Es lamentable ver cómo hoy el pequeño y mediano productor vitivinícola vuelve a pasar por una profunda crisis.
El efecto de las bajas cosechas producidas entre 2016/17 logró que no hubiese excedentes en las existencias vínicas, lo cual le permitiría al productor obtener precios rentables de sus vinos y uvas, con valores y plazos razonables.
Sin embargo, las bodegas formadoras de precios, amparadas en el falso argumento de "faltante de vinos", reaccionaron como siempre, importando vinos. Entonces, tal como ocurrió en los períodos 1993/2001 y 2009/11, comenzaron en el mes de octubre de 2016 hasta marzo de 2018 a importar grandes cantidades de vinos. Así, lograron su cometido, "bajar el precio" del tinto genérico y sumado a la buena cosecha 2018, volvieron a pagar precios viles y en plazos muy largos, en perjuicio del pequeño productor.
Si a los bajos valores le aplicamos la inflación, vemos con claridad que la caída del precio de nuestros vinos tintos genéricos hoy es mayor al 50% del logrado en 2017, y también podemos observar cómo fue desaprovechada la oportunidad de quienes dirigen la vitivinicultura desde hace 23 años, que deliberadamente aplican medidas que siempre perjudican al pequeño productor vitivinícola.
Los cuadros que figuran en esta página demostrarán la directa influencia que ejercen las importaciones en el precio del vino tinto genérico. Vemos entonces, en la evolución de esos precios, que en el mes de noviembre de 2017 alcanza su precio máximo ($ 15,00) (Cuadro A); y, por otra parte vemos, en la evolución de los volúmenes importados, que entre octubre y noviembre de 2017 se da el mayor ingreso. Ello evidencia que las bodegas formadoras de precios lograron quebrar el valor del vino a partir de noviembre de 2017 y una vez alcanzado el objetivo, disminuyeron casi a 0 el ingreso desde el exterior (Cuadro B).
A todo lo dicho se suma la siguiente incongruencia de los que dirigen la política vitivinícola: en la peor cosecha de los últimos 50 años (2016) se les hizo diversificar el 20% de sus uvas; en el año posterior, 2017, una cosecha muy baja, el 14%; y en el actual, el 25%, o sea en las últimas tres cosechas diversificaron un 59%, mientras se importaba vinos bajo la evidente falsa premisa de faltante, y ahora se les exige una contribución obligatoria de 150 millones de pesos para controlar la plaga de la Lobesia botrana.
La H. Cámara de Diputados sancionó por unanimidad un proyecto de ley que castigaba a las bodegas importadoras de vinos y fundamentalmente a las que importaban más de lo que exportaban; éste nunca fue tratado por la H. Cámara de Senadores. También en Diputados se dio media sanción a una ley de Emergencia y Desastre del sector que incorporaba, más allá de las heladas y el granizo, a las tan importantes "enfermedades biológicas" (Lobesia botrana, peronospora y botritys, etc), pero lamentablemente la H. Cámara de Senadores tampoco se ocupó de ésta, habiendo pasado ya seis meses.
La semana pasada se acaba de aprobar una ley que les impone a los productores vitivinícolas, poseedores de más de 10 ha, -financiar el Programa de Control de Lobesia botrana (polilla de la vid) con una contribución obligatoria de mil quinientos pesos ($ 1.500) por hectárea, para recaudar ciento cincuenta millones de pesos ($ 150.000.000) que el Gobierno Nacional, por atravesar una difícil situación económica, no puede ni quiere aportar, a pesar de que lo obliga la Ley 27.227.
Cada sector debe hacerse responsable de sus actos: esta plaga ingresó a nuestro país en el año 2010 de Chile, en cosechadoras mecánicas, y por falta de control del Senasa, que es un organismo del Estado Nacional. Luego se extendió a toda la provincia, por ineficiencia de la misma institución de la Nación entre 2010 y 2015.
Recién en el año 2017, con aportes nacionales ($ 400 millones) se realizó un efectivo programa de control de esta enfermedad biológica. Sin embargo, este año no hay fondos suficientes nacionales y debe recurrirse a los aportes de la Provincia y de los productores vitivinícolas.
Estoy de acuerdo, y estimo fundamental, que la provincia de Mendoza trate de controlar esta importante plaga, que hoy existe y nos perjudica a todos. Pero el tratamiento debe hacerse "responsablemente", ello significa, no con el aporte de un sector en crisis, como la que atraviesan los pequeños y medianos productores, que no fueron responsables del ingreso y propagación de la plaga y además deben soportar las importaciones (que ingresaron incluso "vinos aguados" desde Chile).
Los productores vitivinícolas viven hoy una situación compleja, sumergidos en una injusta crisis, y además ponen sobre sus espaldas responsabilidades expresamente reconocidas y asumidas por la Nación en la Ley 27.227, que claramente exime a quienes posean hasta 25 hectáreas (no 10 ha, como pretende la ley provincial), y además establece devoluciones de los insumos del Programa de Control de Lobesia botrana a productores que superen estas 25 hectáreas.
Entonces, si se va a hacer cargo el Gobierno de la Provincia, lo debe realizar a cuenta de las obligaciones de financiamiento asumidas por la Ley Nacional 27.227 y dejar establecida la futura y obligatoria restitución por parte de la Nación, pero de ninguna manera cargársela parcialmente a los pequeños y medianos productores, y menos con la sanción de una ley provincial de dudosa constitucionalidad.
Los productores vitivinícolas vuelven a estar sumergidos en una crisis. Ellos diversificaron, nunca importaron vinos ni fueron responsables del ingreso y/o propagación de la plaga, pero, como siempre, "el hilo se corta por lo más fino".
