La noticia, lamentable por cierto, provocó sorpresa primero, alarma después y preocupación en gran parte de la ciudadanía. Una niña de sólo dos años murió luego de sufrir un percance en una plaza de Santa Rosa. Según la madre de la pequeña, la niña jugaba en el lugar hasta que se subió a una columna de alumbrado, donde recibió una descarga eléctrica que le provocó una caída, golpeando su cabeza con el suelo. Ante la seriedad del caso, desde la comuna prefirieron esperar hasta recibir los resultados de una necropsia para determinar qué fue lo que produjo la muerte y recién allí harían las aclaraciones pertinentes. Conocidos los resultados, se planteó la discusión, en algunos casos política, entre el Concejo Deliberante y el Ejecutivo comunal.
No es del caso establecer aquí qué fue lo que ocurrió ni en qué circunstancias se produjo el hecho. Mucho menos determinar culpabilidades, porque será la Justicia la que deba decidir sobre el tema. Pero sí podemos señalar que hay aspectos que son necesarios revisar en muchas de las plazas y paseos públicos no sólo en Santa Rosa, sino en todos los departamentos a lo largo y a lo ancho de la provincia, incluyendo en ellos a los departamentos del Gran Mendoza.
Debemos partir de la base de que tanto las municipalidades, como los distintos organismos del Estado y particulares, son cada vez más exigentes en lo que a medidas de seguridad se refiere, a la hora de autorizar la construcción de viviendas. Exigencias que son bienvenidas porque muchas veces sirven para salvar vidas, como la obligatoriedad de instalar disyuntores u otros elementos que cortan la corriente eléctrica en caso de accidentes, por señalar sólo uno de los ejemplos.
Sin embargo, hay circunstancias en que uno toma conocimiento de que ese tipo de obligaciones no se cumplen en los casos de algunas plazas públicas que no cuentan con disyuntores a pesar de la gran cantidad de gente que circula por el lugar y chicos jugando en las inmediaciones de las columnas de alumbrado.
En el caso de Santa Rosa la situación se complica cuando se toma conocimiento que el Concejo Deliberante había advertido, a fines de mayo, sobre la necesidad de reacondicionar algunas plazas y paseos y, entre las que se mencionan como prioridad, la del distrito 12 de Octubre, donde murió la pequeña. Uno de los denunciantes es el ex intendente departamental, Antonio Ponce, quien aseguró que "recién ahora (después del incidente) salen a arreglar algunos problemas graves, como los cables al descubierto". Y si bien la ordenanza pedía la restauración de todas las plazas y paseos, se fijaban prioridades, mientras desde el Ejecutivo se asegura que los relevamientos son permanentes para cambiar farolas y restaurar los paseos, aunque llamativamente admite que desconoce si en todas ellas existen disyuntores o blindajes de algún tipo contra descargas eléctricas. De hecho, se indica, la plaza donde murió la niña no tenía disyuntor. De todos modos, el ejecutivo aplicó medidas contra el delegado municipal de la zona.
Otro de los aspectos que hay que considerar, que fue denunciado en Santa Rosa pero que se repite lamentablemente en otros lugares son los casos de vandalismo generados por inadaptados que proceden a la rotura y robo de farolas y bancos, lo que obligaría también a los funcionarios municipales a reforzar el control por parte de personal de seguridad.
Resulta preocupante y hasta lamentable plantear este tipo de situaciones una vez que los hechos hayan ocurrido, como sucedió con la pequeña. Pero también es necesario advertir que, como en el caso de la salud, la seguridad debe priorizar la prevención. Y así como los organismos -estatales y privados- son estrictos cuando deben autorizar construcciones particulares, también deben serlo cuando el responsable es el Estado o las municipalidades.
