Las reformas parciales de la Constitución, es decir aquellas que se hacen cuando los ciudadanos aceptan modificar un solo artículo de la Carta Magna local mediante un plebiscito, no han tenido buenos resultados en la historia reciente de la provincia, por eso sólo se pudo cambiar un solo ítem, que es aquel que les aseguraba a los magistrados la indexación de sus salarios. En cambio, no se pudo limitar la reelección indefinida de los intendentes ni se pudo enmendar el más complejo de todos los artículos, el 121, que es el que establece que para poder cambiar la Carta Magna hace falta la mitad más uno de los electores.
La enunciación de estos pobres resultados puede servir para justificar, sin más, la necesidad de una reforma total de la Constitución, como lo establece el proyecto de ley que mandó el gobernador Francisco "Paco" Pérez a la Legislatura. Sin embargo, habría que prestar atención a una serie de elementos que vienen dando cuenta de lo complejo que es el ánimo de la ciudadanía respecto a todo aquello que tiene que ver con la Carta Magna local.
Veamos. La reforma que propuso Julio Cobos en 2005, quien mantenía una dura disputa judicial con la Justicia por la indexación de los salarios de los magistrados, fue la única que tuvo éxito. El radicalismo advirtió en aquel momento que el voto por el "Sí" a ponerle fin a la indexación de los haberes de los jueces debía superar no sólo el 50% de los votos emitidos sino que todas las boletas con el "Sí" debían superar la mitad más uno de los electores empadronados. ¿Por qué? Porque esta visión más restrictiva fue la que definió la Suprema Corte de Justicia cuando se expresó sobre la reforma constitucional que propuso José Octavio Bordón cuando era gobernador.
Recordemos que este fallo transformó en abstracto el llamado a la convención constituyente de 1989 porque el número de votos no fue suficiente, según este criterio. En octubre de 2005 los votos a favor del "Sí" superaron sobradamente el 50% del padrón, por lo que Cobos se salió con la suya.
No pasó lo mismo en 2009 y en 2011, cuando el gobernador era Celso Jaque. Pero ambos son casos muy diferentes entre sí.
En el primero de estos años, el 83% de quienes votaron lo hicieron para limitar las reelecciones de los intendentes y sólo el 17% lo hizo por el "No", pero el número de votos que contabilizaron las papeletas por el "Sí" fue 462 mil y para lograr la mitad más uno del padrón de electores -y cumplir con la doctrina de la Corte- se necesitaban 590 mil sufragios positivos.
Pese a esto, la voluntad de los mendocinos fue inequívoca: había -se puede pensar que hay- amplio consenso para que los intendentes no puedan reelegirse eternamente. Pero ni Jaque ni ahora Pérez, por seguir el criterio restrictivo que fijó la Corte, se animaron a incorporar la reforma de este artículo en el texto constitucional (hace falta un decreto para esto).
Este tema está de nuevo en discusión de la Legislatura, tanto porque el radicalismo y el PD quieren sacarlo en una ley de reforma política, como porque Pérez lo incluyó entre los tópicos que deberán someterse a consideración de la reforma constitucional que él propone. Podría suponerse que por uno o por otro camino, dado que todos piensan lo mismo, los intendentes terminarán con sus mandatos acotados a dos periodos consecutivos, cosa que no les hace gracia, en absoluto. Pero no convendría hacer este tipo de suposiciones.
En 2011 la historia fue bastante distinta pero también dejó un mensaje sobre lo que piensa la ciudadanía en torno a los avances reformistas sobre la Constitución local. En octubre del año pasado, lo que estaba en juego era el artículo 121, que es el que dice que para cambiar la Carta Magna, parcial o totalmente, se necesita el "voto afirmativo de la mayoría de los electores de la provincia", es decir -siguiendo la doctrina de la Corte- la mitad más uno de los empadronados. Pero ni el Gobierno ni los partidos de la oposición difundieron bien el tema y el resultado fue negativo: ganó el "No" por escaso margen; con un agravante: el "Sí" quedó muy lejos de la mayoría que la Corte exige para poder operar el cambio en el texto constitucional.
La lectura que podría hacerse, de esta muy reciente opinión de las urnas, es que la ciudadanía mendocina no está de acuerdo con modificar la Carta Magna, porque en rigor fue la primera vez que el "No" se impuso al "Sí". Pero también se puede interpretar que ya no es la Suprema Corte la que impone su visión restrictiva o más conservadora sobre la mayoría necesaria para modificar la Constitución, sino que han sido los propios electores que se manifestaron en la última elección en este sentido.
En este contexto, el Gobierno decidió seguir adelante con su proyecto de reforma total, teniendo en sus manos encuestas que indican -según voceros de Pérez- que los mendocinos sí están de acuerdo con renovar el texto constitucional cuando se les consulta por la posibilidad de consagrar nuevos derechos o modernizar los mecanismos de participación ciudadana.
He aquí el atajo hallado por el oficialismo para plantear el tema más espinoso: la reelección del gobernador. Como se sabe, Pérez necesita dos tercios de las dos cámaras legislativas para poder declarar la necesidad de la reforma y poder consultar luego a la ciudadanía su opinión en un plebiscito. Como el radicalismo y el PD se oponen, el camino aparece como intransitable. Por eso el Gobierno provincial buscó trasladar el tema directamente a la opinión pública, intentando ganar la "calle" para llegar más fortalecido al teatro político, en este caso la Legislatura.
El viernes 5, Pérez hizo varios gestos para poner el tema en la agenda pública. Se reunió con los decanos de todas las universidades mendocinas, a quienes les comunicó los aspectos centrales del proyecto de ley. Luego, hizo el anuncio por las redes sociales, a través de un "tuit" al que añadió un video de cuatro minutos que el propio Gobierno provincial pautó en la página de Youtube argentina.
Así, logró que no sólo quienes siguen al Gobernador en Twitter, sino que todos los argentinos que ingresaron a Youtube para ver cualquier video pudieron enterarse del anuncio de la reforma constitucional, ya que se pautó una publicidad que apareció durante todo el día en esta página (se alternaba con una promoción de entrada más viaje y estadía en Buenos Aires para el concierto en River de la nueva diva del pop, Lady Gaga). Esto explica el impacto que tuvo el anuncio en los medios nacionales, quienes rápidamente lo relacionaron con los planteos ultra-kirchneristas a favor de la re-reelección de Cristina Kirchner.
"Vamos a militar la necesidad de tener en la Constitución los derechos de las diversidades sexuales, de los discapacitados, de los pueblos originarios y los derechos ambientales. Va a llegar un momento en que el 'no' se lo van a tener que decir a la gente", explicó un senador del PJ sobre la estrategia que tienen para acorralar a demócratas y radicales.
Del otro lado, la oposición está segura de que en Mendoza no hay "ánimo" a favor de la reelección del gobernador y también amagan con mostrar encuestas realizadas luego de los cacerolazos del 13 de setiembre que les dan la razón.
La pelea por seducir al electorado recién comienza, pero esta vez no es por cargos electivos, sino por proyectos de poder político y el futuro de los mendocinos a largo plazo.
