La semana pasada el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil (SRPJ, ex Cose), que tantas veces ha sido noticia por sus falencias estructurales, volvió a la escena político-social. Primero, por un motín de los internos; luego, por la fuga de siete de ellos.
Tras la revuelta -en la que hubo heridos- los operadores decidieron resentir la actividad, es decir, hacer paro hasta que se normalice la situación. Por eso intervino el Servicio Penitenciario Provincial enviando efectivos a reemplazar a los trabajadores permanentes. Ayer, hubo una reunión entre ellos, que están nucleados en ATE, y representantes de distintas áreas del Gobierno. Y por ahora el paro continúa.
¿Qué pasó en ese encuentro? Veamos. Un operario terapéutico (que prefirió resguardar su identidad) expresó a Los Andes que no hubo ninguna propuesta formal por parte del Gobierno. Es decir, que si bien estuvieron presentes y escucharon sus pedidos, no presentaron ningún escrito. "Fue sólo de palabra", acotó la fuente consultada.
Desde el Estado, sin embargo, aseguraron haber llevado una propuesta concreta a dicha asamblea. "Lo que nosotros llevamos contemplaba todos los puntos que los trabajadores habían demandado. Los dos principales tienen que ver con (restablecer) las normas de convivencia y determinar cómo será el funcionamiento a partir de ahora", expresó Andrés Nicosia, director de Asuntos Legales del Ministerio de Desarrollo Social.
El funcionario, que es abogado, explicó que para "normalizar" la situación lo primero que harán será ir sacando personal penitenciario para que los operarios vayan volviendo al desempeño ordinario de sus funciones. Pero, para eso, los empleados del ex Cose deben primero levantar el paro. Decisión esta que, según dijeron ambas partes, se conocerá hoy. Es que a las ocho de la mañana habrá una nueva reunión, en la que el personal de la institución dará a conocer su respuesta a la propuesta del Estado provincial.
"Para que todo vuelva a funcionar, la prioridad es que los empleados se reincorporen primero en el llamado sector de admisión (en donde están los adolescentes con delitos de menor gravedad).
Luego se irán incorporando los del sector C, E y, finalmente, los del B (pabellón de máxima seguridad). Sin embargo, se resolvió que en este último continuará trabajando personal penitenciario por lo menos por un año, mientras se prepara un cuerpo especial", enfatizó Nicosia en referencia al compromiso del gobierno recientemente anunciado. Es que durante 10 meses capacitarán a personas que cumplirán la función específica de "actuar" ante situaciones de crisis y enfrentamientos. Como, por ejemplo, un motín.
En tanto, luego de la revuelta el Ministerio de Seguridad informó que harían una convocatoria para que ingresen más operadores. "Incluso ya antes del motín se había pedido más personal. El objetivo es fortalecer primero las áreas en las que hay mayor déficit de efectivos. Por ejemplo la de admisión", subrayó Rubén Contreras, director del SRPJ. El llamado comenzó el domingo a través de los medios gráficos. Buscan incorporar a 24 operadores.
"Actualmente se trabaja con 2 operadores por guardia. Cuando, en verdad, debería haber 6 ó 7. Es decir, que con los 24 nuevos alcanzaría para empezar, pero no sería suficiente. Otro reclamo es que los asistentes sociales y psicólogos estén en forma permanente con nosotros", dijo el operador de la institución consultado.
