Con borrador en mano, el gobernador Francisco Pérez presentó ayer ante el procurador general de la Suprema Corte de Justicia, Rodolfo González y autoridades del Poder Legislativo, una serie de medidas con las que pretende hacerse fuerte en materia de seguridad.
Los principales cambios anunciados rondan en torno al paso de la Policía Científica a la órbita de la Justicia y la creación de nuevas unidades fiscales en las comisarías más congestionadas.
Entre las medidas también estarán la creación de unidades fiscales especiales por materia y el traspaso de la policía vial al barrio Unimev (donde funcionaba la línea del 100). A su vez se presentará un proyecto de ley para crear, por un lado, un banco de ADN y, por el otro, para dar celeridad a algunos procesos judiciales a partir de la oralidad.
La reunión fue en el Poder Judicial, en donde además estuvo presente el vicegobernador Carlos Ciurca y el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús. El encuentro culminó con una serie de anuncios que se suman a los que ya hizo el gobernador la semana pasada y que responden, en última instancia, al intento de calmar los ánimos luego de que el asesinato del médico Sebastián Prado y el abogado Marcelo Derpich movilizaran a la opinión pública.
Policías judiciales y nuevas fiscalías
La idea de crear la Policía Judicial no es nueva, sino que fue reflotada por el Ejecutivo ante el apremio de impulsar cambios en la seguridad y como respuesta al reclamo social. Es por eso que los 170 efectivos de la Policía Científica pasarán ahora a la Justicia.
"No van a perder ningún tipo de beneficios ni derechos", aclaró Ciurca, quien además indicó que van a "trabajar en una legislación que permita que todos los nuevos policías se incorporen dentro del régimen de la Policía Judicial".
Por ahora no hay fechas para el traspaso, sino que queda saber a través de qué instrumento legal se realiza el cambio. Romina Ronda, subsecretaria de Justicia, indicó que de hacerse por decreto, el proceso tardaría alrededor de un mes.
"Propusimos, en un borrador, un proyecto de convenio para ser ratificado por la Corte vía acordada y por el Ejecutivo vía decreto, que a su vez podría ser ratificado por el Legislativo. Lo estamos estudiando, lo bueno es que está la voluntad política", señaló una de las impulsoras del proyecto.
La funcionaria hizo hincapié en que no se trata de asignar más presupuesto sino que los cambios obedecen a una "reingeniería de recursos" y de personal para optimizar y dar celeridad a los procesos judiciales.
Este es el punto con el que el Gobierno defiende la idea, aunque el Procurador no es tan optimista respecto al hecho de prescindir de recursos. Es por eso que, más allá de la unidad simbólica entre los tres poderes que se mostró ayer ante las cámaras, González se animó a ir más allá y manifestó su contrapunto.
"Hay que aclarar que lo que se ha anunciado son proyectos de leyes y de convenios. Hay que afinar los detalles porque el traspaso de la Policía Judicial no es sólo la firma de un convenio que afecte sólo a estos 170 oficiales. También tienen que pasar los recursos, los medios para que hagan sus trabajos, las movilidades, los lugares de donde van a trabajar y saber quién se va a hacer cargo de dirigir esa función. Todo depende de la voluntad y disponibilidad de recursos que haya", señaló el Procurador.
Dentro de la batería de anuncios de ayer, se indicó que se crearán nuevas unidades fiscales que estarán en el barrio La Favorita (Capital); barrio La Gloria (Godoy Cruz) y la comisaría 35 (Guaymallén). A su vez, Pérez anunció que se crearán unidades fiscales especializadas por materia. "Vamos a comenzar con la unidad fiscal para el caso de robo y sustracción de automotores, y también para delitos penales económicos", señaló.
Al parecer, habrá más reuniones entre Pérez y los representantes de la Corte Suprema y del Poder Legislativo. Uno de los ítems que queda pendiente es saber si dentro de lo que han llamado "políticas de Estado" se convocará a los partidos políticos, tal como se había adelantado el viernes pasado. Ante la pregunta, Pérez respondió a este diario que se los llamaría "más adelante, luego de definir estas primeras acciones".
Proyectos de ley
Para no quedarse cortos, desde el Ejecutivo agregaron a los anuncios la presentación de tres proyectos de ley aunque no hay fechas todavía. Sin dar más detalle, se anunció la creación del banco de ADN y se indicó que se implementará la oralidad para dar celeridad a algunos trámites judiciales.
"Hay instancias del proceso penal que se podrían oralizar y con eso acortar bastante los tiempos de respuesta, como por ejemplo la prisión preventiva", explicó Ronda. El punto fuerte de la medida es que se eliminarían los pasos burocráticos con audiencias orales. La subsecretaria explicó que actualmente hay 5 proyectos de oralidad en Legislatura, por lo que se deberá consensuar uno solo a partir de reunir puntos comunes.
Otro de los proyectos de ley apunta a bajar los tiempos en las sentencias de flagrancia, es decir, aquellas investigaciones en las que se aprehende al autor in fraganti y por lo tanto los procesos son más rápidos porque el involucrado ya está localizado.
Actualmente, los dictámenes están en un promedio de 25 días y, según esperan en el Ejecutivo, este tiempo se puede llevar a entre 5 y 10 días que es el lapso estipulado para estos casos. Y este será el sentido por el cual se combinarán los 6 juzgados correccionales, de los cuales 4 fusionarán sus competencias con el juzgado de Garantía y los otros 2 con el de Flagrancia.
"Lo que estamos buscando es que el tiempo ocioso de esos recursos humanos y materiales para materia correccional que, hoy por hoy, no es un caudal importante de causas ya que el Código Procesal Penal ha traído una serie de disminución del tiempo. Ese excedente ahora se va a volcar en tiempo productivo en materia de Garantía o en materia de Flagrancia según la transformación que estamos proponiendo".
