El gobierno nacional ha vuelto a cometer el error de malversar un buen propósito por graves deficiencias tanto en la instrumentación de la medida, como en la comunicación de lo que pretende hacer. Ello obliga a analizar lo ocurrido, sin caer en la demagogia fácil, ni en la justificación de torpezas que, transcurrido un año y medio de gobierno, resultan inadmisibles. Se trata de ver el fondo de un problema que existe, que es conocido. Y ese fondo es el despropósito ocurrido en la última década en el otorgamiento de las denominadas pensiones no contributivas, comprendidas en el régimen previsional de nuestro país.
Estas pensiones que incluyen las de vejez e invalidez, fueron reglamentadas por el Decreto 432/97, que establece los requisitos para acceder y conservar las mismas. En caso de vejez se requiere tener 70 años de edad y para invalidez tener una discapacidad de 75% o más. Certificación que se puede originar en médicos privados pero debe ser ratificada por organismos oficiales competentes. En el otorgamiento de certificados, privados y públicos, de discapacidad se produjo parte de la corrupción del sistema. La norma también exige ser argentino nativo o naturalizado, en este caso con residencia continuada en el país de 5 años. Los extranjeros deben certificar 20 años de residencia continuada en el país. Existen otros requisitos que se pueden sintetizar en que la persona que solicita la pensión no tenga familiares con determinado nivel de ingresos.
En conocimiento de los fraudes cometidos el gobierno procedió a dar de baja a varios miles de beneficios, sin dar explicaciones ni aviso.
Consecuencia: “estalló el país”, con razón en algunos casos, los conocidos públicamente; sin razón en muchos otros. El final es conocido, marcha atrás del gobierno con la medida tomada y promesa de revisar caso por caso.
Para entender la situación veamos algunos hechos y datos. En un informe técnico reciente sobre el gasto público puede leerse lo siguiente: “Las condiciones para acceder a las pensiones gubernamentales son tan laxas que hay personas que terminan con cuatro de ellas. Con frecuencia, un miembro de un matrimonio recibe su pensión, además de la de su pareja una vez que enviuda, pero al mismo tiempo puede argumentar ‘coexistencia’ con otro viudo y si este también muere (sea hombre o mujer) termina teniendo hasta 4 pensiones por el resto de su vida. No nos debería extrañar que las pensiones no dejen de subir”.
En otro informe de un consultor especializado en estos temas proporciona datos llamativos. Nos dice que entre 1999 y 2002 las pensiones por diferentes grados de discapacidad oscilaron entre 72.000 y 79.000. A partir de la llegada al gobierno de Néstor Kirchner comenzó un ciclo de incorporación inédito hasta el fin de su mandato, donde el número de pensiones llegó a 230.000. Durante los dos períodos de Cristina siguió creciendo la cantidad -parte del clientelismo político- tanto que al terminar su gobierno la cantidad de pensiones por invalidez llegó a 1.070.000.
El presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales ha declarado que entre 2003 y 2015 el total de pensiones se multiplicó por diez, alcanzando a 1.800.000, incluyendo las de invalidez.
En el caso de éstas específicamente, en el informe citado puede leerse: “Semejante dinámica no se corresponde con un escenario de paz y ausencia de catástrofes que provocaran un crecimiento de esa magnitud de la incapacidad laboral de la población”.
No se está postulando que no se otorguen pensiones u otras formas de ayuda, puesto que las hay y numerosas. Se trata de poner fin a situaciones surgidas de la corrupción política, que se traducen en situación de injusticia.
Si existen requisitos a cumplir para acceder al beneficio, esos requisitos deben verificarse, esa es tarea inexcusable de los organismos competentes, empleados y funcionarios públicos sobran en todos lados. No hay razón para no hacerlo y tampoco para hacerlo torpemente.
