Ciudad Juárez. Tras la balacera protagonizada por un joven tejano que al parecer tenía como objetivo a hispanos en un Walmart de El Paso, en la que murieron 22 personas, ocho de ellas mejicanas, al otro lado del Río Bravo, en la vecina Ciudad Juárez, no hubo protestas sino una pequeña vigilia para recordar a los fallecidos.
Los líderes comunitarios no hablaron de boicotear El Paso, una ciudad que depende en gran medida de los compradores mejicanos. Todo lo contrario, en los días posteriores al tiroteo, los oriundos el país azteca atestaron los puentes fronterizos para acudir a sus puestos de trabajo, a comprar o a la escuela, como siempre.
El miedo que algunos expresan tras lo ocurrido se mezcla con la preocupación de que, de algún modo, la masacre pueda alargar las esperas para entrar a El Paso.
Muchos como el alcalde de Juárez, Armando Cabada, señalaron que el pistolero era del norte de Texas, no de la comunidad fronteriza, y que, de algún modo, esto hacía que el daño causado fuese menos personal.
"Le ven como un agente externo que buscó un lugar donde el efecto mortífero de su acto pudiera tener mayor repercusiones en términos de su ideología", señaló Rodolfo Rubio Salas, profesor e investigador del Colegio de Chihuahua.
Pero incluso una experiencia tan horrible no tendrá un impacto duradero en la relación entre las dos ciudades, agregó Rubio.
Una encuesta reciente señaló que entre el 75 y el 80 por ciento de los residentes en Ciudad Juárez tienen un familiar o un amigo en El Paso con el que mantienen el contacto, señaló. Su propia investigación identificó entre 15.000 y 20.000 residentes de Juárez que pasan la frontera a diario para trabajar y a otros 15.000 que lo hacen para estudiar.
Algunos de los que cruzan para realizar compras y ahora tienen miedo podrían dejar de hacerlo por algún tiempo, apuntó Rubio. Pero "aquellos que todos los días necesariamente se tienen que desplazar para trabajar, para estudiar, para visitar a sus familiares, no creo que va a tener un impacto en el largo plazo".
Espera en la frontera
El tiempo de espera para los vehículos que entraban a El Paso desde Juárez el martes seguía en las más de dos horas habituales. Un flujo constante de peatones cruzó el puente Paso del Norte en la mañana y una cantidad similar realizó el trayecto inverso en la tarde.
Carlos Carrillo era uno de los que regresaba a pie a Juárez, acompañado por amigos y con su nevera para la comida.
Este obrero tiene doble nacionalidad y casas en las dos ciudades, pero desde la balacera del fin de semana se queda con su madre en Juárez, aunque eso suponga un trayecto más largo para acudir a trabajo cada día. Su vivienda en El Paso está cerca del Walmart.
"Ahorita ni quiero ir para allá", dijo.
Pero cruzar para ir a trabajar es necesario.
"Aquí es normal", dijo sobre su vida entre las dos naciones. "De hecho, todos nosotros cruzamos todos los días. Vamos a trabajar y regresamos".
Como hace una vez por semana, Graciela Pérez caminó hacia El Paso a primera hora de la mañana del martes para ir a comprar. Había intentado ir el lunes, pero la fila era tan larga que pospuso su cometido un día.
Pérez dijo que había estado en el Walmart atacado dos semanas antes comprando cosas para sus hijos. Aunque admitió estar un poco preocupada al entrar a Estados Unidos por primera vez desde el tiroteo, añadió "tenemos que pasar".
En el pequeño puesto de un mercado en el que vende ropa de segunda mano en el centro de Juárez, Mónica Díaz dijo que no tenía miedo pero por el momento prefiere evitar lugares atestados como el centro comercial del Walmart. Es el lugar más popular entre los residentes del lado mejicano porque está a apenas cinco minutos en coche desde la frontera, junto a la autopista.
Díaz cruza todas las semanas para comprar ropa usada al por mayor en un almacén, prendas que luego vende en Juárez.
"Dependemos de El Paso para poder sobrevivir, para sacar nuestros negocios", dijo. "Parte se compra aquí, parte se compra allá, eso es cotidiano". agregó
Ese era el caso de muchos de los mejicanos que perdieron la vida en la balacera.
Uno de ellos, Iván Filiberto Manzano, acudió a la tienda el sábado por la mañana para realizar compras con un amigo, según contó un familiar. Padre de dos hijos pequeños, solía ir a El Paso habitualmente para comprar, agregó el familiar, que pidió no ser identificado por su nombre.
Era "normal como cualquier día", apuntó.
Jesús Rodríguez vende lavadoras, secadoras y refrigeradores usados en el centro de la ciudad mejicana. Todos los electrodomésticos vienen de Estados Unidos, se reparan en Juárez y se comercializan en tiendas como la suya.
Casi todo el mundo allí tiene familia a ambos lados de la frontera, explicó.
Rodríguez no cree que el tiroteo vaya a afectar a su negocio, pero lamentó los supuestos motivos del autor y criticó la retórica negativa hacia los mejicanos del presidente Donald Trump.
"Fue una tristeza porque los mejicanos no hacemos daño a nadie", sostuvo Rodríguez acerca de la masacre.
"Nosotros solamente trabajamos", cerró.
Trump pagó caro su retórica racista
El presidente estadounidense, Donald Trump, fue recibido con protestas en Ohio y Texas, a donde llegó para visitar a sobrevivientes de recientes matanzas. En Dayton, el mandatario visitó a víctimas del tiroteo en un hospital. En la inmediaciones del lugar al menos 200 personas se congregaron para protestar portando pancartas que pedían restricciones al acceso a las armas de fuego y otras con la leyenda "Hagan algo", dirigida a los políticos en general. En El Paso, familiares de víctimas culpan a Trump por estigmatizar a los inmigrantes. "No es bienvenido", afirmó uno de los manifestantes.
Suspenden el traslado de Lula a una cárcel de San Pablo
El Tribunal Supremo tomó la decisión hasta tanto se juzgue un pedido de "habeas corpus" que está pendiente.
El Tribunal Supremo de Brasil suspendió la transferencia del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva desde Curitiba, donde cumple una pena de 8 años y 10 meses de prisión, a una cárcel de San Paulo, como había ordenado una jueza de primera instancia.
Por diez votos a favor y uno en contra, la máxima corte del país atendió el pedido de la defensa del ex mandatario y decidió, en una rápida sesión, suspender el traslado del ex jefe de Estado hasta que se juzgue un pedido de "habeas corpus" que estaba pendiente de análisis.
Lula, de 73 años, se encuentra preso desde el 7 de abril de 2018 en la sede de la Policía Federal de Curitiba, capital del estado de Paraná, tras ser condenado por corrupción pasiva y blanqueo de capitales en un caso vinculado con la Lava Jato.
No obstante, la jueza Carolina Lebbos determinó ayer la transferencia de Lula a un presidio de San Pablo, pero la decisión fue contestada por la defensa del ex presidente brasileño.
Los abogados del antiguo líder sindical pidieron que se frenara la transferencia hasta que el Tribunal Supremo analice un "habeas corpus" en el que se cuestiona la actuación del ex juez Sergio Moro, actual ministro de Justicia del presidente Jair Bolsonaro, en el proceso que llevó a la condena de Lula en primera instancia.
El recurso fue analizado con carácter urgente ayer mismo por el pleno del Tribunal Supremo de Brasil y diez de los once magistrados votaron a favor de la suspensión de la transferencia al presidio de Tremembé, situado en el interior de San Pablo y que abriga a reclusos con condenas mediáticas.
El único juez que se pronunció en contra fue Marco Aurélio Mello, quien argumentó que Lula debería recurrir primero a un tribunal de segunda instancia antes de hacer lo propio ante la máxima corte del país.
El recurso de la defensa, sin embargo, fue acatado parcialmente, ya que la mayoría de los magistrados rechazaron una solicitud para que el ex jefe de Estado fuera puesto en libertad.
El ex mandatario fue condenado a 9 años y 6 meses de prisión por el juez Sergio Moro después de hallarle culpable por recibir un apartamento en el balneario paulista de Guarujá a cambio de favores políticos a la constructora OAS.
La pena fue ampliada en segunda instancia a 12 años y 1 mes y rebajada posteriormente en tercera instancia a 8 años y 10 meses.
Sobre Lula ya pesa otra condena a otros 12 años y 11 meses de cárcel en un caso muy similar, pero dictada hasta ahora en primera instancia y aún no confirmada en la segunda.
Desde que fue encarcelado, Lula permanece en una celda especial, de 15 metros cuadrados y adaptada por su condición de expresidente, en la sede de la Policía Federal en Curitiba, en el sur del país y donde también se encuentra el tribunal a cargo de la operación anticorrupción Lava Jato.
