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El presidente de México, Enrique Peña Nieto, recibió hoy por primera vez a familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, cada vez más desesperados por la falta de información sobre los jóvenes desde hace más de un mes.
Entre tanto, más de 2.000 policías y militares seguían la búsqueda de los jóvenes por tierra, agua y aire en el estado de Guerrero (sur), incluido el rastreo con lanchas y buzos en ríos de la zona.
A la reunión con Peña Nieto asisten más de un centenar de familiares y autoridades como el nuevo gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega -un reputado académico de izquierda-, y el fiscal federal Jesús Murillo Karam.
Peña Nieto, presionado en México y el exterior con reclamos de organismos como la ONU, ha insistido casi a diario en su compromiso de esclarecer este crimen, que ha destapado una trama de complicidades entre el narcotráfico, policías y autoridades de Guerrero, una de las regiones más pobres del país.
Los padres exigen a las autoridades que encuentren con vida a los 43 jóvenes cuyo paradero se desconoce desde la noche del 26 de septiembre, cuando fueron víctimas de ataques por parte de policías de la ciudad de Iguala y sicarios del cártel local Guerreros Unidos que dejaron seis muertos.
La fiscalía cree que los policías entregaron después a los 43 desaparecidos a los Guerreros Unidos y teme, por declaraciones de detenidos, que pudieron ser asesinados y enterrados.
Los familiares se niegan a creer que los jóvenes están muertos y también han mostrado su indignación por algunas versiones que relacionan a los desaparecidos con grupos armados, incluido el cártel local Los Rojos, enemigo de Guerreros Unidos, sobre las cuales no se han pronunciado las autoridades.
Los padres creen que se trata de un intento de criminalizar a sus hijos, quienes estudian para convertirse en maestros en una escuela rural de magisterio de Ayotzinapa (Guerrero) conocida por su ideología izquierdista y su beligerancia política.
Busqueda en los ríos
Mientras agentes federales rastreaban con lanchas y buzos en ríos de Guerrero, la fiscalía general acordonó una zona de la localidad de Cocula, vecina de Iguala, a la que arribó un grupo de peritos. Ninguna autoridad ha informado de posibles resultados de los rastreos.
Un funcionario del gobierno federal dijo que los recorridos del miércoles tratan de verificar unas declaraciones efectuadas desde prisión por el supuesto líder de Guerreros Unidos, Sidonio Casarrubias.
Casarrubias, capturado el 16 de octubre, declaró que integrantes de su grupo habrían arrojado después de los ataques bolsas con restos humanos calcinados en ríos de la zona, dijo la fuente.
Anteriormente, la fiscalía había informado que Casarrubias dijo que esa noche un lugarteniente le informó de la presencia en Iguala de miembros de un grupo narcotraficante rival y que él "avaló" acciones en "defensa de su territorio".
Mientras tanto sigue también la búsqueda de pistas de los jóvenes en el apartado basurero de Cocula donde el lunes se encontraron restos óseos, aunque la fiscalía no ha confirmado si son de seres humanos.
Nuevo alcalde de Iguala
Además de la localización de los jóvenes, el gran objetivo de las investigaciones es la captura de José Luis Abarca, quien era alcalde de Iguala y fue revocado, y de su esposa, María de los Ángeles Pineda, hermana de narcotraficantes.
La fiscalía asegura que ambos estaban al servicio de Guerreros Unidos y ha acusado al alcalde de ordenar reprimir a los estudiantes porque pensaba que iban a sabotear un evento público de su esposa.
Este miércoles, Luis Mazón, suplente de Abarca, fue nombrado nuevo alcalde de Iguala, una ciudad de 140.000 habitantes situada a solo 200 km de Ciudad de México.
La ceremonia no pudo celebrarse en la sede de la alcaldía, parcialmente incendiada hace una semana por manifestantes.
El nuevo edil es hermano de Lázaro Mazón, quien tuvo que renunciar hace dos semanas como secretario de Salud de Guerrero por su relación personal y política con el prófugo Abarca.
