permita un servicio autosustentable sin sostén financiero externo, especialmente provincial (subsidios), lo que para el EPAS no se logró y obliga a una o más actualizaciones por año al menos en los próximos tres.
“Seguir con la convergencia implica que a partir del dictado del decreto correspondiente, el EPAS debe analizar anualmente el presupuesto de Aysam, su nivel de gasto y las obras que se realicen para determinar los incrementos necesarios”, precisó el presidente del ente regulador, Javier Montoro, acerca de la medida que ya empezó a ser cuestionada.
Por lo pronto, tanto el organismo, que todavía debe expedirse, como Aysam, coinciden en que el 43% solicitado oportunamente por Guillermo Amstutz, titular de la empresa estatal, debería cubrir todo el ejercicio 2014.
“Puede ser sólo con tarifa, pero el gobernador debe disponer de opciones. Para eso, hay cuentas que abrir antes del dictamen final al Ejecutivo”, adelantó Montoro, que aguarda un informe técnico con esas ponderaciones.
Para este año se previó un aumento de 38% para cubrir costos de 2014, más un 5% remanente de 2013 y sin implementar que todavía no se define. En abril, el ajuste en la tarifa del 17% correspondía a lo estipulado para el año anterior.
Entre números e inflación
Un monto de $ 88 millones que Aysam tiene por cobrar, además del nivel de recaudación que actualmente es del 91% y debería llevarse al 95%; la incidencia de una deuda que mantiene Irrigación (le paga $ 1,5 millón por mes, pero mantiene una mora histórica), y el costo de insumos y salarios, son ítems que restan ser evaluados.
Amstutz había presentado un estudio de costos al EPAS para demostrar el desequilibrio de las finanzas y, por ende, de la operatividad de la ex OSM, alegar a favor de una nueva suba del 43%.
De hecho, un informe que en marzo elaboró la Gerencia de Regulación Financiera del EPAS advierte que los incrementos otorgados hasta aquí “no fueron suficientes para alcanzar el equilibrio operativo” propuesto en el programa y sugiere darle continuidad para hacerlo “gradualmente”.
Más allá de que los 3 períodos de 12 meses que plantea la prórroga del Programa deja abierta la puerta para que sea el sucesor de Pérez el responsable de lograr el objetivo o no, según Amstutz “lo concreto es la ratificación de que no se ha logrado la convergencia en los últimos tres semestres y la prórroga apunta a conseguirla”.
Respecto de la frecuencia anual e incluso la consideración de períodos excepcionales de ajuste, el directivo reconoció que “es una etapa inflacionaria y hay que tenerlo en cuenta”. Alegó que “el 43% de aumento, al menos durante este año, alcanzaría” a equiparar el desbalance “sin necesidad de subsidiar la tarifa”.
El estudio de costos refleja el impacto de la devaluación en insumos clave (válvulas, caños, combustible), encarecimiento en algunos irremplazables como el cloro (hasta 120%) e incidencia de la última paritaria salarial de 30,5% con un retraso de 3 meses por cubrir, como principales argumentos para justificar el ajuste.
El impacto en cooperativas
En varios puntos de la provincia el servicio de agua es administrado por los llamados “operadores comunitarios”. Son 142 cooperativas y uniones vecinales que hasta ahora disponían de tarifas no determinadas por decreto del Ejecutivo, y para las que rige un nuevo cuadro con “valores referenciales”, tanto para el sistema de factura fija como para el de consumo medido.
Así, para los administradores que se manejan con cargo fijo (categoría única) la tarifa de referencia es de $ 34,71 por mes/conexión, así como también para el sistema de dotación fija con consumo de hasta 30 m3. Los que gestionan conexiones con consumos variables por encima de ese tope deben cobrar $ 1,157 por m3 excedente.
Vale aclarar que la decisión excluye a los operadores municipales, entre los cuales están las comunas de Maipú, Luján y Tupungato, que son abastecidos por Aysam y acuerdan valores por separado. De igual modo, exceptúa a los categorizados como comerciales, el caso de los barrios Dalvian o Lumaco, entre otros.
“Intervenimos en los aumentos de todos los operadores y con esto también estamos fijando una referencia para los propios usuarios”, señaló al respecto Montoro, del EPAS.
Piden una audiencia pública para aumentar
La prórroga del Programa de Convergencia que habilita a dar los incrementos de tarifa necesarios ya disparó algunos cuestionamientos legales por considerar que se violan derechos elementales de consumidores y usuarios.
“Una cosa fue la sanción de la ley (8270) y otra esta decisión. Se necesita una audiencia pública para refrendar cualquier aumento de tarifa de un servicio público, lo que no implica cuestionar el aumento en sí, sino que el usuario, ante un servicio monopólico, disponga de la suficiente información que lo justifique y asegure transparencia”, analizó el abogado Mario Vadillo, de la asociación Protectora.
Al respecto, Vadillo criticó el rol del EPAS, por considerar que “en este sentido concentra la información y no la abre convenientemente. La gente debe saber cómo se sustenta el pedido de la empresa por obtener un incremento de tarifa del 43%”.
